Era inicios de 2023 cuando un polémico caso sacudió la administración de la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) en Santiago. La exjefa comunal llevaba meses buscando adquirir un inmueble para instalar la que sería la primera clínica municipal de la comuna, pero todo se derrumbó cuando se seleccionaron los recintos donde funcionaba la extinta Clínica Sierra Bella.

Los cuestionamientos llegaron a tal punto que, a pesar de que el contrato de compraventa estaba firmado y el vale vista -por un tercio del valor total de más de $8 mil millones- había sido cursado, la transacción se detuvo. El más duro de los reproches venía ni más ni menos que de Contraloría y, como era de esperar, las querellas del mundo político se activaron de inmediato.

En ese momento se acusaba que, supuestamente, se pagaría un sobreprecio exorbitante, que las partes se habían coordinado para defraudar al Fisco y que, para ello, incluso se había elegido un grupo de tasadores que podrían llegar al precio que se había acordado entre las autoridades comunales y la inmobiliaria dueña del inmueble: la sociedad San Valentino SpA.

Con el paso del tiempo este gran escándalo mediático y político terminó en nada. Ninguna de las acusaciones y especulaciones sobre esta operación se pudo probar. De hecho, la investigación penal que se abrió en febrero de 2023 tras conocerse el caso fue cerrada en julio por el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper quien comunicó su decisión de no perseverar.

“He decidido no perseverar en el procedimiento porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, afirmó Cooper en el escrito con que la Fiscalía cerró la indagatoria.

Pese a que la arista penal quedó cerrada, el caso aún no ha terminado. Ahora los problemas están en sede civil. Este lunes 8 de septiembre el 19° Juzgado Civil de Santiago emitió una sentencia que implicó un nuevo vuelco en la causa que dinamitó la gestión de la exjefa comunal quien no logró su reelección y ahora quiere competir como diputada por el distrito 10.

La pugna civil se originó cuando el representante y dueño de San Valentino, el abogado Felipe Sánchez, ingresó en abril de 2023 un reclamo en contra del Conservador de Bienes Raíces de Santiago por negarse a inscribir la escritura pública de compraventa que data del 20 de enero de ese mismo año. La Tercera accedió a la sentencia de primera instancia que, luego de un largo proceso, acogió el reclamo de Sánchez.

“Se acoge la solicitud de fecha 25 de abril de 2023 y, en consecuencia, se ordena al Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribir la escritura de compraventa de fecha 20 de enero de 2023, otorgada en la Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot, mediante la cual la I. Municipalidad de Santiago, debidamente representada por su alcaldesa Irací Hassler Jacob, compra a la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA los inmuebles de calle Ventura Lavalle n° 431 y Sierra Bella n°1.181, ambos ubicados en la comuna de Santiago", se lee en el fallo dictado por el juez suplente Álvaro Cayuqueo.

A pesar de que en su momento la inscripción fue rechazada porque se omitió la presentación de la cédula de identidad de la entonces alcaldesa, el magistrado descartó que eso implicara la nulidad de la acción.

“En el caso en cuestión, la falta de anotación de la cédula de identidad, a juicio de este sentenciador, mal podría derivar en la nulidad absoluta, ya que claramente denota un defecto formal que inclusive puede ser salvado con la misma escritura en la referencia de la cédula que se hace al final de dicho instrumento”, agrega la resolución del magistrado Cayuqueo.

La Municipalidad de Santiago intentó oponerse a la acción civil del dueño de Sierra Bella, al igual que los diputados del Partido Republicano que fueron querellantes en la causa penal. Sin embargo, ambos intervinientes fueron excluidos del proceso civil luego de una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago a inicios de agosto de este año.

Luego de este fallo, queda pendiente saber cuáles serán los próximos pasos concretos del municipio que lidera el alcalde Mario Desbordes (RN). A su vez la presión se pondrá sobre el vale vista -que es por un tercio del valor total de más de $8 mil millones- que lleva años esperando en la notaría para ser cobrado. El resto del dinero de la venta deberá ser solicitado por Sánchez a través de un cobro ejecutivo.

Luego de que este medio publicara la sentencia, Desbordes anunció que buscará todos los caminos para evitar que los pagos se hagan efectivos: “Vamos a recurrir a este fallo y vamos a impulsar con fuerza el juicio civil paralelo en donde se está discutiendo la lesión enorme, porque se intenta vender en ocho mil algo que vale dos mil millones de pesos”.

El alcalde añadió que buscarán "todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables" y además insistirán “en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago”.