El ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), junto con la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, siguen haciendo los últimos ajustes a sus equipos.

El último movimiento de piezas en el ministerio de Teatinos 220 se hizo para definir la fórmula con la que esta cartera enfrentará todas las causas en las que el gobierno actuará como querellante.

La administración pasada de la exministra Trinidad Steinert había optado por un diseño poco convencional. La exfiscal no dejó que la División Jurídica se hiciera cargo de las causas penales en que el gobierno actúa como querellante y por lo mismo despidió a varios de esos abogados. Su opción fue contratar abogados para su propio gabinete y que fueran ellos, bajo su supervisión, los que actuaran como litigantes.

Su camino terminó en un rotundo fracaso. Al punto de que Steinert cometió errores graves, como pretender querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado sin tener las facultades para eso. Un intento que terminó con un fuerte portazo de la Corte de Valdivia en el marco del caso por agresiones a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao.

Arrau y Giannini quieren dejar atrás y sepultar por siempre ese historial de fracasos. Para eso optaron por irse a la segura con nombres de larga experiencia. Así fue como la fórmula escogida finalmente decantó en una dupla de abogados que tendrá la misión de coordinar las querellas a nivel nacional, pero también con un foco especial en la Macrozona Sur.

Como jefe del Departamento Judicial del Ministerio de Seguridad, el gobierno fichó al penalista Carlos Flores. Su llegada hace algunas semanas -informada en su momento por Mega- implicó el retorno de un viejo conocido en este tipo de labores.

Flores conoce el trabajo de la División Jurídica de Interior desde que llegó en el año 2004 bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

En ese momento el Ministerio de Seguridad no existía y Flores se quedó ejerciendo su función durante varios gobiernos. Pero su larga carrera llegó a su fin cuando el gobierno del expresidente Gabriel Boric lo despidió. Una jugada que fue vista como una diferencia por el rol que había tenido en lo que fue la política penal del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el marco de las querellas por los hechos vinculados al estallido social.

En Seguridad destacan el hecho de que Flores haya tramitado más de 904 causas penales. Junto con eso, valoran que “se haya hecho cargo de estrategias judiciales en casos de alta complejidad, terrorismo, crimen organizado y violencia rural”.

En su historial registra haber sido un actor clave en la creación del programa Estadio Seguro. También, desde su pasado rol en gobiernos anteriores, litigó casos de bombas en la Región Metropolitana consiguiendo, por ejemplo, condenas en el caso del Subcentro de Escuela Militar.

El coordinador en la Macrozona Sur

Flores no estará solo. A él se sumará otro viejo abogado conocido en los pasillos de lo que antes era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Se trata del abogado Sergio Arévalo. El penalista hará dupla con Flores, pero en su caso estará enfocado en coordinar toda la estrategia penal y judicial del gobierno en la Macrozona Sur. Una función que adquiere especial relevancia considerando los planes del gobierno, a mediano plazo, de iniciar una desescalada en el estado de excepción que hay en la zona hace ya más de cuatro años.

Arévalo, al igual que Flores, también fue despedido de Interior durante el gobierno de Boric. En su caso, la desvinculación fue ordenada por la exministra del Interior Izkia Siches y el exsubsecretario Manuel Monsalve.

De hecho Arévalo demandó al Estado por su despido, en una demanda laboral que acaba de ganar en un fallo dictado por la jueza Marta Álvarez, del Juzgado de Letras de Temuco.

Arévalo, quien fue fiscal del Ministerio Público entre 2004 y 2015, tendrá la misión de litigar las causas en que el gobierno es querellante. Un asunto clave porque la zona que estará a su cargo está marcada por la violencia rural y los violentos ataques registrados, con alto poder de juego, en la zona del conflicto del Estado con el pueblo mapuche.

Para Arévalo este será terreno conocido. Ya en el gobierno del expresidente Piñera estuvo a cargo de la coordinación judicial de la Macrozona Sur. Desde ahí tuvo participación en querellas como caso Catrillanca, Nain Retamal o el del inspector de la PDI fallecido en Temucuicui.

Desde el equipo de Giannini comentaron que la incorporación de ambos abogados se enmarca dentro de la “postura proactiva y ofensiva” que ha tomado la Subsecretaría de Seguridad Pública en el combate contra el crimen organizado. Por eso destacan la relevancia de haber “fortalecido el equipo jurídico nacional”.

“Esta incorporación de expertos de alto nivel responde a la firme determinación institucional de ejercer querellas y acciones judiciales o cualquier otra instancia que requiera, esto con rigor y eficacia frente a cualquier ilícito”, añaden desde la subsecretaría que lidera Giannini.