Uno de los puntos del discurso inaugural del año judicial de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, que más ha generado debate ha sido el referente a la propuesta de conformar una mesa de trabajo para fijar un mecanismo para fiscalizar la calidad ética de los abogados.

La idea había sido tema de conversación en la interna de los organismos que componen el sistema de justicia y también en círculos de abogados.

Entre quienes han abordado temprana y públicamente el asunto está Matías Insunza, profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y también consejero del Colegio de Abogados. En esta entrevista, en la que dice que habla a título personal, insiste en que es absolutamente necesario promover un mecanismo para despojar del título de abogado a quienes cometan faltas gravísimas.

¿Qué le parece la propuesta de la presidenta Gloria Ana Chevesich sobre buscar maneras de fiscalizar la calidad ética de los abogados?

El discurso inaugural de la presidenta es muy destacable por varios puntos. Lo primero es el lugar, ella utilizó el pasillo central o la nave central del edificio del Palacio de los Tribunales, lo que es algo particularmente relevante porque usualmente se ocupa la sala de pleno, pero en esta oportunidad se hizo una invitación mucho más amplia. Lo otro que es muy importante es que es la primera mujer en llegar a la presidencia de la Corte Suprema y por lo tanto eso nos tiene que llenar de orgullo. Y sus palabras fueron elocuentes porque relevó aspectos esenciales relativos a la crisis que está viviendo la justicia en nuestro país. En mi opinión uno de los puntos esenciales del discurso radica en el llamado de atención que efectúa la presidenta respecto del estándar ético de los abogados porque ella hace referencia a las exigencias que el Código Orgánico de Tribunales establece para que la Corte Suprema pueda otorgar el título de abogado.

¿Es necesario hacer revisiones posteriores respecto de estos profesionales?

Absolutamente, es algo que yo venía insistiendo hace un tiempo. Si hay exigencias en el Código Orgánico de Tribunales en línea con establecer antecedentes de buena conducta para conceder el título, pero no para impedir que aquellos que durante su ejercicio profesional cometan actos gravísimos, como los que hemos ido conociendo, estamos ante una paradoja compleja. Hay personajes que cometieron actos gravísimos y siguen ejerciendo como abogados. Eso es inaceptable. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es si corresponde que se establezcan sanciones que permitan, eventualmente, que abogados puedan perder su título o ser inhabilitados por cuestiones éticas.

¿Cómo se regula esto en otros países?

Tanto en Estados Unidos como en Europa profesionales del Derecho que cometen actos gravísimos pueden perder su licencia para litigar en la barra, por ejemplo, en los sistemas anglosajones o la posibilidad de ejercer la profesión en los sistemas como España, Italia, Alemania y Francia. En esos países por cometer una infracción gravísima, tus pares del colegio profesional te pueden inhabilitar del ejercicio profesional, obviamente siempre con un control jurisdiccional. En Chile el sistema es extremadamente precario, pues las posibilidades que la legislación establece para poder suspender el ejercicio profesional son muy limitadas.

¿Ha sido siempre así en Chile?

En Chile el año 81 se terminó con la colegiatura obligatoria para los profesionales del Derecho. Producto de esta situación el Colegio de Abogados de Chile presentó una propuesta de reforma constitucional que lo que busca es permitir un control ético universal tanto para los abogados colegiados como para los no colegiados mediante un sistema que establezca que en los casos de mayor gravedad de infracción a los estándares éticos se permita la inhabilitación, incluso perpetua, del ejercicio profesional. La paradoja está en que bajo el modelo actual la mayor sanción que se puede aplicar es desafiliarlo del colegio, pero la persona puede seguir ejerciendo la profesión. Eso no resiste ningún análisis.

¿Qué opciones para fiscalizar debiesen existir?

La mejor forma de poder resolver esto, a mi juicio, es entregar a los pares el análisis de los estándares éticos de los profesionales que ejercen su labor y siempre con las posibilidades de reclamar frente a la judicatura. Nosotros tenemos pensado una estructura que no solamente abarque a los abogados sino que a todos los profesionales. Es decir, ser evaluado por profesionales del área que conozcan del tema con posibilidades de luego ir a la judicatura.

O sea siempre con la posibilidad de apelar en sede judicial.

Exactamente. Esa es la figura que se está proponiendo, que sean los colegios profesionales los encargados de tener tribunales éticos que sean compuestos por personas de reconocido prestigio que puedan analizar los casos y en los casos gravísimos poder inhabilitar el ejercicio profesional, pero siempre con posibilidades de recurrir a la justicia para revisar estas situaciones.

¿Por qué no han sido suficientes los mecanismos de control que existen actualmente?

Muchos abogados creen que el estándar ético es el Código Penal y cuando esa es la mirada, tenemos un grave problema. Porque una cosa es la comisión de hechos delictuales, que por supuesto van a ser infracciones éticas, pero hay muchísimas infracciones éticas que no son hechos delictuales y que son muchísimas de ellas muy graves. La presidenta no solamente se refirió a los estándares éticos, sino que también a la calidad de los abogados, haciendo un llamado a mejorar el actual sistema. Ella hace un llamado de atención a que en Chile muchas facultades de Derecho son de escasísimo nivel, tienen bajísimos niveles, mínimas exigencias de ingreso de los estudiantes y también mínimas exigencias para quienes imparten la docencia. Esto es simplemente inaceptable.

¿Debería haber gradualidad en la sanción para que no todo signifique, eventualmente, perder el título?

Exacto, todo esto tiene que estar debidamente ponderado mediante los procedimientos correctos y con los antecedentes probatorios que así lo ameriten y establecer mecanismos tanto de investigación objetiva y de sanciones proporcionales, llegando obviamente en los casos gravísimos a las inhabilitaciones.

¿Estos cambios requieren una reforma legal profunda?

El Colegio de Abogados formuló una propuesta de reforma constitucional muy breve, que establece que son los colegios profesionales los que se van a encargar del resguardo y la custodia del control ético, con posibilidades de sanciones que puedan llegar incluso a la inhabilitación. Esa propuesta de reforma es una reforma sencilla, simple, y yo espero que el próximo gobierno la pueda apoyar y el Congreso pueda analizarlo. Mantenernos en la situación actual es simplemente inaceptable y es contrario a toda nuestra historia republicana hasta el año 80 e incluso contrario a todos los sistemas internacionales que nosotros conocemos.