La gratuidad rinde su primera prueba ante la Contraloría

Organismo detectó una brecha de $ 17 mil millones entre aranceles y aportes del Estado para la ayuda estudiantil. Quince de las 46 instituciones adscritas a esta política pública registraron pérdidas por este concepto.


Las instituciones adscritas a la gratuidad están en compás de espera. La nueva Ley de Educación Superior establece que este año el gobierno debe nombrar una comisión de expertos que fijará los nuevos valores de los aranceles regulados, que desde 2015 se aplican para definir los recursos que el Estado destina a esta política pública. La diferencia es que esta vez dicho cálculo no solo incluirá a los alumnos matriculados y que pertenezcan a los primeros seis deciles de ingresos familiares, que hasta ahora son los únicos liberados de pagos, sino que también fijará los precios para los estudiantes que se encuentran en los deciles 7, 8 y 9, que están fuera de la gratuidad, pero que verán reducidos sus costos en diferentes porcentajes.

Es en ese contexto que la Contraloría analizó por primera vez la distribución de los recursos que el Estado entrega a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica por concepto de gratuidad. Y su conclusión se tradujo en una cifra que va en línea con la preocupación de muchos rectores: la brecha entre los aranceles institucionales y los montos que el Estado entregó el año pasado por este concepto a 46 planteles alcanzó los $ 17.208 millones.

En el informe “Financiamiento Fiscal del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior”, al que tuvo acceso La Tercera, el órgano da cuenta de que el monto de los recursos fiscales asignados a gratuidad en 2017 fue de $ 673.990 millones. También detalla que “15 instituciones mostraron una diferencia neta entre el arancel real más los derechos básicos de matrículas que fijan las propias entidades y el monto total asignado por gratuidad” (ver infografía).

Este valor, de $ 17 mil millones, disminuye a $ 13.294 millones si se considera el Aporte para Fomento de Investigación que se definió en la Ley de Presupuestos 2017, para palear la merma económica que la gratuidad iba a implicar para las cinco universidades privadas fuera del Cruch que ese año fueron parte del beneficio: U. Diego Portales (UDP), U. Finis Terrae, U. Católica Silva Henríquez, U. Alberto Hurtado y la U. Autónoma.

El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a La Tercera que “el estudio solo se limita a constatar la diferencia entre el arancel real más los derechos de matrícula fijados por cada entidad de educación superior adscrita, y el financiamiento fiscal por gratuidad -no se incluyen las otras fuentes de financiamiento fiscal a las instituciones o a sus estudiantes- según el cálculo establecido por la Ley de Presupuesto 2017. La interpretación de causalidades o consecuencias respecto de esa diferencia está más allá del alcance del estudio”.

Respecto del análisis que hace Contraloría, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló que “es importante recordar que, si bien efectivamente hay una brecha entre el aporte por gratuidad y el valor que cobran las instituciones, se debe considerar que con el aporte directo por gratuidad, las instituciones reducen el gasto en becas internas y la morosidad en el pago que puede existir, por lo que el déficit real es menor al indicado”.

Más y menos

Según este informe, la U. Diego Portales presenta el mayor déficit del sistema, con $ 5.698 millones. Al respecto, el rector Carlos Peña manifestó que “a esa diferencia nominal hay que descontarle las becas y otros beneficios estudiantiles que la universidad otorgaba y que ahora, en presencia de la gratuidad, no otorga. Efectuado ese descuento, la diferencia real fue de $ 2.500 millones aproximadamente para el año 2017. Eso explica que la diferencia haya podido ser absorbida por la universidad rebajando algunas cuentas y que no se haya traducido en déficit alguno”.

Peña agregó que la gratuidad tiene dos problemas. “Uno de ellos es la incertidumbre acerca de los montos de las transferencias y la tardanza en los pagos que obliga a altos costos financieros. El otro es la lesión de índole estratégica que podría producirse con aranceles regulados bajos en aquellas instituciones que poseen altos niveles de investigación y que, a pesar de carecer de aporte fiscal directo, han adherido a la gratuidad. Para probar todo eso basta señalar que aún hoy las universidades no saben el monto de los aranceles regulados para este año. Los costos de esa ineficiencia recaen sobre las instituciones”.

Para el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, cuyo plantel presenta un déficit de $ 1.486 millones, “los datos que muestra este informe en relación a las brechas que tuvieron 15 instituciones, entre ellas la Universidad Católica, ratifican el hecho de que hay un desfinanciamiento importante en aquellas universidades cuyos proyectos educativos son más costosos, porque han invertido en infraestructura, mejores profesores y en mayor calidad”.

Sánchez agregó que estos antecedentes deben ser considerados por el Ministerio de Educación (Mineduc) y por el comité de expertos, que de acuerdo a la Ley de Educación Superior se va a encargar de definir los nuevos valores de los aranceles regulados que fijará el Estado para financiar la gratuidad. “Los aranceles deben ser calculados considerando indicadores académicos objetivos, como el número de profesores de jornada completa que tienen las instituciones, las bibliotecas, los espacios deportivos, la infraestructura y la investigación, que son elementos que dan cuenta de la calidad de los planteles”.

En el caso de la U. Autónoma, Contraloría estableció que la diferencia en los montos fue de $ 2.142 millones. El rector Teodoro Ribera planteó que “es un absurdo que las universidades que colaboran en una política de Estado se vean afectadas en su procesos de crecimiento en calidad. O el Estado pone más recursos, o permite que las universidades determinen qué cantidad de alumnos en gratuidad pueden recibir sin afectar su desempeño”.

Ingeniería Comercial, la número uno

En cuanto a las carreras con mayor número de estudiantes beneficiados por la gratuidad, el informe muestra que correspondieron a Ingeniería Comercial (9.331), Derecho (7.050), Ingeniería Civil Industrial (6.960), Psicología (6.430), Enfermería (6.322) y Kinesiología (5.220).

En tanto, la U. de Santiago y el IP DUOC UC, con 85 carreras cada uno, tuvieron la mayor cantidad de programas con alumnos con gratuidad. Mientras, el CFT Inacap promedió 601 beneficiados por carrera.

Por otro lado, la U. de Antofagasta, U. de Magallanes, U. de O’Higgins, U. de Aysén, IP Arcos y CFT DUOC promediaron menos de 50 alumnos con gratuidad por carrera.

Asimismo, Odontología, en las universidades Autónoma (con $ 1.066 millones), Diego Portales (MM$ 887) y Finis Terrae (MM$ 700), fue la carrera que mostró las mayores diferencias de arancel, respecto a los aportes del Estado. Esta misma carrera, además, fue la que presentó la mayor diferencia en otras nueve instituciones.

19 planteles con más del 50% de alumnos beneficiados

En 2017, las 46 instituciones adscritas a la política pública presentaron un total de 588.697 alumnos de pregrado. Y, según el registro de la Contraloría General de la República, el 44,5% de ellos, es decir 261.744 estudiantes, fue favorecido con la gratuidad.

Así también, el ente fiscalizador identificó que 19 instituciones tuvieron a más del 50% de su matrícula total con este beneficio. Entre estas destaca la Universidad de O’Higgins (69,2%), el Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca (66,1%) y el Centro de Formación Técnica de Tarapacá (63,9%).

En la vereda opuesta se puede observar que la Universidad Católica solo tuvo un 15,3% de sus matriculados beneficiados con la gratuidad. Sin embargo, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, asegura que el 22% de los 25 mil alumnos de pregrado que tiene la institución pudo estudiar con gratuidad el año pasado. “Nos parece una cifra claramente importante, considerando los procesos de selección que tiene la institución”, apuntó.

IP DUOC recibió la mayor cantidad de recursos

La institución con más recursos fiscales asociados a la gratuidad de sus estudiantes correspondió al Instituto Profesional DUOC UC, que recibió $ 68.559 millones, lo que representa el 10,2% del total de aportes del Estado a los planteles adscritos. Este IP tuvo 35.464 estudiantes con gratuidad, lo que representa el 41,9% de su matrícula.

El rector Ricardo Paredes sostuvo que “era lo que esperábamos; que a pesar del menor monto por alumno que recibimos al tener aranceles más bajos que las universidades, somos la institución que mayores recursos del Estado atrae y eso es bueno, pero desafiante”.

Paredes apunta dos problemas que afectan a sus plantel producto de la gratuidad: enfrentar un déficit sobre los $ 4 mil millones anuales por la diferencia entre el aporte fiscal y nuestros aranceles. Y la restricción del financiamiento solo a la duración formal de las carreras. “En el sector técnico las tasas de titulación oportuna son bajas porque los alumnos necesitan muchas veces conciliar su jornada académica con el trabajo.

El 69,5% de los estudiantes pertenece al 4° decil

En 2017 la gratuidad benefició a los alumnos de los seis primeros deciles de ingresos (en 2018 se amplió al sexto decil). Y el mayor porcentaje de estudiantes que accedieron a este financiamiento se encuentra concentrado en el decil 4, con un 69,5%. De acuerdo al informe, el ingreso familiar per cápita en este grupo se sitúa entre los $ 116.806 y $146.042.

Por otro lado, la menor cantidad de beneficiados se encuentra en el decil 1, con un 2,1% del total de alumnos. Ellos pertenecen a familias que viven con un máximo de $ 58.000 por cada integrante del hogar, es decir corresponde a la población con la situación socioeconómica más vulnerable.

En el texto de Contraloría se muestra que la U. de Antofagasta y la U. de Aysén fueron las que concentraron un mayor porcentaje de alumnos beneficiados en el decil 1 (3,6%).

Otro dato relevante es que el 51,3% de los alumnos beneficiados correspondió a mujeres. El CFT ENAC consiguió el mayor porcentaje femenino (84,8%) y el INAF el mayor masculino( 96%).

 

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