Lamberto Cisternas, ministro y vocero de la Corte Suprema: "Es un gran daño a la confianza, credibilidad y prestigio del Poder Judicial"

Esta semana el Poder Judicial se vio fuertemente golpeado por la investigación sumaria por presunto tráfico de influencias que instruye la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi contra tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes están suspendidos de sus cargos por faltas a la ética.

Los ministros son indagados por posibles gestiones realizadas para nombrar a familiares en cargos, por contactos que habrían tenido con abogados de algunas causas y pagos en dinero. Elgueta y Vásquez son, además, investigados por el Ministerio Público por los mismos ilícitos. De hecho, Elgueta será formalizado el 26 de abril por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.

En entrevista con La Tercera, el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, quien es parte del Poder Judicial hace 36 años, aborda la inédita crisis por la que atraviesa el tribunal de alzada de Rancagua. "Tenemos un gran daño a la credibilidad, confianza y prestigio del Poder Judicial", admite. También advierte que estos hechos afectan "la moral" de los funcionarios de los tribunales, quienes "en su inmensa mayoría ejercen bien su labor".

Ante las investigaciones iniciadas a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua ¿estamos frente a posibles faltas a la ética o a delitos cometidos en la administración de justicia?

Ante faltas de ética estamos de todas maneras. Yo creo que los antecedentes que tenemos reunidos permiten afirmar eso de forma clara. Si son o no delitos es una cuestión que habrá que esperar a que termine la investigación del Ministerio Público y la decisión del tribunal correspondiente.

El juez Elgueta había sido amonestado por la Suprema en 2010 por tráfico de influencias ¿Cómo llegó a ser ministro de la Corte de Rancagua?

Ya en la época en que tuvo esas medidas disciplinarias era ministro (de la Corte de Apelaciones de Santiago) y luego de eso, él se trasladó a Rancagua. La verdad es que algunos, por lo menos yo, vimos esto como el comienzo de una nueva etapa de su vida funcionaria. Sin embargo, las cosas han transcurrido de tal manera, que uno piensa que no se tomaron las lecciones adecuadas de aquellos primeros episodios en que tuvo la sanción, lo que habría permitido que enmendara su comportamiento.

¿Se aplicaron las sanciones correctas para evitar que se repitieran estos hechos?

El problema que siempre hay en estos casos es que uno juzga hoy lo que ocurrió hace tiempo. Antes la mirada en Chile y en el Poder Judicial era diferente a la de hoy. Entonces quizás en aquel momento no se reaccionó con la misma rapidez y energía. En aquel momento se actuó probablemente con algo de benevolencia, pensando justamente en esta idea de la rehabilitación. Hoy la mirada, le aseguro, va a ser diferente.

¿Al ministro sancionado se le hace un seguimiento o acompañamiento?

No. El sistema confía en que la persona que ha tenido este problema sacará las lecciones y tomará las rutas que correspondan para el futuro.

¿Cree que el código disciplinario no es lo suficientemente adecuado?

Es posible. Nosotros, una vez que termine todo este episodio, tendremos que reflexionar sobre estas materias y pensar si efectivamente el sistema disciplinario o de controles es adecuado.

¿Hay intención de reformarlo?

El sistema disciplinario tiene un año, es relativamente nuevo. Nuestro empeño es que en el segundo semestre de este año podamos hacer una evaluación de lo que ha sido la aplicación del acta número 15 y ahí incorporar varias sugerencias que ya nos han formulado los mismos fiscales que llevan adelante los procesos sumariales o que han formulado desde las distintas cortes del país. Tendremos un ajuste y por cierto lo que hayamos aprendido de esta oportunidad se va a tratar de colocar allí también.

¿Los hechos conocidos en la Corte de Rancagua producen daños en el Poder Judicial?

La situación que ha ocurrido en Rancagua, que es puntual en esa jurisdicción, ha salido a la luz pública con mucha fuerza por la reacción que ha tenido la Corte Suprema. Si hubiésemos querido mantener esto muy tranquilo a lo mejor habríamos esperado a que terminara la investigación para tomar las medidas disciplinarias. Nosotros hemos evaluado la situación. La primera reacción es el impacto de la desconfianza en la opinión pública cuando suceden este tipo de casos. Sin embargo, la segunda reacción podría ser la confianza en una institución que justamente está enfrentando el tema de una manera rápida, con la mayor celeridad posible. El resumen final es que nosotros tenemos un gran daño a la credibilidad, confianza y prestigio del Poder Judicial, además de un daño interno porque esto afecta a la moral del personal que trabaja en los tribunales y que en su inmensa mayoría ejerce bien su trabajo.

¿Han analizado la posibilidad de que el resto de los ministros en ejercicio en ese tribunal estén siendo investigados o bien puedan ser imputados por la fiscalía?

No hemos analizado eso, pero sí tenemos conciencia de que no solo los ministros actualmente suspendidos pudieran estar involucrados dentro del Poder Judicial. No tenemos por ahora antecedentes de que (otros ministros) estén involucrados en los temas que está investigando la ministra Maggi.

¿Sería muy complejo que un magistrado en calidad de imputado esté administrando justicia?

Hasta lo que yo sé no hay ninguno que esté denunciado, ninguno que esté investigado, ninguno que esté formalizado.

¿Los tres jueces suspendidos podrían ser removidos?

Por cierto, uno en este trabajo siempre arriesga la remoción. Lo normal es que después de un procedimiento disciplinario en que se aplica una sanción severa se analice la remoción y esa remoción se estudia en función de su tiempo completo, de su hoja de vida.

La Asociación de Magistrados ha planteado que deberían haber reformas al sistema de nombramiento de jueces ¿qué piensa de esa propuesta?

El problema que se ha producido en Rancagua o con quien infringe la normativa de comportamiento de tipo ético va más allá del nombramiento. Usted puede tomar todas las precauciones, pero en el desarrollo de la función posteriormente la persona igual puede caer en las redes de las malas influencias. Entonces no es una cuestión que dependa solamente del nombramiento. Yo considero que estas irregularidades no derivan directamente del tema de los nombramientos. Es como cuando uno tiende a colocar la culpa en el sistema y no en la persona donde radica la esencia misma de la irregularidad en este tipo de asuntos.

¿Qué le parece la reunión que sostuvo el senador Juan Pablo Letelier con el Fiscal Nacional, Jorge Abott? Él dijo que fue para manifestarle su opinión sobre "el desorden" que había en esta corte.

Le pido que me excuse de contestar esa pregunta.

Se lo pregunto de otra forma. ¿Si un parlamentario tiene una preocupación por el "desorden" en una corte en particular corresponde que se reúna con el jefe del Ministerio Público?

Yo se las plantearía al presidente de la Corte Suprema para que este presidente pudiera transmitirle al pleno las inquietudes de este legislador y así el pleno pueda tomar las decisiones del caso.