Por Javiera ArriazaCaso Vitacura: tribunal condena a Antonia Larraín a cinco años de presidio y multa de 48 millones de pesos
La funcionaria, no obstante, cumplirá la pena bajo libertad vigilada y también quedó inhabilitada por 10 años para ejercer cargos y oficios públicos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cinco años de libertad vigilada y al pago de una multa de más de $48 millones a Antonia Larraín, imputada en el caso de corrupción de la Municipalidad de Vitacura.
En contexto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llevó a cabo una investigación donde comprobaron que Larraín era la encargada de entregar sobres con dinero en efectivo al exalcalde Raúl Torrealba (ex-RN), mientras ejercía ese cargo.
A la exdirectora (s) de Desarrollo Social de esa comuna se le imputó en esta causa delitos de fraude al Fisco de manera reiterada, y llegó a un acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público para obtener un juicio abreviado.
En esa línea, el tribunal dictó condena en contra de Larraín decretando cinco años de presidio y la aplicación de una multa de 698 UTM ($48,54 millones aproximadamente) e inhabilitación por 10 años para cargos y oficios públicos, algo que habían adelantado desde Fiscalía.
Sin embargo, el juzgado acogió lo solicitado por defensa en cuanto a aplicar pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. En la audiencia intervino la fiscal Alicia Ascencio de la Fiscalía Regional Centro Norte.
Los otros imputados en la causa
En la investigación, hay otros imputados que han llevado un juicio abreviado, como lo son los dos excontadores de la municipalidad Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes recibieron penas de presidio de tres años, y el pago de multas que parten en los $16 millones.
Mientras que una pena similar recibió el exdirector de Desarrollo Comunitario del municipio, Renato Sepúlveda, también involucrado en la trama de corrupción. Para Sepúlveda se dictó una condena de cinco años de libertad vigilada.
Sin embargo, para el exalcalde Torrealba no correrá la posibilidad de un proceso judicial abreviado, dado que se le acusa de liderar la organización que defraudó en $761 millones al municipio.
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