Los hechos base de la denominada trama bielorrusa -según ha señalado el Ministerio Público en distintas oportunidades- son que existieron una serie de pagos de parte de los abogados del Consorcio Belaz Movitec (CBM) -Eduardo Lagos y Mario Vargas- a la exministra Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para favorecer los intereses de la empresa en un millonario litigio con Codelco.

Como se ha descrito, los penalistas habrían sobornado a la exjueza, pagándole al menos $70 millones, para que CBM saliera victoriosa.

Pero un segundo punto de la imputación del Ministerio Público dice relación con el lavado de dichos fondos, pues provenían de actos que los fiscales han catalogado como ilegales. Para sustentar esa hipótesis, según se ha mencionado, los imputados habrían utilizado sus vínculos con dos conservadores de bienes raíces, Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes eran cercanos a los imputados. Estos dos últimos fueron formalizados la jornada de este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al igual que Harold Pizarro, el propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada.

Gracias a las gestiones que estos tres imputados habrían realizado, es que, a juicio de la Fiscalía, Vargas, Lagos, Migueles y Vivanco habrían introducido al sistema formal las platas obtenidas de manera ilícita.

Si bien durante la audiencia el fiscal Marcos Muñoz entregó detalles respecto de la serie de transacciones que realizaron para blanquear dineros, un elemento que llamó especialmente la atención -y que incluso sorprendió a algunos querellantes- fue que confirmó que estos tres protagonistas secundarios de la trama bielorrusa suscribieron convenios de cooperación eficaz.

Eso ha significado, de acuerdo con lo expuesto por el persecutor que, por ejemplo, Yáber ha declarado dos veces entregando antecedentes respecto de la fórmula de contratación de Migueles, los dineros que le entregaba y otros antecedentes.

Najle, sostuvo el fiscal, ha declarado en tres oportunidades precisando cuestiones similares, entregando copia de su correo electrónico y detallando sobre los nexos con el resto de los imputados. Respecto de Pizarro, en tanto, la Fiscalía señaló que también ha declarado en una serie de oportunidades, reconociendo las ocasiones en que entregó divisas extranjeras o montos en pesos chilenos a los imputados en la trama bielorrusa.

El punto, como expresó el persecutor Muñoz, no es menor pues aun cuando la Fiscalía ya había sido capaz de establecer la trazabilidad de los dineros -a través de la colaboración que Yáber, Najle y Pizarro han entregado- pudieron ir chequeando puntos y reafirmando la teoría del caso.

De hecho, esa fue una de las razones que llevaron al Ministerio Público a requerir medidas cautelares menos gravosas respecto de ellos. La Fiscalía pidió arresto domiciliario parcial tanto para Najle como para Pizarro, y arresto total para Yáber.

Al cierre de esta edición, de todas formas, el tribunal mantenía el debate respecto de las cautelares que deberán cumplir.

Pagos y lavado

En la formalización, el fiscal dio cuenta de las diferentes transacciones que derivaron en los presuntos pagos recibidos por Migueles tras los fallos que favoreció al consorcio bielorruso CBM.

Según lo manifestado por el fiscal Muñoz, el rastro del dinero habría comenzado con el pago de la empresa Movitec Vargas y Lagos en concepto de honorarios tras el juicio que favoreció a la empresa bielorrusa. Vargas y Lagos -a través de su sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas Limitada- recibieron $198 millones.

Tras esto, los abogados habrían retribuido a Vivanco por su fallo contra Codelco a través de Pizarro, propietario de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Lagos giró un cheque a nombre del hijo de Pizarro por $70 millones. Luego, este se lo entregó a su padre, quien lo convirtió en dólares “sin dejar registro alguno ni reportar esta operación”, según mencionó el fiscal.

Todo esto, afirmó el persecutor Muñoz, con el objetivo de “ocultar la operación e impedir que se conozca la entrega de dinero a la pareja de la ministra Angela Vivanco, Gonzalo Migueles”.

Posteriormente, el lunes 18 de diciembre de 2023, Migueles concurrió a las oficinas de Lagos y Vargas. Allí según el relato de la Fiscalía, recibió US$14 mil para él y Vivanco, con los cuales financió “gastos en Chile y viajes efectuados en conjunto a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y posteriormente un viaje de vacaciones a Brasil”.

Esta triangulación de capital entre Lagos, Pizarro y Migueles habría continuado tras ese primer pago. Según el Ministerio Público, instruido por el abogado, el 9 de febrero de 2024 Pizarro entregó US$10 mil por intermedio de un dependiente de su casa de cambio a Migueles, un pago que hasta ahora se desconocía.

Asimismo, también se detalló que el 17 de julio de 2024, Migueles condujo a la oficina de Yáber, a quien le entregó US$ 47 mil. Yáber, posteriormente, realizó diversas transferencias a la pareja de Vivanco y a Najle. Este último, a petición de Yáber, reenvió parte de los fondos suministrados anteriormente a Migueles.