Hace al menos dos semanas, antes del brutal crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, el ministro de Justicia Fernando Rabat junto al ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) vienen trabajando en los cambios que impulsará el gobierno a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Todo ese trabajo, que ahora se aceleró luego de los sucesos ocurridos en San Bernardo, se estuvo haciendo sobre la base de la moción parlamentaria que presentó en 2022 el actual senador Andrés Longton (RN) junto a otros diputados de la época.

Si bien en el debate del Congreso hay varias voces que son partidarios de modificar la edad en que los adolescentes pueden ser imputados ante los tribunales, la moción de Longton explora otro camino. Esto debido a que la mayoría de los menores que cometen delitos, lo hacen entre los 14 y 17 años.

El problema que identificó Longton es que el sistema penal tiene una serie de reglas especiales que permiten que finalmente las penas de los adolescentes sean bajas y se cumplan en libertad.

Por eso el proyecto que promovió en su momento se hace cargo de eliminar esas reglas especiales de manera que los tribunales, cuando tengan que hacer la prognosis de pena al momento de por ejemplo decretar una medida cautelar, opten por la más gravosa ya que la pena en concreto, en caso de condena, será alta.

“Que los menores de edad que le quitaron la vida a Alejandro hayan estado en libertad a pesar de los sucesivos delitos violentos que habían cometido revela que no solo las penas sino que las reglas dentro determinación de las mismas son permisivas y excesivamente garantistas, lo que implica que difícilmente hoy, a pesar de la gravedad de los delitos, se cumplan penas intensas privados de libertad conjuntamente con programas robustos de reinserción y rehabilitación”, afirma Longton.

La idea del proyecto, que está listo para ser votado en general en la sala del Senado, es que se dejen de aplicar, en un catálogo de delitos especialmente violentos y graves, las reglas que hacen que las penas bajen sus grados.

Otro de los puntos que aborda esa iniciativa es que elimina la posibilidad de que los adolescentes que fueron condenados partan con irreprochable conducta anterior al cumplir los 18 años.

Las indicaciones del gobierno

Este martes el subsecretario de Prevención del Delito Gonzalo Guerrero fue el encargado de hacer la bajada concreta del gobierno sobre hacia dónde irán las modificaciones que impulsará el Ejecutivo en esta línea. Para eso sostuvo una reunión con Rabat y luego también con Arrau.

Fuentes que supieron de esas conversaciones comentan que La Moneda presentará indicaciones a la moción que está en segundo trámite constitucional y que uno de los puntos que se incluirá será la implementación de un mecanismo de transferencia judicial.

Esto significa que para un catálogo específico de delitos especialmente graves -como secuestro, homicidio, bombas, entre otros- los adolescentes de 16 y 17 años serán transferidos excepcionalmente a la jurisdicción penal ordinaria, es decir, serán juzgados con las reglas de determinación de penas de los adultos.

Esa opción solo podrá ser solicitada por el Ministerio Público y deberá fundarse en circunstancias excepcionales. La petición tendrá que tomar en cuenta la gravedad de los hechos imputados, el grado de participación, el historial delictual del investigado y el riesgo que significa para la seguridad de la sociedad.

La decisión será tomada por el juez competente, en una audiencia especial convocada para discutir con la defensa el punto y la resolución deberá estar debidamente fundada.

Las indicaciones que está trabajando el Ejecutivo para ser presentadas los próximos días también incluye incorporar la reincidencia en mayores de 14 años y traspasar a los adolescentes que cumplen 18 años -y que aún les queda pena de reclusión por cumplir- a centros penitenciarios de adultos. Todo esto para el mismo catálogo de delitos especialmente graves.

En esa misma línea también habrá una enmienda que permitirá que directores de Gendarmería y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en casos de mayor complejidad, puedan tomar medidas para endurecer las condiciones de seguridad en los centros juveniles donde están cumpliendo sus condenas.

Si bien la línea del gobierno apunta a endurecer, en casos graves, las condiciones con las que se juzga penalmente a los adolescentes, también las fichas apuntan a tratar de prevenir estas situaciones más graves.

Por eso es que Rabat empuja con fuerza, entre otras cosas, el proyecto de Responsabilidad Parental. Esa iniciativa, que inició hace poco su tramitación legislativa, apunta a reforzar la responsabilidad de los padres, en un procedimiento ante los tribunales de familia, por los hechos cometidos por sus hijos.

Otros proyectos en el Senado

Independiente de que La Moneda ponga sus fichas en indicaciones a la moción de Longton, en el Senado hay al menos otras dos mociones más que tienen que ver con reformas para adolescentes que cometen delitos.

Una de esas mociones -promovidas por la presidenta del Senado Paulina Núñez (RN) y los senadores Paulina Vodanovic (PS), Karim Bianchi, Iván Flores (DC) y Pedro Araya (PPD)- “fortalece la respuesta del sistema frente a delitos de mayor gravedad, orientando la decisión judicial hacia la aplicación de sanciones privativas de libertad en dichos casos, sin alterar la facultad de ponderación del tribunal”.

Junto con eso “mejora los mecanismos de ejecución, estableciendo consecuencias claras frente al incumplimiento, incorporando instancias de seguimiento judicial y fortaleciendo condiciones básicas para la reinserción”.

La senadora Núñez, sin embargo, este martes además logró juntar las firmas de otro grupo de senadores transversales -a los anteriores sumó también a Iván Moreira (UDI) y Javier Macaya (UDI)- para presentar otra moción. La iniciativa busca crear un nuevo delito para penar la instrumentalización criminal de menores.