El presidente electo José Antonio Kast continúa armando el puzzle para su primer gabinete. El plan del futuro mandatario es presentar al elenco que lo acompañará en el debut de su gobierno el próximo 20 de enero por lo tanto estos días ha intensificado las gestiones para dar con los nombres que aún faltan por definir.

Uno de esos puntos pendientes era decidir a quién le encargará la misión de asumir como su primer ministro de Justicia. El camino para lograr esta designación ha sido complejo y ha estado acompañado de presiones internas de los partidos por posicionar a sus mejores cartas.

Pero tal como ha sido la tónica con el resto de los ministerios, Kast ha privilegiado a personas de su exclusiva confianza para encabezar los ministerios, antes que darle en el gusto a los distintos partidos que van a apoyar a su administración.

Así fue como luego de varias rondas de consultas, el futuro Jefe de Estado optó por el abogado Fernando Rabat. La apuesta de Kast implica decantar por un profesional, de 53 años, formado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien es especialista en asuntos civiles. Tanto así que es profesor de la cátedra de esa especialidad en la Universidad del Desarrollo.

Sin embargo, más allá de su perfil académico -recibió el “Premio Facultad de Derecho” al mejor rendimiento de la carrera y el “Premio Estudio Claro y Cía” al mejor rendimiento en derecho civil- la elección de Kast implica encargarle la misión de hacerse cargo del Ministerio de Justicia a quien en el pasado -como parte del estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía- integró el equipo que se hizo cargo de la defensa del exgeneral Augusto Pinochet.

En esa oficina no solo es socio del consejero y expresidente del Colegio de Abogados Pedro Pablo Vergara, sino que además compartió con Pablo Rodríguez Grez, el abogado que falleció en diciembre de 2025 y quien fuera uno de los fundadores de Patria y Libertad.

Esa fue la razón que llevó a que Rabat asumiera, junto a sus socios, la representación de Pinochet en litigios complejos. El futuro ministro integró los equipos jurídicos que se hicieron cargo de, por ejemplo, el Caso Riggs. También hizo lo mismo como parte de su defensa en causas penales como la Operación Colombo.

De hecho junto a Rodríguez en el pasado representó a Lucía Hiriart en su solicitud ante la Corte Suprema en un requerimiento para anular el fallo que ordenó el comiso de US$5,1 millones y propiedades de Pinochet en 2018 en el marco del Caso Riggs.

Los desafíos de Rabat

La misión de Rabat será compleja. Llegará a un ministerio que está viviendo tiempos convulsos. En plena crisis carcelaria tomará la posta de la reforma constitucional que trasladará Gendarmería desde la cartera de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Pública.

Pero además deberá ser la contraparte del Ejecutivo con el Poder Judicial en la peor crisis de la judicatura desde la dictadura. Esto debido a los casos de corrupción que han salpicado a exintegrantes de la Corte Suprema y la Corte de Santiago.

Su prueba de fuego será tomar el fierro caliente de la reforma al sistema de nombramientos judiciales. Ese proyecto lo recibirá en pleno segundo trámite constitucional o eventuamente iniciando la comisión mixta.

Respecto de este tema Kast ha dado pocas señales, pero en las últimas semanas sí ha sido enfático en que le preocupa lo que sucederá con la forma en como se designan los jueces. “Hay que sacar a la política del nombramiento para que no se plantee esto de los cuoteos”, dijo el futuro presidente en uno de los debates presidenciales cuando estuvo en campaña.

Junto con todo eso tendrá que hacerse cargo de la implementación de la reforma al sistema notarial y registral, un ambicioso proyecto iniciado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero que promulgó la actual administración de Boric.

En este punto uno de los asuntos que deberá definir es si se lanzará a promover un nuevo proyecto de ley para digitalizar el sistema notarial, algo respecto de lo que Kast ha dado pistas de estar interesado y que quedó totalmente fuera de la reforma que terminó de tramitar el actual ministro Jaime Gajardo (PC).