Desde este viernes, el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos permanecen en prisión preventiva, luego de la resolución adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

La diferencia está en los recintos penitenciarios donde ambos imputados cumplirán la medida cautelar: mientras Lavín León ingresó al Anexo Capitán Yáber, Domínguez Vallejos quedó recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile confirmó que “dando cumplimiento a su mandato legal” recepcionó a ambos imputados, agregando que “el tribunal competente, conforme a las facultades legales establecidas en el Decreto Ley Nº 2.859 y en los artículos 12 y 13 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, ordena el ingreso a los citados recintos penales, los cuales condicen con la clasificación y segmentación de los imputados”.

La institución además precisó que “ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud”.

La medida cautelar fue decretada este viernes por el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, quien acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente tras considerar acreditada la participación de ambos en los delitos investigados.

En el caso de Lavín León, el Ministerio Público lo imputó como autor de delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos que habrían sido cometidos entre 2015 y 2026.

Respecto de Domínguez Vallejos, quien se desempeñó como asesor del exparlamentario, la fiscalía le atribuye participación en delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, hechos que se habrían extendido entre 2015 y 2025.

En su resolución, el juez sostuvo que existen antecedentes suficientes para dar por acreditada la participación de ambos imputados en todos los delitos expuestos por la fiscalía.

Asimismo, argumentó que la prisión preventiva se justificaba debido a “la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel”.

El magistrado añadió que, de ser condenados, los imputados “no tendrían posibilidad de penas alternativas”, concluyendo que “la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad”.

La investigación se enmarca en una causa que indaga presuntas irregularidades y delitos económicos asociados al ejercicio de funciones parlamentarias y al manejo de recursos públicos, pesquisa que continúa siendo desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.