Las 24 fallas que entrampan el Banco Unificado de Datos

05 de Abril 2016/SANTIAGO El ministro del Interior, Jorge Burgos (i), junto al fiscal nacional, Jorge Abott (c) y al subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey (d), llegaron hasta la Fiscalia Nacional para participar en la ceremonia de funcionamiento del Banco Unificado de Datos, el mayor sistema de información de delincuencia que se ha implementado en la historia de Chile FOTOS: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

Un informe del gobierno detalla que en seis años, el Estado ha desembolsado cerca de $ 3.500 millones en implementar el proyecto. El documento acusa que existe una “resistencia en aceptar esta nueva modalidad de trabajo coordinado”.


El 19 de diciembre de 2012, en una ceremonia en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick y las máximas autoridades del sistema de justicia, firmó el documento que creó el Banco Unificado de Datos (BUD).

Con este acto, el gobierno daba inicio formal a la creación de una plataforma informática que agruparía en línea todos los antecedentes de carácter criminal de nueve instituciones ligadas a la seguridad pública. El programa se convertiría en uno de los proyectos emblemáticos de Piñera para enfrentar la delincuencia.

Sin embargo, a seis años de su lanzamiento y con $ 3.438 millones en recursos invertidos desde 2012 hasta 2018, aún existen 24 fallas de ejecución que han impedido su puesta en marcha. Así lo estableció un informe del 31 de julio de 2018 elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en que se detalla, en 28 páginas, los recursos invertidos por año para este programa y cuáles son los datos faltantes o erróneos que cada institución es responsable de entregar para que la plataforma funcione (ver infografía).

Estas dificultades incluso llevaron al gobierno, según informó el Ministerio del Interior a La Tercera el 27 de mayo pasado, a preparar el ingreso de un nuevo reglamento a la Contraloría para regular la plataforma. “Hasta el momento, el gran problema que tenemos, y que es lo que ha impedido poder avanzar desde la fiscalía, es que puedan conversar las plataformas para tener una base única”, dijo esa vez el ministro Chadwick.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló entonces que el nuevo reglamento iba a ser ingresado en el transcurso de este año y que una vez que “esté aprobado, la totalidad de la administración del BUD quedará en la fiscalía”.

Dificultades e inversión

“Es un proyecto que, dadas sus especiales características, requiere de la inversión financiera correspondiente con el propósito de adquirir recursos tecnológicos necesarios para la implementación y operación del sistema”, señala el documento de la Subsecretaría. Así, se especifica que gastaron $ 129 millones en 2012, otros $ 458 millones en 2013, y así, hasta sumar cerca de $ 3.500 en los últimos siete años.

Pese al dinero invertido, el documento detalla una serie de problemas de ejecución del BUD que han afectado en su funcionamiento. Entre ellos, señala que “durante todo el proyecto se han enfrentado retrasos por parte de las instituciones en dar respuesta a solicitudes de información”. También apunta a la existencia de una “disparidad tecnológica de las instituciones”, a “niveles de desfase relacionados con el inicio de carga histórica”, y a que hay “distintos pisos institucionales en cuanto a años de ingreso y filtros de datos inyectados”.

Esto último, de acuerdo al informe, es una situación que “se ha mantenido en el tiempo considerando que la matriz de datos fijada a través de los convenios se basaba en la voluntad expresada en su oportunidad por las instituciones de proporcionar solamente determinada información”.

En este contexto, dice el escrito, pese a que se han pedido los datos a los organismos, todavía hay aspectos faltantes o erróneos. Además, señala que estas situaciones “han sido analizadas y comentadas en instancias de coordinación estratégica con las instituciones, pero aún se mantienen”.

Entre los casos, según el gobierno, el Ministerio Público no ha entregado los datos de todos los imputados; Gendarmería no ha informado los datos de las personas que cumplen en el medio libre ni los programas a los que se han sometido los reos; y la PDI hizo una inyección de denuncias con fecha errónea, por ejemplo, 1 de enero de 0001 y 29 de diciembre de 1899.

De esta forma, “la cultura de la administración claustra o estanca de los datos que históricamente habían mantenido estas instituciones ha sido un elemento complejo de abordar dada la resistencia en aceptar esta nueva modalidad de trabajo coordinado, conjunto y colaborativo, basado esencialmente en la interconexión e intercambio de datos que ofrece el BUD. Luego, esta es una especial barrera que el BUD está llamando a vencer”.

A esto se suma que, de acuerdo al informe, el 27 de junio de 2018 se realizó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en que el Ministerio del Interior “entregó a los presentes una versión del reglamento mejorado a ser reingresado a la Contraloría y le ofreció generar comentarios sobre éste hasta el martes 3 de julio, sin embargo, a la fecha del presente informe ninguna de las instituciones se ha manifestado al respecto”.

Sobre esto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que “a la fecha todas las instituciones han aprobado la redacción del nuevo reglamento y los datos que cada una debe comenzar a proporcionar”.

Respecto a por qué con la nueva norma las instituciones sí entregarían la información, Martorell aseguró que “el nuevo reglamento establece de manera expresa la obligación de las instituciones de incorporar todos los datos de condenados e imputados”.

Versiones de instituciones

Desde la Fiscalía Nacional, organismo encargado de la administración del BUD, indicaron que “existen ciertas categorías particulares de datos que, atendida su complejidad de registro, requieren de un trabajo técnico más complejo para proceder a su incorporación, lo cual explica la brecha existente en materia de inyección de datos”.

Señalaron, además, que están “analizando junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la pertinencia y factibilidad técnica de entregar dicha información y los mecanismos tecnológicos idóneos para ello”. Agregaron que “hemos estado trabajando en la elaboración del reglamento (…) el cual redefinirá las categorías de datos que deberá entregar cada institución”.

En tanto, desde Carabineros dijeron que desde 2011 han “entregado información, teniendo la cantidad más importante de datos en esta materia, conformando mesas de trabajo. Efectivamente, aún no estamos al 100% y en ese proceso de perfeccionamiento estamos trabajando con otros actores, por el bien de Chile”.

Añadieron que “la relevancia para Carabineros del BUD es conocer información del ciclo completo del control social formal del delito, debido a que hoy Carabineros registra información en el Sistema Aupol solo desde el momento de la denuncia o detención (…) lo cual hace que se desconozcan los antecedentes sobre el destino judicial de los detenidos”.

La PDI, por su parte, declinó referirse al tema.

Felipe Harboe, senador PPD: “Cada institución se cree dueña de la información”

El integrante de la Comisión de Seguridad del Senado descarta la necesidad del BUD.

El senador PPD, Felipe Harboe, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, ha seguido de cerca los intentos por crear el BUD. Le ha tocado tramitar aspectos de la iniciativa, la que para Harboe está muy sujeta a la colaboración de las instituciones, la cual es escasa. Además, sostiene que no existe una necesidad real de contar actualmente con la herramienta.

¿Hay voluntad por parte de las instituciones para entregar información para el BUD?

Las instituciones involucradas han buscado todo tipo de excusas para no implementarlo. Cada institución se cree dueña de la información que dispone y no entienden que los datos pertenecen a las personas a las cuales se refieren y no a las instituciones, sobre todo con la reciente entrada en vigencia de la reforma constitucional que consagró el derecho a la protección de datos personales en la Constitución.

¿Dónde radica la necesidad de tener un BUD?

El BUD fue propuesto en 2007 cuando la tecnología abierta no permitía interconectar al sistema de seguridad. Hoy, el blockchain (sistema de almacenamiento de datos) permite cruzar esa y otra información de manera mucho más eficiente con garantía de que no será alterada por alguna persona que la consulte, por lo que el BUD como fue concebido originalmente quedará tecnológicamente desfasado antes de su puesta en marcha.

¿La inversión de $ 3.438 millones en el BUD fue desaprovechada?

Es extremadamente grave el despilfarro de recursos para un sistema que no se ha implementado. Aquí debiera existir el principio de la responsabilidad por dilación de ejecución de políticas públicas y su consiguiente costo económico. El día que tengamos un sistema similar al 911 para las atenciones de emergencias y seguridad, será el día en que avancemos en control de gestión externo a las instituciones del sistema de emergencia y seguridad. Chile debe dar un salto cualitativo y cuantitativo en esta materia, de lo contrario seguiremos con instituciones que caminan solas sin objetivos comunes.

Andrés Allamand, senador RN: “No fue prioridad para la administración anterior”

El parlamentario manifestó que actualmente han sido testigos de un trabajo coordinado del BUD.

Para el senador Andrés Allamand (RN), quien integra la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el BUD es necesario y además existe la voluntad del gobierno del Presidente Piñera para sacarlo adelante. También apuntó a la gestión del gobierno anterior para no ejecutar el diseño realizado por la primera administración de Chile Vamos.

¿Qué le parece que el Estado haya invertido $ 3.438 millones para el BUD y que este proyecto aún no vea la luz?

La inversión del Estado en tecnología es fundamental como una herramienta para la seguridad de todos los chilenos. Lo importante es que la tecnología que se adquiera tenga los más altos estándares que permitan la mayor efectividad en la prevención y persecución penal.

¿Por qué este proyecto anhelado por el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, luego tramitado por la gestión Bachelet, no ha podido ser implementado, después de casi seis años?

La licitación del Banco Unificado de Datos fue adjudicada en noviembre de 2013, a pocos meses de terminar el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Su implementación correspondía al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el que no consiguió ejecutarlo de manera óptima. Pareciera ser que no fue una prioridad para la administración anterior. Sin embargo, en el actual gobierno del Presidente Piñera hemos visto grandes avances tecnológicos, reglamentarios y de coordinación de las instituciones participantes del BUD, lideradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que estamos seguros permitirán que funcione con eficiencia.

El que las instituciones no entreguen la información que se requiere, o entreguen información muchas veces incompleta o errónea, ¿perjudica esta puesta en marcha? ¿Hay un problema de voluntad por parte de las policías, el Ministerio Público y Gendarmería?

Es evidente que existía un problema de voluntad y de liderazgo. Actualmente, hemos sido testigos de un trabajo coordinado y conjunto de las instituciones.

 

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