El cambio climático ha dejado de ser un tema lejano para convertirse en una realidad ineludible, y su impacto se manifiesta en diversas formas a lo largo de Chile. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que las políticas públicas no están suficientemente preparadas para enfrentar esta amenaza.

Es por eso que los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre y César Gamarra publicaron el estudio Índice de Riesgo al Cambio Climático (IRCC), el cual advierte que Chile enfrenta una exposición particularmente alta a los impactos del cambio climático, con efectos directos sobre el bienestar, la salud y las oportunidades de desarrollo de su población.

El aumento sostenido de los incendios forestales, las sequías prolongadas, las olas de calor y la mayor frecuencia de aluviones no solo constituyen amenazas ambientales, sino que también profundizan desigualdades sociales preexistentes, afectando de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables que suelen residir en zonas de mayor riesgo y que cuentan con menores capacidades de adaptación y recuperación tras los desastres.

“Lo que nosotros observamos es que el riesgo al cambio climático es una variable que no se está considerando en los subsidios sociales”, destaca Eyzaguirre.

Chile, conocido por su alta exposición a desastres ambientales, presenta un conjunto de desafíos que requieren atención inmediata. “Estamos viendo lo que está pasando con los incendios, que es terrible, y ese riesgo muchas veces no se incorpora en la planificación territorial”, lamenta la investigadora.

El documento subraya que, pese a esta realidad, Chile no dispone actualmente de un índice oficial de riesgo al cambio climático que permita complementar los instrumentos utilizados en el diseño de políticas sociales y territoriales. Para subsanar esta brecha, el estudio propuso la creación de un Índice de Riesgo al Cambio Climático (IRCC), construido a partir de datos georreferenciados del Atlas de Riesgo Climático (ARClim) del Ministerio del Medio Ambiente.

Los autores desarrollaron dos prototipos de índice, ambos a nivel comunal, que consideran cuatro dimensiones clave: seguridad hídrica, inundaciones, incendios forestales y olas de calor. Mientras uno de ellos mide el riesgo histórico acumulado, el otro evalúa el cambio proyectado del riesgo hacia el futuro, permitiendo observar tanto la situación actual como la evolución esperada bajo escenarios de aumento de temperatura.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el riesgo climático no se distribuye de manera homogénea en el territorio. El índice histórico muestra que el norte del país y el valle central concentran los niveles más altos de riesgo. En el norte predominan los efectos asociados a la escasez hídrica y las altas temperaturas, mientras que en la zona sur se intensifican los riesgos vinculados a incendios forestales y olas de calor. El valle central, en tanto, enfrenta una combinación particularmente crítica de sequías, temperaturas extremas e incendios.

Por su parte, el índice de cambio proyecta un aumento del riesgo climático en todas las comunas del país, producto del alza generalizada de las temperaturas, siendo la zona central la que experimentaría el incremento más agresivo, precisamente donde se concentra la mayor parte de la población nacional.

Las comunas más expuestas

El cruce del IRCC con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) permitió identificar un grupo de 58 comunas que enfrentan una “doble carga”: altos niveles de pobreza multidimensional y un alto riesgo climático simultáneamente. Estas comunas, ubicadas mayoritariamente entre las regiones de Atacama y O’Higgins, concentran cerca de 4,15 millones de habitantes, equivalentes a un quinto de la población nacional.

Se caracterizan por ser principalmente urbanas, registrar una mayor proporción de población extranjera y presentar ingresos autónomos del hogar significativamente más bajos que el promedio nacional. Pese a ello, reciben, en promedio, un subsidio per cápita inferior al de otras comunas con menor riesgo climático y menor pobreza, lo que evidencia una posible ineficiencia en la asignación de los recursos públicos al no considerar la dimensión ambiental del riesgo.

Según destaca Eyzaguirre, entre las comunas que caen bajo esa doble carga figuran Calama, Mejillones, Caldera, Chañaral, La Higuera, y también en la zona central, Colina, Lampa, La Granja, Independencia, La Pintana, San Bernardo y Puente Alto. “Son comunas que tienen un porcentaje alto de personas vulnerables, por una parte, y por otra concentran altos riesgos climáticos, como altas temperaturas y sequía. Lo que hace este índice es combinar la exposición o la amenaza a los cambios climáticos con sus capacidades para reaccionar a estas condiciones de alto riesgo”, describe.

Además añade que, según el hallazgo que hicieron, las comunas más vulnerables tienen menos condiciones o capacidades adaptativas para poder mitigar los efectos que implica el cambio climático, describe la investigadora.

El estudio también revela que la correlación estadística entre el riesgo climático y la pobreza multidimensional es baja, lo que obliga a ser cautelosos frente a la incorporación directa de indicadores de riesgo climático dentro del IPM. Sin embargo, lejos de restarle relevancia, esta baja correlación demuestra que el IRCC agrega valor informativo, ya que permite identificar vulnerabilidades que no quedan reflejadas en las mediciones tradicionales de pobreza. En ese sentido, el riesgo climático aparece como un factor transversal que afecta tanto a poblaciones de bajos recursos como a grupos que no califican como tales según los criterios de la encuesta CASEN, pero que igualmente enfrentan amenazas significativas para su bienestar futuro.

Entre las conclusiones del informe, los autores enfatizan la necesidad de que Chile cuente con un índice oficial de riesgo al cambio climático, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y supervisado por un consejo de expertos que valide su metodología. Este indicador debiera actualizarse anualmente, considerando que los datos ambientales se renuevan con alta frecuencia, y revisarse metodológicamente para incorporar avances tecnológicos y científicos. Asimismo, el IRCC debiera transformarse en un insumo para las políticas sociales y territoriales, integrándose a la batería de instrumentos de ministerios clave como Desarrollo Social y Familia, Agricultura, Interior, Obras Públicas, Vivienda, Economía y Medio Ambiente.