“Esto será una cacería de brujas”.

Con algunos matices, la idea resuena en casi todas las instituciones que poseen alguno de los 25.078 funcionarios públicos identificados por Contraloría viajando al extranjero en medio de una licencia médica.

Y es que, a la instrucción del ente fiscalizador a cada una de las 788 reparticiones de iniciar sumarios, luego vino un ultimátum del gobierno, justo ad portas de la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric: el ministro Mario Marcel (Hacienda), cuya cartera quedó a cargo de dirigir el Comité Nacional de Ausentismo para fiscalizar las licencias, instruyó iniciar esos sumarios en un máximo de 72 horas una vez recibieran la nómina de funcionarios en la mira. “También se fija un plazo para informar del avance de los mismos”, explicó. En el oficio de Hacienda se señala que son 30 días para ello.

Con el avance de los días también ha quedado clara la estrategia de La Moneda para hacerle frente a la crisis que, a toda costa, quieren evitar que salpique la cuenta pública del próximo domingo. Y ahí el rol de Marcel ha sido más activo que el del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, toda vez que este es visto como un problema presupuestario. Mientras, la gestión política y de control de crisis, cuentan en los pasillos de Palacio, recae en la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry; el director de la Secom, Pablo Paredes, y el propio Elizalde.

Ellos han tenido reuniones operativas en las que han definido reaccionar “lo más rápido posible”, según revelan conocedores de esas conversaciones. Y es que la cuenta pública a la vuelta de la esquina sólo ha acelerado esta idea de mostrarse resolutivos, todo con miras a la búsqueda de no “manchar” la última vez de Boric.

En tal sentido, se ha apuntado a difundir la instrucción del plazo de 72 horas impuesto por Marcel, planificar sus salidas comunicacionales estableciendo un tono categórico, afirmar el carácter institucional del problema y que atraviesa a todo el sistema público, así como que la institucionalidad de las licencias es vulnerable a vacíos legales.

Pero también que la presente crisis no es atribuible a la gestión de este gobierno, sino que fue en la pandemia cuando explotaron estas prácticas.

“Considerando que el total de licencias hoy día es algo más de 30 días promedio, que significa un aumento del 40% al 50% respecto a la situación previa de la pandemia”, dijo en Radio Duna, detallando que en términos de recursos “son alrededor de US$ 300 millones, lo que equivale a esos 10 días de licencias en excesos a la situación previa a la pandemia”. Esto lo calificó de “abuso”, aunque señaló que también se ve en el sector privado.

A más de 1.000 kilómetros de distancia durante su visita a Puerto Varas para monitorear la afectación de un tornado que golpeó a la ciudad el domingo, el Presidente Boric abordó por primera vez el tema desde que estalló. “La postura del gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”.

“Lo primero es que se ha ordenado que a todos quienes hayan sido identificados realizando esta práctica se les tienen que realizar sumarios con la mayor severidad. Y yo, por supuesto, también soy partidario, y tengo la convicción de que siguiendo el debido proceso, que hay muchos de ellos que debieran ser destituidos”, enfatizó.

Los intentos de contención son tales que el tema también había sido discutido en el comité político ampliado de la mañana, instancia en la que el gobierno explicó las medidas que se están tomando para enfrentar la crisis. Según presentes, La Moneda habría apuntando a que la mayoría de los casos se concentra en los municipios.

La tensión

Lo cierto es que los listados de los nombres bajo la lupa comenzaron a llegar a fines de la semana pasada y este lunes eso seguía ocurriendo. Marcel detalló que, apartando municipios, eran casi 40 los que todavía no tenían la información.

“Se le hizo llegar a la Subsecretaría de Bienes Nacionales el listado el 23 de mayo, mismo día en que se instruyó el proceso administrativo disciplinario para tratar todos los casos del ministerio”, explicaron desde Bienes Nacionales, donde ya se constituyó el comité local de ausentismo.

Pero independiente de tener o no el listado, la sensación es una sola en prácticamente todas las instituciones involucradas: nerviosismo y expectación.

La semana pasada, apenas explotado el caso, en el Mineduc, donde residen las dos instituciones con más funcionarios apuntados -Junji, con 2.280, y Fundación Integra, con 1.934-, además de 44 funcionarios de alguna de las reparticiones de la cartera, hubo una reunión entre los gabinetes que conforman el ministerio para ver cómo abordar el asunto.

Por otro lado, en varios hospitales ya trabajan en los sumarios incluso antes de que llegaran los listados. El Hospital San José informó que ya recibió el oficio. “Se trata en total de 145 personas, quienes entre todos contabilizan 203 viajes fuera de Chile”, señalaron. En el Hospital Exequiel González Cortés, en tanto, los equipos administrativos están abocados casi al 100% a esta tarea, toda vez que su plazo para iniciar los sumarios culmina este martes. “Estamos todos corriendo”, cuentan en la interna.

En otras instituciones ya se han empezado a dar casos de personas que aseguran que nunca salieron de Chile, pero figuran entre los apuntados. Otras en que el número no les calza o que hay personas que ya no trabajan allí. Esto ha provocado tensión, porque se espera que la PDI rectifique antes de que empiecen los sumarios.

En el mundo de los médicos también abunda el temor, pero con más fuerza en un grupo en particular: el de los ginecólogos, luego de que 250 de ellos fueran sorprendidos realizando partos en clínicas privadas mientras tenían licencia en su hospital.

Este lunes Marcel aseveró al respecto que ya se han desarrollado acciones con los servicios públicos, pero particularmente en el caso de los de Salud, donde dijo existían cerca de 1.200 sumarios antes del informe de Contraloría y ahora se han incluido los nuevos apuntados.

La búsqueda y teorías sobre quiénes son los funcionarios en la mira abundan en las instituciones. Por ejemplo, voces al interior de Carabineros, donde este lunes amanecieron sin el listado oficial, creen que todos sus casos son civiles contratados. Por su parte, en el Ejército aseveran que iniciarán un proceso de revisión del personal mencionado en el informe “con la finalidad de determinar responsabilidades individuales y adoptar medidas administrativas”.

En la Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto, el nerviosismo no es tanto porque tienen solo dos personas involucradas, a las cuales ya se les inició el sumario. Mientras, en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas aseveran que ya constituyeron el comité local de ausentismo y que por instrucción de la ministra Delpiano será el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, quien asuma la coordinación y seguimiento. Asimismo, ya iniciaron los procesos sumariales.

Municipios

Más de 300 municipalidades del país -o sus corporaciones- se vieron salpicadas por la polémica. Los llamados entre alcaldes abundan para ver qué está haciendo cada uno. Un grupo de ellos anunció un conjunto de “drásticas medidas”, entre ellas la presentación de querellas y la exigencia de restitución de dineros.

El grupo conformado por Iglesias (Independencia), Palacios (La Reina), Bown (San Miguel), Valenzuela (Colina), Sichel (Ñuñoa) y Olave (Isla de Maipo) solicitará, además, que la investigación se amplíe hasta 2020.

Pero la preocupación también llegó hasta el Congreso, que no ha sido objeto hasta aquí de las informaciones dadas a conocer por la Contraloría.

Por el lado de la Cámara hubo una reunión el jueves entre el presidente, José Miguel Castro (RN), y el secretario general, Miguel Landeros, para activar un proceso sumarial para detectar casos. Si hay, habrá sanciones legales y de la corporación.

En el Senado, en tanto, se realizará una investigación que abarcará 2023 y 2024. En caso de detectarse irregularidades se instruirán sumarios administrativos y se evaluarán acciones legales.