La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, decidió suspender transitoriamente al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Yáber.

Esto, en el marco de una investigación sumaria administrativa ordenada por el pleno de ministras y ministros del tribunal de alzada capitalino contra Yáber, involucrado en la llamada trama Bielorrusa que investiga el Ministerio Público.

La resolución indica que la fiscal Paz Troncoso dispuso la suspensión transitoria del investigado, considerando “los antecedentes que hasta ahora obran en el proceso y por estimar que esa medida es necesaria para los fines de la investigación aún en curso”.

Conforme la reglamentación que opera en este caso, la suspensión provisional puede ser revisada por el Pleno de la Corte de San Miguel en el caso de que se presente un recurso de apelación.

El 10 de noviembre, la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ministra María Catalina González, comunicó la investigación a Yáber, en vista de, según reconoció, los “graves hechos expuestos en la prensa nacional y teniendo presentes además otros antecedentes administrativos existentes”.

La trama bielorrusa se refiere a las presuntas irregularidades en la tramitación del litigio entre el Consorcio Belaz Movitec SPA y Codelco.

En la investigación de la Fiscalía de Los Lagos, figuran como imputados la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados del consorcio chileno-bielorruso Eduardo Lagos y Mario Vargas.

La semana anterior a que Lagos, Vargas y Migueles fueran detenidos, hubo allanamientos a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle.

En la investigación se detectaron depósitos en la cuenta corriente de Migueles de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores.

De acuerdo a Reportea, el Ministerio Público presume que Migueles recibió $45 millones tras el fallo de la Corte Suprema en favor de los bielorrusos en el que votó su pareja.

El monto habría sido girado en un cheque por Lagos a Miguel Ángel Obieta, un trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Luego, el dueño de ese negocio, Harold Pizarro, habría entregado la suma en efectivo a Migueles. Finalmente, el conyugue de la exjueza habría distribuido el monto entre los conservadores y ellos le transfirieron el dinero.

Por otro lado, una interceptación telefónica a Yáber reveló un supuesto pago de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya.

El conservador de Puente Alto habría contactado al parlamentario para obtener antecedentes que derribaran la acusación impulsada por parlamentarios oficialistas contra el ahora exministro Antonio Ulloa.