La Asociación de Trabajadores Parlamentarios de la Cámara de Diputados denunció la vulneración de derechos laborales en el marco del proceso de despidos ad portas del fin del ciclo parlamentario 2022-2026.

La denuncia surge a partir de la falta de unanimidad en la Sala para votar un proyecto de ley que busca regular sus mecanismos de desvinculación y acceso a derechos básicos, y que lleva un año de tramitación legislativa.

El presidente de la Asociación, Bastián Espinosa, recalcó que durante el periodo legislativo se buscó, por ejemplo, realizar modificaciones legales para que se establezca fuero maternal.

​“Logramos un acuerdo y lamentablemente no pudimos tener la unanimidad para tramitar este proyecto. Hoy día, más de 1.400 funcionarios de parlamentarios y parlamentarias se van a quedar sin poder cobrar su seguro de cesantía”, señaló.

A pesar de que el proyecto haya sido aprobado en la Comisión de Trabajo de forma unánime, su tramitación quedó pausada tras no obtener el consenso necesario para su votación inmediata. Esto luego de cuatro intentos fallidos de solicitar la unanimidad en sala.

Los trabajadores parlamentarios enfrentan una particular realidad contractual al no regirse bajo el Código de Trabajo ni ser considerados funcionarios públicos. Esta situación ha generado dificultades para cobrar el seguro de cesantía al término de los periodos parlamentarios y causado objeciones constantes en notarías por la tramitación de finiquitos.

Según el timonel de la asociación, las trabajadoras que se encuentran en periodo de pre y postnatal han sido el grupo más afectado por esta situación, pues, a su juico, el vacío legal actual permitirá que sean desvinculadas sin indemnización.

​“Es inaceptable que, después de cuatro años de trabajo, se nos deje para el final de la tabla. Mis colegas embarazadas se irán a sus casas con los bolsillos vacíos este 11 de marzo si no se actúa ahora”, señaló Espinosa.