A de 72 horas de estallada la controversia por el oficio en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les sugiere a los otros secretarios de Estado “descontinuar” 142 programas a cargo del gobierno central, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, hizo un mea culpa por el polémico escrito.

“Hace poco hubo una polémica por un oficio, donde si uno lee nosotros no nos pronunciamos sobre la política pública que hacen los servicios públicos, los ministerios, sino que nosotros queremos decirles que esta herramienta en específico tiene problemas de evaluación y tiene que ser reformulada. Esto es parte de lo que se hace todos los años en el proceso de formulación presupuestaria", dijo durante su intervención en el seminario ‘Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo’ que organizó el Centro de Políticas Públicas de la U. Católica.

Y continuó: “La Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones y quizás eso pueda ser parte del diagnóstico”.

Y es que parte de las críticas apuntaban, justamente, a que en el oficio el devenir de los programas se zanjaba de manera taxativa, sin espacio para interpretaciones. “Se recomienda a los formuladores considerar de manera prioritaria los resultados y sugerencias del proceso de evaluación, así como las falencias y aspectos pendientes identificados, al momento de definir la continuidad, rediseño y priorización de las solicitudes de recursos asociadas a estos programas”, se lee textualmente en el oficio dado a conocer inicialmente por La Tercera, que también explicita que dichos resultados implican un condicionamiento de la oferta programática, otorgando a esos programas la calificación de “condicionado”.

Al respecto, eso sí, Llodrá salió al paso y explicó en la PUC que “de alguna manera, en vez de “descontinuar”, quizá la palabra era más bien “reformular”. No se está diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad de la política pública, pero lo que se decía es ‘herramienta en cómo usted ejecuta esta política pública tiene un problema; usted debería quizás descontinuarla y hacer esa política pública de otra forma’”.

“Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que de alguna manera esto debería hacer mediante otro tipo de programa pero llegar al mismo objetivo, esa es un poco la idea. De alguna manera, reformular”, añadió, reforzando, además, que el proceso está en “una etapa inicial donde los servicios elaboran sus prioridades”.