El Frente de Trabajadores Penitenciarios (FTP) emplazó este martes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a pronunciarse y tomar medidas tras la denuncia de acoso interpuesta por una coronel en contra del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

La acusación la dio a conocer el medio Interferencia, donde se señala que la directora regional de La Araucanía, coronel Denise Malgarejo, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco el pasado 7 de enero debido a mensajes de “carácter afectivo y manifestaciones impropias y de índole privada”.

A través de un comunicado, el FTP señaló que tras haber recibido el respaldo del gobierno del Presidente Gabriel Boric y luego de conocerse la denuncia, “emplazamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a pronunciarse respecto de esta grave denuncia, que afecta a la máxima autoridad de uno de los servicios a su cargo, exigimos que se tomen medidas inmediatas, entre ellas una investigación con la celeridad que amerita este tipo de situaciones".

En ese sentido, agregan que condenan y solidarizan con todos los funcionarios que han enfrentado situaciones similares, por lo que “exigimos al gobierno medidas concretas, esperamos que esta vez se le crea a la víctima, y se le entregue todo el apoyo que requiera”.

Además, agregan compartir las declaraciones del titular de la cartera de Justicia, respecto a que los “malos elementos” deben salir de la institución y piden que “ese principio debe aplicarse sin excepción”.

La vocera del gremio, Ayleen Amaro, recalcó que “queremos en este momento, brindar todo nuestro apoyo y solidaridad a todos los funcionarios y funcionarias que han sido víctimas de estas situaciones dentro de Gendarmería de Chile y hacer mención también de que esto no es la única forma de acoso dentro de nuestras filas”.

Recurso por acoso contra Rubén Pérez

En el escrito se expone que Pérez envío a Melgarejo una serie de mensajes durante el año 2020, los que fueron considerados por la parte denunciante como “expresiones personales, insinuaciones de carácter afectivo y manifestaciones impropias y de índole privada que no corresponden a una relación funcionaria y jerárquica, pues son ajenas a cualquier tipo de contexto profesional o institucional”.

El mismo 14 de febrero de ese año, Pérez le escribió a la coronel “usted es una mujer encantadora y cada vez que la veo lamento no haber hecho las cosas mejor para haberla hecho mi mujer”, mensajes que de acuerdo a la denuncia, no cesaron y fueron en aumento.

Luego del intento “amoroso” del director nacional de Gendarmería, fue él mismo el encargado de resolver un sumario que se inició contra Melgarejo el año 2022 y concluyó en diciembre de 2025, con la sanción por tres meses de suspensión de la mujer, luego de haber comprado un departamento mientras ocupaba una vivienda fiscal.

El argumento del recurso expone que “como lamentablemente ocurre en este tipo de situaciones, la negativa a corresponder o tolerar dichas conductas derivó, con posterioridad, en una afectación concreta y verificable de su situación funcionaria, manifestada entre otros aspectos en el resultado del sumario administrativo cuyo acto terminal es precisamente dictado por la misma autoridad que incurrió en dichas conductas e insinuaciones previas”.

El recurso busca invalidar las sanciones aplicadas por Pérez en contra de Malgarejo, debido a que “se encontraba legalmente impedido de intervenir y resolver, por afectarle una causal de abstención”, además que las sanciones aplicadas le impedirían un ascenso mayor, generándole un menoscabo profesional.

Al mismo tiempo, Melgarejo también presentó una denuncia por tutela laboral contra Pérez, donde se reclama una indemnización por $50 millones y el término de los actos de acoso en contra de la funcionaria. En esta acción judicial, también se detallan desencuentros entre ambos, a propósito de una licitación por $ 600 millones para una normalización del servicio eléctrico de la Cárcel de Angol, lo que debatió Melgarejo por considerar que la adjudicación vulneraba los principios juridicidad y probidad administrativa.