Nacional

Fiscalía revela que Yáber y Najle son sus informantes clave para probar el mecanismo de lavado en la trama bielorrusa

Durante la jornada se estableció que los conservadores y Harold Pizarro suscribieron convenios de cooperación eficaz con el Ministerio Público. Por ello consiguieron medidas cautelares menos intensas, quedando bajo arresto domiciliario total.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Los hechos base de la denominada trama bielorrusa -según ha señalado el Ministerio Público en distintas oportunidades- son que existieron pagos de parte de los abogados del Consorcio Belaz Movitec (CBM) -Eduardo Lagos y Mario Vargas- a la exministra Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para favorecer los intereses de la empresa en un millonario litigio con Codelco.

Como se ha descrito, los penalistas habrían sobornado a la exjueza, pagándole al menos $ 90 millones para que CBM saliera victorioso.

Pero un segundo punto de la imputación del Ministerio Público dice relación con el lavado de dichos fondos, pues provenían de actos que los fiscales han catalogado como ilegales. Para sustentar esa hipótesis, según se ha mencionado, los imputados habrían utilizado sus vínculos con dos conservadores de bienes raíces, Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes eran cercanos a los imputados. Estos dos últimos fueron formalizados la jornada de este miércoles ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al igual que Harold Pizarro, el propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada.

Gracias a las gestiones que estos tres imputados es que, a juicio de la Fiscalía, Vargas, Lagos, Migueles y Vivanco habrían introducido al sistema formal las platas obtenidas de manera ilícita.

Y si bien durante la audiencia el fiscal Marcos Muñoz entregó detalles respecto de la serie de transacciones que realizaron para blanquear dineros, un elemento que llamó especialmente la atención -y que incluso sorprendió a algunos querellantes, pues no estaban en conocimiento de ello- fue que confirmó que estos tres protagonistas secundarios de la trama bielorrusa suscribieron convenios de cooperación eficaz.

Eso ha significado, de acuerdo con lo expuesto por el persecutor que, por ejemplo, Yáber ha declarado dos veces entregando antecedentes respecto de la fórmula de contratación de Migueles, los dineros que le entregaba y otros antecedentes.

Najle, sostuvo el fiscal, ha declarado en tres oportunidades precisando cuestiones similares, entregando copia de su correo electrónico y detallando sobre los nexos con el resto de los imputados. Respecto de Pizarro, en tanto, la Fiscalía señaló que prestó declaración en cuatro ocasiones, reconociendo que entregó divisas extranjeras o montos en pesos chilenos a los imputados en la trama bielorrusa.

El punto, como expresó el persecutor Muñoz, no es menor, pues aun cuando la Fiscalía ya había sido capaz de establecer la trazabilidad de los dineros -a través de la colaboración de Yáber, Najle y Pizarro-, pudieron ir chequeando puntos y reafirmando la teoría del caso.

De hecho, esa fue una de las razones que llevaron al Ministerio Público a requerir medidas cautelares menos gravosas respecto de ellos. La Fiscalía pidió arresto domiciliario parcial tanto para Najle como para Pizarro, y arresto total para Yáber.

Tras ponderar los elementos y escuchar la postura de los querellantes, el juez decretó el arresto domiciliario total de los tres imputados, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos.

La colaboración

Consultado respecto de la información proporcionada por los tres imputados formalizados durante la jornada, Muñoz precisó que “han prestado declaración en reiteradas oportunidades, lo que nos ha permitido ir reconstruyendo la historia desde dentro a fin de establecer la dinámica de pagos que existía en este tipo de sobornos”.

“Tal cual lo dispone la ley, en el caso de aquellas personas que pudiendo ejercer su derecho a guardar silencio deciden prestar colaboración con la investigación, proporcionando información útil, verificable y verídica, es que hemos pedido medidas cautelares proporcionales para la probable sanción que arriesgan en este caso, sin desconocer la gravedad que revisten los hechos investigados, el carácter de los delitos. En este caso, esta información sí ha sido útil y nos ha permitido ir construyendo una línea de investigación seria con antecedentes verificables para esclarecer los hechos”, afirmó el persecutor.

De hecho entre los datos aportados por Najle está un correo que envió Vivanco y que contenía el contrato -supuestamente redactado por ella- que sellaba el vínculo laboral entre Migueles y el Conservador de Bienes Raíces de Chillán, lo que sería una prueba de que la exministra estaba en conocimiento de los pasos de su pareja.

Harold Pizarro, en tanto, fue quien permitió develar dos pagos que habría recibido la pareja Vivanco-Migueles que no estaban en el radar del Ministerio Público, consistentes en dos entregas de US$ 10 mil en febrero de 2024. Con ello, el monto de los sobornos que habría recibido la exjueza superarían, de acuerdo con los cálculos del Ministerio Público, los $ 90 millones.

Respecto del aporte que ha realizado Najle, su abogado, Pelayo Vial, sostuvo que “desde el inicio de la investigación señaló la verdad sobre los hechos y ha ido colaborando y entregando antecedentes que han permitido imputar nuevos hechos a nuevas personas, porque la participación de don Yamil es totalmente accesoria”.

Vial precisó que Najle “no tenía ningún conocimiento respecto del origen de los fondos que recepcionó. No tenía ninguna relación con ello, no tenía idea de dónde provenían estos fondos. Por lo tanto, vamos a tener que entregar nuevos antecedentes”.

El exfiscal Emiliano Arias, defensor de Pizarro, detalló que el acuerdo suscrito responde a que su representado, desde sus primeras declaraciones -que entregó sin contar aun con defensa-, ha buscado colaborar y transparentar antecedentes.

“Eso le ha servido al Ministerio Público para acreditar, por ejemplo, presupuestos para la prisión preventiva de los imputados que se encuentran privados de libertad. Cuando tomamos la defensa, para esclarecer que no hay participación de Harold Pizarro, fuimos entregando más antecedentes y han sido de tal entidad que se suscribió este convenio de cooperación eficaz”, sostuvo el penalista.

Por su parte, Marcelo Hadwa, abogado de Yáber, recalcó que su representado ha contribuido “desde el inicio al esclarecimiento de los hechos”. Junto con ello, precisó que “tras la formalización, la defensa podrá aportar antecedentes que confirman la inexistencia del delito investigado. Reiteramos de manera categórica la total inocencia de don Sergio Yáber”.

La dificultad con la que se encontraron las tres defensas, eso sí, fue que los acuerdos en cuestión no estaban en conocimiento de los querellantes, por lo que ellos solicitaron no sólo arrestos parciales, sino que totales. Eso, para algunas de las defensas, significó un punto que los desanima a seguir colaborando, ya que pese a que dicen haber puesto de su parte, no estarían recibiendo lo acordado. Con todo, las tres partes se mostraron dispuestas a seguir por la senda de la colaboración.

Pagos y lavado

En la formalización, el fiscal dio cuenta de las diferentes transacciones que derivaron en los presuntos pagos recibidos por Migueles tras los fallos que favorecieron al consorcio bielorruso CBM.

Según lo manifestado por el fiscal Muñoz, el rastro del dinero habría comenzado con el pago de la empresa Movitec a Vargas y Lagos por concepto de honorarios tras el juicio que favoreció a la empresa bielorrusa. Vargas y Lagos -a través de su sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Jurídicas Limitada- recibieron $ 198 millones.

Tras esto, los abogados habrían retribuido a Vivanco por su fallo contra Codelco a través de Pizarro, propietario de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Lagos giró un cheque a nombre del hijo de Pizarro por $ 70 millones. Luego este se lo entregó a su padre, quien lo convirtió en dólares “sin dejar registro alguno ni reportar esta operación”, según mencionó el fiscal.

Todo esto, afirmó el persecutor Muñoz, con el objetivo de “ocultar la operación e impedir que se conozca la entrega de dinero a la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles”.

Entre las transacciones detalladas, también se hizo presente que el lunes 18 de diciembre de 2023, Migueles concurrió a las oficinas de Lagos y Vargas. Allí, según el relato de la Fiscalía, recibió US$ 14 mil para él y Vivanco, con los cuales financió “gastos en Chile y viajes efectuados en conjunto a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y posteriormente un viaje de vacaciones a Brasil”.

Esta triangulación de capital entre Lagos, Pizarro y Migueles habría continuado tras ese primer pago. Según el Ministerio Público, instruido por el abogado, el 9 de febrero de 2024 Pizarro entregó US$ 10 mil por intermedio de un dependiente de su casa de cambio a Migueles, un pago que hasta ahora se desconocía.

Asimismo, también se detalló que el 17 de julio de 2024 Migueles llegó hasta la oficina de Yáber, a quien le entregó US$ 47 mil. Yáber, posteriormente, realizó diversas transferencias a la pareja de Vivanco y a Najle. Este último, a petición de Yáber, reenvió parte de los fondos suministrados anteriormente a Migueles.

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