Después de cinco años como alcalde, en 2021 Andrés Zarhi dejó el sillón municipal de Ñuñoa. Tras la llegada de la ahora también exalcaldesa Emilia Ríos (FA), Zarhi fue cuestionado por su sucesora por su gestión en la comuna del sector oriente. Pero la situación no quedó solo en emplazamientos políticos, e incluso terminó en tribunales tras una denuncia penal de la ahora subsecretaria del Deporte.

En febrero de 2024, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al histórico rostro de Renovación Nacional –ahora independiente– por fraude al Fisco. A un año y tres meses de aquello, la indagatoria a cargo de la fiscal Mitzy Henríquez concluyó y la persecutora presentó la acusación en la que pide hasta 10 años de cárcel en contra de la exautoridad.

Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Henríquez ingresó a finales de mayo el escrito de 21 páginas donde detalla los ilícitos ocurridos al interior de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y por los que llevará a juicio a Zarhi y a otros tres imputados. Todos acusados de haber alcanzado contratos laborales fuera de norma y que habrían generado perjuicio fiscal.

Junto con el exalcalde, también se enjuiciará a Roberto Stern, exdirector del Cesfam Rosita Renard; a José Palma, exsecretario de la Corporación, y a Ludwig Bornard, exdirector jurídico del organismo.

La acusación

Al asumir como alcalde en 2015, Andrés Zarhi también comenzó a ocupar el cargo de presidente de la Corporación de Ñuñoa. Según la Fiscalía, en ese cargo la otrora máxima autoridad comunal “suscribió y permitió que se suscribieran contratos y anexos de contratos de los Directivos de dicha Corporación, que contenían cláusulas abusivas relativas a la concesión de indemnizaciones a todo evento y sin tope legal“.

En concreto, se trata de los contratos de cinco funcionarios, quienes se habrían beneficiado al término de estos. Uno de estos casos es el del propio Palma, quien tenía una cláusula de indemnización “a todo evento y sin tope legal” de los últimos seis sueldos, algo que se repetía en el resto de los casos y que involucra a trabajadores de educación, cultura y de la propia administración del organismo.

En la acusación en contra de Zarhi, la fiscal Henríquez afirma que “las referidas cláusulas indemnizatorias superaban los límites legales y fueron suscritas sin las facultades suficientes, y contraviniendo en forma abusiva los deberes propios de su cargo en cuanto a resguardar el patrimonio de la Corporación, en cuanto le generó un pasivo ascendente a la suma de $190.465.530″.

Pero además de eso la Fiscalía Oriente también le imputa al exalcalde haber suscrito un finiquito por $44 millones con Palma. El exsecretario –que fue desvinculado tiempo antes de que asumiera la alcaldesa Ríos– recibió un pago abultado, dado que se le pagaron 108 días feriados cuando le correspondían 37. Esa desvinculación, afirma la Fiscalía, generó un perjuicio a la Corporación de Ñuñoa de $27.653.818 millones.

Durante la investigación, y pese a que inicialmente el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno en contra de Zarhi, en junio del año pasado se modificaron sus medidas cautelares y se decretó, únicamente, la firma quincenal en contra del periodista.

Los delitos y penas

En total, por los contratos “abusivos” alcanzados por la corporación encabezada por Zarhi, el ente persecutor le imputa cinco delitos de fraude al Fisco en calidad de frustrados. Mientras que, por la desvinculación de Palma, uno por la misma figura legal, pero consumado.

En cuanto a las penas solicitadas por la Fiscalía, en el caso del exalcalde, pide “05 penas de 541 días de presidio menor en grado medio y una pena de 3 años y un día de presidio menor en grado máximo, más accesorias legales y costas de la causa”. En total, 10 años y cinco meses de presidio.

Si bien los 10 años de presidio es la sumatoria de todos los delitos pedidos por el ente persecutor, desde el Ministerio Público y abogados de la plaza consultados explican que la manera de resolver la forma de aplicar una condena estará en manos del tribunal, dado que podría considerar las “cinco penas de 541 días” de manera individual y sumadas, o bien subir un grado de uno de los delitos y consigo lograr una pena efectiva, es decir, desde cinco años y un día de cárcel.

Para el juicio la Fiscalía presentó 11 testigos, entre los que se encuentra la ahora subsecretaria del Deporte y exalcaldesa Emilia Ríos; además de 61 documentos como prueba y de ocho evidencias materiales.

Tras presentada la acusación, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como una defensa han pedido la reapertura de la investigación. El tribunal fijó para el próximo 12 de junio una audiencia para discutir aquello.