A finales de la semana pasada, la Corte Suprema dictó el fallo con el que busca cumplir una histórica resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual resolvió que el Estado de Chile habría incurrido en una ilegalidad al entregar beneficios de reducción de penas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

Para dar cumplimiento a esa sentencia internacional, el máximo tribunal revisó 14 causas de crímenes cometidos durante la dictadura y resolvió elevar, por primera vez, las condenas a los exagentes del Estado acusados por esos ilícitos. De esta forma la Suprema aumentó entre 5 y 13 años las penas en contra de condenados que actualmente se encuentran en prisión y otros, incluso, que ya las cumplieron.

Pero el fallo de la Corte IDH, un caso rotulado como “Vega González y otros versus el Estado de Chile”, ha generado ruido al interior del mundo judicial y en algunos sectores de la oposición.

Lo que más genera cuestionamientos -explican diversas fuentes de La Tercera- es que para cumplir el fallo de la Corte IDH, la Suprema adoptara un procedimiento que no existe y que no está estipulado en la legislación nacional. Menos aún, porque no existe forma de volver a condenar a alguien, al considerarse todos los casos en cuestión dentro de lo que en derecho se denomina “cosa juzgada”, es decir, que una sentencia ya está firme y ejecutoriada.

Además hay voces que comentan que con este tipo de situaciones la Corte IDH se transforma en un tribunal revisor de decisiones tomadas por el máximo tribunal, es decir, la última palabra de la judicatura chilena.

Por lo mismo, la resolución de la Segunda Sala -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Cristina Gajardo y María Soledad Melo y la exministra María Teresa Letelier- ha generado cuestionamientos que incluso podrían terminar en una acusación constitucional o en acciones penales.

Un fallo en la mira

Si bien los cuestionamientos y dudas respecto al procedimiento son diversos, cercanos al Partido Nacional Libertario (PNL) plantean que dicha colectividad ya está analizando el camino a seguir. Una de las opciones sobre la mesa es analizar la opción de un juicio político en contra de los ministros Valderrama, Llanos, Letelier, Gajardo y Melo.

A juicio del presidente del PNL, Johannes Kaiser, este fallo del máximo tribunal demuestra que “una vez más la Corte Suprema exorbita su ámbito de competencia”. A juicio del excandidato presidencial, “las facultades de la Corte Suprema están claramente establecidas en los códigos y en la Constitución Política de la República. No puede excederse de los mismos, ni puede ponerse creativa tampoco. Evidentemente que una actuación que esté fuera de la ley tiene que ser perseguida para volver a forzar a la corte a actuar en derecho”.

Kaiser plantea que está analizando el fondo del fallo: “Lo estamos viendo con gente que está más preparada o está calificada legalmente para hacer una presentación a este respecto”. Uno de los abogados que forma parte de ese análisis es Maximiliano Murath, militante del partido de Kaiser, excandidato a diputado y defensor de algunos de los exagentes del Estado perjudicados por la decisión de la sala penal de la Suprema.

El excandidato presidencial detalla que el análisis lo están haciendo “desde el punto de vista jurídico” y tomando en cuenta “cuáles son sus alcances constitucionales”. Luego de eso, “evidentemente vamos a tomarlas y sacar las consecuencias que sean necesarias de ellos”.

“La acusación constitucional es la última ratio y primero tenemos que ver si efectivamente se justifica el fallo o no. Y si al final es un problema con el tratado o es con la misma Corte Interamericana o con nuestra legislación internacional, en ese caso tendríamos que cambiar o tendríamos que denunciar el propio tratado”, concluye Kaiser.

El diputado Diego Schalper (RN), plantea que “el fallo viola varios principios del Estado de Derecho y de nuestra Constitución, por ende es muy grave”. Pese a aquello, sostiene que “desde el Congreso pienso que la reacción tiene que ser regular este tema en el ámbito constitucional y también probablemente en el ámbito legal”.

“Esto lo intentó en su momento el constituyente Ruggero Cozzi, pero el octubrismo de la época, ustedes se acordarán, en el proceso constitucional 1, no estuvo disponible. Y por lo tanto creo que aprovechando el sentir que hay en favor del respeto del Estado de Derecho y de nuestra soberanía, creo que debemos tener este debate y resolver este tema como tiene que ser, que es dándole un cauce legislativo y constitucional al tema”, concluye.

El análisis de las defensas

El mismo análisis están haciendo las defensas de los condenados y cuyas penas fueron aumentadas. Según quienes conocen de la arremetida de los abogados de los exagentes privados de libertad, existe la posibilidad de que los defensores y profesionales relacionados al área, articulen una arremetida judicial a través de querellas.

Murath -quien representa a los condenados Manuel Karevich (82), Gamaliel Soto (80) y Sergio Rivera (79)- confirma que como defensa está analizando los pasos a seguir en favor de sus representados. Pese a eso, confirma que particularmente presentará una querella por el delito de prevaricación en contra de los ministros de la Segunda Sala.

Lo anterior, explica, porque el fallo de la Suprema, lo califica como “una resolución absolutamente injusta, inconstitucional, aberrante desde el punto de vista jurídico. Acá se ha vulnerado abiertamente el principio de la cosa juzgada en materia penal porque estos juicios ya estaban terminados y las penas estaban cumplidas, entonces estaban firmes y ejecutorias”.

Además de una querella, Murath plantea que cree que “los parlamentarios debiesen verificar la inconstitucionalidad de este fallo y, aquellos que quieran hacer cumplir la ley, impulsar una acusación constitucional en contra de los ministros que dictaron la resolución”.

Esto, ya que, a su juicio, el procedimiento por el cual se aumentaron las condenas “no está regulado en la ley, es un procedimiento que no existe”. En esa línea, sostiene que “nadie nos notificó de la resolución de la Corte IDH, no participamos en ese juicio y el condenado fue el Estado de Chile”.

“Los supremos, vulnerando todos los principios de legalidad, de cosas juzgadas, fueron más allá de la ley, actuaron fuera de la ley e inventaron un procedimiento, dándole el gusto a la Corte Interamericana, porque tuvo un gustito de carácter político y no jurídico. Ese procedimiento puso un tiempo de 15 minutos para que nosotros alegáramos un tema relacionado con la libertad de una persona. ¿Dónde está eso estipulado? No está, no existe, no hay una ley que regule la forma de anular condenas y aumentar las penas", concluye el abogado, quien afirma que, además, están analizando el camino para llevar la causa a instancias internacionales.