En medio de su última Conferencia de las Partes (COP) como ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas dice estar despidiéndose de ser gobierno con la convicción de haber consolidado una hoja de ruta ambiental que trasciende a su administración.

Defiende los avances alcanzados en materia climática, como la implementación de la Ley Marco y la actualización de la NDC -los compromisos del Acuerdo de París que regirán al país hasta 2035- presentadas por el Presidente Gabriel Boric en el Encuentro de Líderes que se realizó este jueves y viernes en Belém do Pará, en pleno corazón del Amazonas en Brasil.

La ministra participó activamente de las negociaciones en el marco de la COP30, donde los representantes de todo el mundo se juntan para deliberar sobre cómo frenar el cambio climático. Rojas co-lideró, junto a Australia, la mesa de negociación sobre el Plan de Acción de Género.

“Prácticamente todos los países del mundo participan, y tiene que ser así porque este es un problema global que ningún país puede solucionar solo”, dice la secretaria de Estado.

Pero la ministra también encarna una paradoja incómoda para el país: es una de las voces más respetadas en los foros internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, pero a la vez una de las más resistidas por los gremios empresariales y algunos sectores del Congreso. Sus críticos la acusan de representar la “permisología” que frena la inversión; ella, en cambio, reivindica una modernización del Estado que busca dar certezas a la industria y proteger la biodiversidad. En ese equilibrio -entre la presión por crecer y la urgencia por cuidar- se juega gran parte del legado ambiental de este gobierno.

¿Cuánto pesa en la discusión el hecho de que Estados Unidos no enviara funcionarios de alto nivel y que está en proceso de salir del Acuerdo de París?

Esta es la segunda vez que EE.UU. se sale del Acuerdo de París, pero también vemos que el mundo sigue avanzando, y que dentro de Estados Unidos muchos de los estados siguen comprometidos con sus acciones.

¿Cuál es el legado ambiental de este gobierno?

Promulgamos la Ley marco de cambio climático el 2022, así que nos ha tocado durante todos estos años implementarla. Y el resultado que resume toda esa implementación es la NDC. Estos son nuestros compromisos, aquí está la ambición de Chile, la hoja de ruta de desarrollo del país por los próximos 10 años.

Este gobierno partió con una impronta marcada por premisas basadas en lo científico, pero de alguna forma esto se tuvo que ir moldeando según los proyectos que se fueron desarrollando.

Efectivamente, el gobierno comienza declarándose como el primer gobierno ecologista del país. La Estrategia Nacional del Litio, por ejemplo, es evidentemente una estrategia productiva. Pero es una estrategia que tiene que ver con el cambio climático que tiene otros objetivos también, por ejemplo, dos objetivos ambientales, en los cuales el 30% de los salares van a ir a protección.

¿Le incomodó cuando el gobierno firmó el TPP-11? Usted no estaba de acuerdo.

El gobierno de Chile tiene tratados de libre comercio y la gran mayoría de ellos tienen capítulos medioambientales y han sido importantes para el país. Somos parte de la Convención Marco Cambio Climático, parte de la Convención de Biodiversidad, entramos al tratado de Escazú, ha venido de la mano muy importantemente cuando Chile entra a la OECD y también tiene una manifestación en los tratados de libre comercio, incluyendo el TPP-11, asegurando que el desarrollo del país sea en armonía con el cuidado medioambiental.

¿De alguna forma cree que estas negociaciones de proyectos con otros intereses han hecho que el gobierno pierda fuerza en materia medioambiental?

Creo que las estrategias productivas importantes para el país deben hacerse con el cuidado medioambiental. Por ejemplo, en el caso de la Estrategia Nacional del Litio, ha pasado por consulta indígena. Ha sido bien central el hecho de que esas comunidades han visto que aquí hay un compromiso de protección.

¿Teme que un próximo gobierno de oposición pueda retrotraer muchos de estos acuerdos?

Quisiera ser bien enfática: negar el cambio climático es una mentira y es poner en peligro nuestra propia sobrevivencia en el planeta. Y a mí, como científica y como ministra del Medio Ambiente, me parece grave. Me parece preocupante de que a nivel nacional, donde históricamente hemos tenido un consenso bien amplio, han habido voces en el debate público que niegan el cambio climático, que hacen eco de noticias falsas y que ahora también anuncian que nos vamos a salir de estos tratados. Hoy en día el país tiene una institucionalidad fuerte, que es la ley. Y esa ley la hemos implementado de una manera robusta. Yo espero que esa política se mantenga firme en un próximo gobierno, sea cual sea el signo político que tenga.

A lo largo de este gobierno le ha tocado recibir críticas de la oposición e incluso del oficialismo por considerarla símbolo de la “permisología”. ¿Considera efectivamente excesiva la burocracia?

La ley de permisos sectoriales se hace cargo y significa una modernización del Estado muy significativa. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema que funciona con ventanilla única, que tiene plazos, que tiene reglas claras. Y todos los otros permisos, que son los sectoriales, no tenían ventanilla única, no tenían plazo, había que ir uno por uno a buscarlos. Va a ser muy relevante para el país en términos de organización.

El exministro Marcel dijo en su momento que “las regulaciones y los permisos deberían apuntar a ayudar a que las inversiones se hagan con respeto al medioambiente, más que dificultarlas”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa a la cartera que lidera. ¿Cree que ha obrado así, dificultando?

Quisiera dar un ejemplo. Hace poco el Ministerio de Minería estaba celebrando que la Comisión de Evaluación de Atacama había aprobado el proyecto de modernización de una fundición de cobre de Enami, y que se había hecho en tiempo récord. Significa que ese proyecto logró demostrar que cumplía no solamente con la regulación ambiental en general del país, sino que además en una zona que está con altos niveles de contaminación, donde los proyectos tienen que demostrar aún más de que se hacen cargo de esa situación. Un buen proyecto pasa de manera exitosa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Pero hace poco el director de la Sonami dijo, pro ejemplo, que la propuesta de sitios prioritarios intentaba castigar el extractivismo.

Entendiendo que existan dudas, de que hay que hacer estas cosas con diálogo, de que es bueno aclarar la incertidumbre, nosotros hemos estado disponibles para dialogar de una manera muy directa con todos los gremios y con la pequeña y mediana minería. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Es importante dejar en claro que sitios prioritarios no son áreas protegidas, es un instrumento que tiene como propósito la planificación territorial, que incluya el valor ecológico de estos sitios. Hemos hablado harto de cambio climático, pero también estamos viviendo una crisis de pérdida de biodiversidad, lo que significa en palabras muy concretas que las especies se están extinguiendo.

¿No está comprometida entonces la actividad productiva dentro de esos sitios prioritarios?

Las actividades que hoy en día existan dentro de esos territorios van a seguir existiendo.

¿Qué hará después de que finalice este gobierno?

En este momento estoy concentradísima con terminar el mandato. Además, soy académica de la Universidad de Chile, así que a partir de marzo del próximo año vuelvo a mis actividades docentes.