Los alcaldes de Cerro Navia, La Cisterna y Quilicura denunciaron mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric la situación de inseguridad que dicen se está viviendo en sus comunas.

A las 9.30 horas de este lunes, los jefes comunales -que no tienen militancia en la actualidad, pero que son de tendencia oficialista- llegaron al Palacio de La Moneda y entregaron la misiva en la que transparentaron su "profunda preocupación por la grave situación de inseguridad que afecta no sólo a nuestra comuna, sino también a múltiples territorios del país".

Fue el pasado viernes que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (exPC), denunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública ante la Contraloría luego de enfrentamientos y amenazas públicas entre dos bandas rivales de la comuna. Según transmitió Tamayo, esta acción busca que el ente contralor se pronuncie respecto de las funciones del citado órgano administrativo.

"Nos hemos comunicado con la Subsecretaría de Seguridad Pública y lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria. No es posible que informando lo que estaba ocurriendo previamente, hoy día tenemos la sensación de ausencia completa del Estado en nuestra comuna", aquella jornada.

Mientras que en Quilicura, el municipio dirigido por Paulina Bobadilla (cercana al Frente Amplio) declaró urgencia comunal ante sucesivos hechos de violencia, entre ellos el homicidio de un adulto mayor al interior de su vivienda. En La Cisterna -municipalidad al mando de Joel Olmos (ex Acción Humanista)- entre los hechos policiales que han trascendido a la opinión pública en los últimos meses se cuenta un robo en una vivienda, que incluyó violencia hacia la familia afectada, y un homicidio en un local de comida rápida.

En la misiva, los tres alcaldes reparan en sectores que “se han visto tomados por una guerra entre bandas narcotraficantes con alto poder de fuego, ráfagas de armas automáticas y fuegos artificiales de gran potencia”, y citan que se han debido suspender las clases en la Escuela Paulo Freire de Cerro Navia ante estas situaciones. “Las familias, especialmente niños y personas mayores, viven aterradas”, denunciaron.

Si bien el alcalde Joel Olmos, según recoge Emol, valoró las acciones del gobierno en materia de seguridad, la carta insta al Ejecutivo a tomar medidas al respecto: “Hoy no pedimos privilegios, sino el derecho básico a vivir sin miedo. Nuestras comunas no pueden seguir siendo el reflejo más crudo de una desigualdad estructural, donde la ausencia del Estado se traduce en impunidad y muerte. La seguridad es un deber irrenunciable del Estado y una responsabilidad compartida entre todos sus niveles”.

Entre las cinco medidas solicitadas por los jefes comunales están: un plan de recuperación barrial y fortalecimiento comunitario; coordinación efectiva de inteligencia y persecución criminal; justicia territorial en la distribución de la fuerza policial; presencia policial permanente en comunas populares y, en sintonía con la denuncia de Tamayo ante al Contraloría, la clarificación del rol y deberes del Ministerio de Seguridad Pública.