Ley de aborto: auditoría revela graves fallas en atención de paciente

Una serie de fallas en la atención que brindó el servicio y en el cumplimiento de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, determinó la auditoría realizada al Hospital de Quilpué, tras el caso de la paciente Fernanda Sandoval (25), quien denunció que la objeción de conciencia del personal puso trabas a la concreción de su aborto, pese a reunirse las condiciones.

La joven llegó con un sangrado al centro asistencial, la madrugada del 6 de abril. Tenía mucho dolor y un embarazo de 14 semanas, calificado como complejo, debido al dispositivo intrauterino que tenía. Tras sufrir varias complicaciones, la joven solicitó en varias ocasiones la interrupción del embarazo por la segunda causal, de inviabilidad fetal, lo que en primera instancia le fue negado por un médico que se reconoció como objetor de conciencia y quien argumentó, según la auditoría, que no existía "indicación de interrupción". Desde la mañana siguiente, pidió en tres ocasiones la interrupción, que le fue negada. Eso, hasta pasadas las 15.00, cuando se produjo un cambio de turno y fue revisada por un profesional no objetor, quien aprobó dar curso al procedimiento de interrupción del embarazo, mediante el uso de fármacos.

Un día después, y habiendo recibido solo la primera dosis, la mujer abortó. Por su condición, sin embargo, se determinó que requeriría un vaciamiento en pabellón. Y ahí nuevamente se encontró con personal objetor de conciencia, lo que retrasó el procedimiento.

La joven, presentó reclamos tanto en el hospital como en el Servicio de Salud, por incumplimientos de la normativa, lo que se constató en las auditorías de ambos organismos.

Así, los hallazgos de la indagación, a cargo del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, arrojaron que "no estaba protocolizada la atención por Ley IVE en el Hospital de Quilpué", y que "la capacitación del personal era insuficiente al respecto, en maternidad y pabellón". Además, se constató que, una vez iniciado el proceso de interrupción con fármacos, "al día siguiente hubo dudas respecto de continuar indicación de misotrol, a pesar de que esta indicación estaba registrada en la ficha", y que "no se consideró el traslado de la paciente a otro centro de salud, por médico objetor de conciencia".

Del mismo modo, se constataron incumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y del decreto que regula el uso de la ficha clínica, dado que hubo "algunos registros clínicos incompletos, letra ilegible, hojas sin fecha ni hora, no hay registro de algunos hitos relevantes de la atención".

Entre las recomendaciones que hizo el servicio al hospital, se estipuló que se debía protocolizar la atención, completar las capacitaciones del personal de la maternidad y del pabellón, y que se debía "velar porque los objetores de conciencia se distribuyeran en diferentes turnos", así como asignar suplentes responsables y regular el traslado de pacientes. También definir cómo se iba a resolver la objeción "dado que en la causal tres tiene 81% de objetores en la maternidad".

Aún afectada por la situación, Fernanda dijo esperar que "estas auditorías se reflejen en medidas concretas" (ver entrevista).

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, organismo que asesora a la joven, manifestó que "las auditorías son contundentes respecto de las medidas que plantean y al constatar que existieron problemas claros de información". Agregó que "la atención brindada y los tratamientos indicados por los profesionales objetores fue muy distinta a la definida por los no objetores. Por ello, la paciente y cualquier persona entiende que la objeción de conciencia impacta en la atención recibida".

Desde el Servicio de Salud, en tanto, indicaron que los hallazgos de ambas auditorías "dieron paso una serie de medidas de mejora en la implementación de la ley, las que han permitido entregar a nuestras pacientes una atención oportuna e integral".

A casi un año de la promulgación de la Ley de Aborto, el Ministerio de Salud contabiliza, haste el 13 de agosto, 493 casos en los que se configuró alguna de las tres causales y en las cuales, mayoritariamente (445), las pacientes optaron por interrumpir los embarazos. Al respecto, el ministro Emilio Santelices aseguró que "el Minsal puede dar la certeza que estamos haciendo todos los esfuerzos y nuestro compromiso es para que efectivamente la población cuando requiera la atención de cualquier tipo y también atención acogida a la tres causales contará con un equipo que podrá resolver el problema de manera oportuna".