Este martes 17 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará finalmente la audiencia en que se evaluará el eventual desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.

Aunque originalmente estaba dispuesto que la instancia se desarrollara el pasado jueves 12 de febrero, desde el Ministerio Público solicitaron la suspensión de la revisión por parte del tribunal.

La razón tras el cambio de fecha fue explicada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios: la cercanía de la audiencia con la apelación del Ministerio Público a las cautelares impuestas a los imputados del caso ProCultura.

“Justo, prácticamente al mismo tiempo que nosotros formalizamos personas en esta misma causa, aparece entre medio esta solicitud de desafuero. Y lo que pidió el Ministerio Público ante esta contingencia de dos tremendas audiencias en distintas cosas es que se suspenda la vista de la causa“, explicó el pasado 10 de febrero Bekios.

La petición del Ministerio Público fue criticada esa misma jornada por Orrego, quien acusó que la Fiscalía de Antofagasta "ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho cuando se nos ha formulado una acusación en el caso nuestro como gobierno regional“.

Para el gobernador “parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación y transcurridos cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia”.

La investigación contra Orrego y el caso ProCultura

En el caso que finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago acepte los argumentos de la Fiscalía de Antofagasta para desaforar al gobernador, Orrego quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a investigación penal.

En la investigación desarrollada por el Ministerio Público en el caso ProCultura, el gobernador se encuentra en calidad de imputado. La causa se encuentra investigando el destino y uso final de los más de 1.600 millones de pesos traspasados desde el GORE RM a la mencionada fundación para el desarrollo del programa Quédate, cuyo objetivo era generar un plan de prevención del suicidio.

De la cantidad antes mencionada, y según detalla la acción judicial emprendida por el mismo gobierno metropolitano ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, un total de $ 1.015.283.548 no habrían sido rendidos por la fundación.

Paralelo al posible desafuero de Orrego, se ha desarrollado la investigación a la cúpula de ProCultura. El pasado 3 de febrero, cinco miembros de la fundación fueron formalizados, incluyendo a su fundador Alberto Larraín, por el presunto delito de fraude al fisco.

Sin embargo, el tribunal consideró que durante los cuatro días de audiencia el tribunal no logró acreditar lo antes señalado, por lo que finalmente descartó la solicitud de prisión preventiva y dejó a cuatro imputados (Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno) con arraigo nacional. Antes, Gabriel Prado había quedado con arresto domiciliario nocturno.