L a crisis por las licencias médicas golpea al Colegio Médico desde varios frentes. Todo partió con el informe de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia, dentro de los cuales hay casos de médicos, lo que tuvo en efecto inmediato en el corazón del gremio luego de que su vicepresidente, Iván Mendoza, renunciara al cargo tras admitir que su caso podría estar incluido en el informe fiscalizador.

La salida de la directiva del también jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Exequiel González fue un golpe duro e inesperado, incluso doloroso para varios de sus compañeros.

Pero luego vinieron más revelaciones: médicos que pidieron reposo en hospitales y fueron sorprendidos haciendo partos en clínicas privadas. Colegiados o no, las miradas se posaron de inmediato sobre la organización que preside Anamaría Arriagada, sobre todo porque un inserto pagado y publicado hace poco más de un mes en El Mercurio para denunciar el enfoque del gobierno en la fiscalización de licencias médicas se devolvió como un boomerang. En esa publicación, el Colegio afirmaba que este control se hacía “sin las garantías mínimas de transparencia y defensa para las y los profesionales afectados”, exigiendo a la autoridad, entre otras cosas, “la suspensión inmediata de las fiscalizaciones”. Veintisiete días después, las miradas estaban sobre ellos al haber varios médicos, incluso algunos colegiados, que aparentemente hicieron mal uso de estos reposos.

Con todo, al interior del gremio defienden la publicación del inserto, aunque algunos admiten que, de haber sabido con antelación las revelaciones que haría la Contraloría, habrían manejado su difusión de otra manera y en otro tono. Aun así, sostienen que el escrito apuntaba a denunciar las falencias administrativas en los procesos de fiscalización y no a justificar ni encubrir los casos en que se ha infringido la ley.

A pesar de esto en la interna de la organización son conscientes de que esto ha tensionado la imagen pública del Colegio Médico. Que un médico con licencias irregulares, aunque no esté colegiado, indefectiblemente será asociado a su entidad, que, por cierto, también cuenta con casos cuya cantidad se está consolidando.

Todas las revelaciones dejaron al Colmed en aprietos, donde en la interna reconocen que es momento de hacer un mea culpa respecto a la “naturalización del uso de licencias médicas”.

Y es que aunque históricamente el Colegio ha defendido el uso -legítimo- de estos permisos como una herramienta necesaria para la recuperación de los pacientes, también reconocen que ha habido prácticas cuestionables incluso en las propias huestes, con licencias emitidas entre colegas o sin una consulta previa. Esa permisividad —dicen algunos— terminó instalando una cultura que hoy les está pasando la cuenta.

También saben que deben seguir mirando hacia adentro y avanzar en una depuración interna. En esa línea, Arriagada afirma que “como primera medida de esta estrategia se ha oficiado al Ministerio de Salud y también a la Contraloría para así conocer los datos de los médicos que están implicados en estas situaciones”, y, de ese modo, poder derivarlos a procesos en los tribunales internos de ética, donde la máxima sanción es la expulsión del colegio. A esa instancia llegará Mendoza, quien además espera ser notificado de un sumario en su hospital.

Otras medidas

Ante el impacto que han generado los casos conocidos, en el Colmed definieron una estrategia para abordar el tema y dar señales hacia dentro y hacia afuera.

“Ante esta situación tan grave por supuesto hacemos una autocrítica y por eso queremos decir con franqueza y con fuerza que nunca hemos amparado el fraude y que no tendremos medias tintas, ni usaremos ningún resquicio, sino enfrentar este problema con toda la fuerza con la que haya que hacerlo. Por el bien, en primer lugar, de los pacientes, en segundo lugar, de la confianza, y en tercer lugar, de nuestra profesión”, afirmó Arriagada esta semana, en una instancia donde enumeró las medidas que tomarán para hacerle frente a lo que ellos mismos han definido como crisis.

Además de ir tras los médicos colegiados que son parte de los que están en la mira de Contraloría, establecerán una mesa de trabajo en conjunto con la Suseso, Compin, Consejo de Defensa del Estado y Fiscalía, y armarán una comisión de expertos, a quienes han invitado en otras crisis, con nombres como expresidentes del gremio y sociedades científicas. “Vamos a ser convocantes para incorporar sus sugerencias porque vamos a presentarle al país una propuesta de reforma profunda al subsidio de incapacidad laboral”. 

Además, la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, revela que en paralelo se querellarán contra un grupo reducido de especialistas: 11 médicos que durante 2024 emitieron más de 6.400 permisos.

“Nos importa que esto se investigue, porque hoy existe una sensación de impunidad: no ha habido sanciones ni un trabajo significativo contra el fraude. Y ese es uno de los focos que tenemos hoy. El trabajo con Fiscalía apunta a eso: vamos a firmar un convenio antifraude y a establecer una instancia que nos permita tomar medidas concretas”, explica.