Justo cuando la Subsecretaría de Justicia y Gendarmería se preparaban para dar a conocer las medidas acordadas en una reunión de emergencia por las reiteradas liberaciones de presos por error, un nuevo caso de excarcelación equívoca, ahora en Viña del Mar, golpeaba el interior de la institución.

A eso de las 12.30 la cabo de Gendarmería Lissette Ortega dio la primera alerta de que se había producido un nuevo incidente. El gendarme Cristián Luna, mientras cumplía funciones de custodia, trasladó a un detenido individualizado como Felipe Díaz Vivanco.

Al momento de finalizar el control de detención en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, el funcionario procedió a otorgar la libertad del detenido siendo que la jueza Leticia Morales Polloni había dispuesto su ingreso a un recinto penitenciario. El supuesto error habría ocurrido porque la jueza dio la posibilidad del pago de una caución de $ 500 mil, pero el gendarme no atendió la instrucción y liberó al preso antes de que se pagara la fianza.

Tras sostener una reunión telemática con varios jefes de Gendarmería, entre los que hubo directores regionales y encargados operacionales, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, debió salir a enfrentar las críticas por la seguidilla de hechos que se han producido desde el segundo semestre de 2025 hasta ahora.

Muñoz dijo que en la reunión se habían transmitido “instrucciones precisas” para no repetir estos hechos. Por ejemplo, dijo que todas las unidades deben hacer una doble revisión de los documentos y órdenes de los tribunales. También señaló que los funcionarios deben responder a su línea de mando; vale decir, por los errores no solo responderán quienes las cursaron, sino que también sus jefes directos.

Asimismo, señaló que este jueves se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los últimos hechos para que se investigue si hubo una acción dolosa, premeditada o concertada, y no que solo se trató de un error.

Muñoz además golpeó la mesa y dijo que el gobierno había dispuesto la suspensión de las vacaciones de las jefaturas que estén con días de descanso. El lunes, dijo, deberán estar todos operativos y desplegados para verificar que todas las instrucciones han sido dadas a los funcionarios. “De manera tal que nadie pueda dar como excusa que estas instrucciones no se han recibido”, dijo. De hecho, afirmó la autoridad, el lunes se realizará una reunión a las 8.00 para “observar el cumplimiento” de lo ordenado por el Ejecutivo.

“Todos los que estén involucrados se les va a aplicar la destitución o el traslado”, dijo Muñoz. Por último, el subsecretario de Justicia afirmó que el director de Gendarmería, Rubén Pérez, seguía contando con el respaldo del gobierno.

Otros casos

El episodio de este jueves se suma a una larga cadena de equivocaciones. Al menos otras siete liberaciones erradas se han producido a partir del segundo semestre de 2025. El primer gran caso que se conoció fue en julio de 2025, con la liberación errónea de Carlos Alberto Mejía Hernández, -alias Osmar Ferrer- desde Santiago 1, lo que abrió una inesperada pugna entre Gendarmería y el Poder Judicial.

En una ola de críticas, la institución a cargo de las cárceles en Chile señaló que las acciones de los funcionarios respondieron a instrucciones emanadas por tribunales de garantía, en tanto que desde el Poder Judicial se defendían señalando que fueron enviadas tres resoluciones para arreglar errores en el nombre del imputado y que los gendarmes no atendieron a esas correcciones.

El caso destapó una seguidilla de casos similares donde imputados fueron puestos en libertad desde cárceles por errores administrativos, la mayoría de ellos provocados por Gendarmería.

De hecho, este miércoles se produjo otro hecho similar desde el Centro de Justicia. En una audiencia que fue llevada en el 13° Juzgado de Garantía por el delito de estafa, el imputado Luis Alberto González falsificó su nombre para quedar en libertad y salir caminando desde tribunales. Hasta este jueves, el sujeto no ha sido encontrado y se encuentra bajo orden de detención.

Respecto de ese hecho, el director de Gendarmería indicó durante la tarde del miércoles que dispuso la remoción de dos funcionarios con cargos de jefatura, mientras que los dos gendarmes que originaron la falta fueron suspendidos. En radio Infinita, Pérez criticó duramente a los funcionarios que prestaron servicios de resguardo en la audiencia, señalando que se trató de “una negligencia funcionaria inexcusable” y de “un error grosero“.

En la misma línea, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que se trataba de una situación “muy grave” y que revelaba “ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten a una audiencia”. “Yo creo que es una cuestión de la cual uno no puede eludir a otros errores que han ocurrido en el pasado por parte de Gendarmería en circunstancias similares”, agregó.

Días después del caso de Carlos Alberto Mejía, cuya audiencia fue dirigida por la jueza Irene Rodríguez -sumariada e imputada por los hechos-, se produjo otro caso similar, pero esta vez en Temuco.

Giovanny Lillo Maltés, un sujeto denunciado por estafa en 2021 y quien debía estar en prisión preventiva, debía ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para enfrentar a la justicia. Pero ya no estaba en la cárcel, había sido dejado en libertad por un gendarme, nuevamente por error. Esa vez, la institución no se pronunció sobre el hecho.

Pocas semanas después se produjeron dos casos parecidos, uno en Copiapó y otro en La Serena. Ambos por delitos de drogas. Por esos días, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC) apuntó sus dardos contra Gendarmería: “Uno tiene que saber cuando las responsabilidades son de la institución. Las responsabilidades son plenamente de Gendarmería, y Gendarmería está tomando las medidas”.

Fuentes de gobierno reconocen que existe un foco de preocupación por la repetición de estos casos y que se están realizando acciones para evitar que esto siga ocurriendo.