Gastos de las municipalidades tras la crisis social

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, sostiene que los daños en mobiliario ascienden a $ 3.500 millones por las violentas y permanentes protestas ocurridas en las plazas Bicentenario, Sotomayor y avenidas como Argentina, donde han debido invertir en la reposición de papeleros, semáforos, letreros de tránsito y alumbrado público. Añade que a esto se suman los perjuicios causados por personas que sacan y destruyen los adoquines en las plazas, las veredas, las bancas y otros espacios públicos.

Parte de los recursos fueron asumidos por la municipalidad pero, según Rojo, espera la ayuda de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. "Vamos a tener que dejar de lado proyectos barriales, como multicanchas o parques, para poder cubrir inversiones por la destrucción que ha habido", precisa la autoridad. El municipio también ha debido gastar en otros ítems, como 400 cajas de alimentos para personas afectadas por la crisis social, al quedar sin empleo o en situación de pobreza.

Rojo también plantea que la municipalidad pidió al Ministerio de Bienes Nacionales "la aprobación de un predio para la construcción de un proyecto habitacional en la ciudad, porque la crisis por la vivienda es fuerte en Antofagasta. Va a continuar el descontento social si no damos una solución".

Tras el estallido, Valparaíso ha sido escenario de constantes enfrentamientos y saqueos que afectaron el mobiliario público y el comercio del centro de la ciudad. El alcalde, Jorge Sharp, explica que se ajustó el presupuesto, por lo que se aprobaron $ 250 millones destinados a recuperar los barrios dañados: el eje Bellavista, el entorno del Mercado Cardonal, las avenidas Francia, Brasil y Argentina, y las calles Victoria y Uruguay. Allí se repavimentará, repondrá señaléticas y luminarias, se soterrarán tendidos eléctricos y se renovará el mobiliario.

El edil también señala que se aprobó una ordenanza que exime del pago de derechos de aseo y otros impuestos a un sector del comercio. El jefe comunal agrega que se implementará un plan de seguridad en los barrios comerciales y residenciales afectados. "Todo esto supone una voluntad clara de facilitar la labor del comercio", dice Sharp.

Las medidas fueron valoradas por los comerciantes. El presidente de la Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso, Víctor Ramírez, asegura que "es positivo destinar recursos para la reactivación", aunque añadió que "primero tenemos que invertir en seguridad, porque de lo contrario no podremos trabajar bien".

Otra medida que ha tomado el municipio se refiere a abrir el renovado Mercado Puerto con nuevos puestos para vendedores, lo que genera empleo.

De acuerdo con el último informe entregado por la Municipalidad de Providencia, los daños en el espacio público han tenido un costo de poco más de $ 1.200 millones, gastos que se concentran principalmente en alumbrado público, áreas verdes, papeleros, monumentos y mobiliario vandalizado en forma permanente.

La alcaldesa, Evelyn Matthei, explica que la reparación del espacio público se hará con recursos propios: "Dejamos de hacer otras inversiones. Se pensaba reparar las veredas, pero no se podrá hacer porque dura muy poco". También añade que espera recibir recursos del Gobierno Regional para enfrentar los gastos que ha implicado este escenario.

La jefa comunal sostiene además que es complejo hacer inversiones en un período en que aún hay permanentes protestas en distintos puntos de la comuna. Da como ejemplo el Café Literario del Parque Bustamante, el que había comenzado a ser restaurado, pero que a los pocos días ya tenía los vidrios quebrados y estaba grafiteado.

Gastos tan diversos como arriendo de buses, nueva señalética e incluso alimentos ha tenido La Florida tras el 18 de octubre. El alcalde Rodolfo Carter cuenta que debieron invertir en transporte de emergencia: se arrendaron buses para los vecinos por la falta de la red de Metro, a un costo de $ 150 millones, a lo que se suman daños a semáforos (otros $ 150 millones). "Esto se ha enfrentado con recursos propios. Si esperamos la ayuda del Estado, esta se concretaría cuando la comuna esté en el suelo", enfatiza. Añade que se ha invertido en ayudas como alimentación a sectores de menores ingresos que tenían los supermercados cerrados ($ 60 millones). La municipalidad también apoyó a 15 pequeños comerciantes que fueron saqueados, a los que se le entregó $ 1,5 millones a cada uno. "Acabo de pedir que se reordene todo el presupuesto, porque tenemos que prepararnos para la cesantía. Tendremos que asistir a personas con medicamentos y alimentos. Quedará mucha gente sin trabajo y amenazados por la crisis", dice Carter.

La dimensión de los daños en la comuna de Santiago es mayor: a $ 2.425 millones ascienden las pérdidas por semáforos destruidos, como también luminarias, basureros, áreas verdes y pavimentos. El alcalde Felipe Alessandri detalla que sacarán los recursos para la reconstrucción de tres fuentes: fondos de emergencia de las subsecretarías del Interior y de Desarrollo Regional, y del Gobierno Regional. Un área crítica fueron semáforos vandalizados: llegan a 120, de un total 450 que hay en la comuna. Aún no pueden operar 17 unidades. "Tras el estallido social tuvimos que reenfocar lo que teníamos presupuestado para recuperar los barrios y la ciudad para los vecinos. Se han quemado mil contenedores de basura, la luminaria ha sido destruida, los escaños de las plazas", dice Alessandri. Agrega que han implementado ayudas a los comerciantes: descuento en el pago por el uso de terrazas y las patentes se podrán pagar en cuotas. También se han realizado ferias para apoyar a los emprendedores.

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, plantea que la crisis social tuvo efectos claros en el presupuesto local: "Por ejemplo, tenemos menos ingresos por patentes comerciales y, además, hemos incrementado el presupuesto para la farmacia municipal, programas sociales, asistencia y ayuda económica, que son demandas que nos ha hecho la ciudadanía en los últimos meses". Detalló que se acordó subir el presupuesto de la farmacia popular en un 115% y también aumentaron los recursos para ayuda social (compra de alimentos, ropa, colchones y frazadas) en un 100%. Además, crecieron los fondos para proyectos concursables para los vecinos.

La comuna de Puente Alto también resultó impactada por diversos gastos tras la crisis. De acuerdo a un balance de la municipalidad, se debieron invertir $ 424.590.000 en el arriendo de 40 buses para vecinos de sectores que quedaron sin el servicio de Metro, entre octubre y noviembre.

Se explicó que la Intendencia Metropolitana comprometió fondos para este ítem, los cuales aún no habrían sido entregados. También se aprobaron $ 105.935.257 para apoyar a pequeñas y medianas empresas para la reparación de infraestructura dañada, pagar arriendos, cotizaciones previsionales o insumos. En paralelo, se invirtieron $ 143 millones en un plan de limpieza de calles y escombros entre octubre y diciembre; se sacaron rejas peatonales vandalizadas y se protegieron inmuebles con peligro de derrumbe, luego de los saqueos. También se colaboró con la seguridad del comercio, por lo que se construyeron protecciones para puertas, a un costo de $ 5,8 millones.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, afirma que luego de la crisis se realizó un programa de apoyo para mantener activa la economía local. "Los comerciantes se vieron afectados en diversos momentos: tras el estado de excepción ocurrido en octubre y luego en la Navidad, una época donde bajaron las ventas", dice. Por ello, cuenta que se decidió destinar alrededor de $ 50 millones para apoyar a más de 70 pequeños locatarios y comerciantes. Ello permitió a los beneficiados pagar sueldos de trabajadores, reparaciones o arriendo de sus locales.

El jefe comunal también añade que los daños en el mobiliario público en la comuna ascendieron a $ 250 millones, fondos que fueron solicitados al Gobierno Regional. Esa entidad le aprobó a Renca $ 167 millones, por lo que los recursos faltantes deberán ser sacados de las arcas municipales.

Por otro lado, se eximió del pago por extracción de basura a las familias vulnerables.

En el caso de Recoleta, la municipalidad informó que han debido invertir en actividades como la organización de la feria navideña en La Chimba para potenciar la actividad de pequeños comerciantes, lo que tuvo un costo de $ 12 millones. El municipio también indicó que la reparación de 21 semáforos dañados estuvo a cargo de la empresa responsable de la mantención de estos dispositivos, la que tenía seguros comprometidos al respecto.