El proyecto de ley de reconstrucción ingresado este martes al Congreso por el Ejecutivo plantea una arquitectura financiera que combina gasto fiscal directo, incentivos tributarios y activación de inversión privada para enfrentar, entre otras cosas, los efectos de los incendios que golpearon al país en 2026, particularmente en Ñuble y Biobío.

Anterior al anuncio, fue el mismo ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien remarcó la urgencia de aumentar el financiamiento. “Uno no puede financiar la reconstrucción con recursos regulares porque es un evento catastrófico, inesperado, y obviamente no es regular. Por lo tanto, siempre se hace. Así que nosotros esperamos que se apruebe para poder reconstruir”, señaló Poduje en una entrevista con radio Duna.

La iniciativa fija como base un aumento del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, que eleva su techo hasta $ 1,2 billones -casi USD 1.400 millones-, recursos destinados principalmente a vivienda e infraestructura dañada. Con ese marco, el Ejecutivo proyecta la reconstrucción de 4.429 viviendas, en un escenario marcado por más de 42 mil hectáreas quemadas y miles de familias afectadas en los últimos incendios que se cobraron la vida de 21 personas.

Pero el corazón del financiamiento no está solo en ese gasto directo. El proyecto introduce una serie de mecanismos extraordinarios de recaudación con el objetivo de generar liquidez en las arcas fiscales en el corto plazo, pero sin aumentar impuestos permanentes.

En paralelo se incorpora una rebaja del 50% al impuesto a las donaciones, con el objetivo de incentivar aportes privados a la reconstrucción, junto con facilidades de pago y condonaciones para deudas tributarias y municipales, orientadas a aliviar la situación de familias y pymes afectadas.

El diseño refleja una apuesta más amplia. La propuesta del gobierno dice buscar financiar la reconstrucción no solo vía presupuesto, sino a través del incentivo del crecimiento económico y de la atracción de capitales.

A ello se suma un paquete orientado a acelerar la ejecución de proyectos, mediante la reducción de plazos administrativos, simplificación de tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental y límites a la judicialización. Todo esto, bajo el diagnóstico de la administración de José Antonio Kast de que la llamada “permisología” ha frenado inversiones clave.

Otro de los focos de esta reforma está en la construcción de viviendas siniestradas, considerada crítica para la reconstrucción habitacional. El proyecto propone una exención temporal de IVA para viviendas nuevas, además de incentivos tributarios para propiedades DFL2, con el objetivo de reactivar un sector que arrastra una caída sostenida desde 2019.

Comunas afectadas

Desde las comunas golpeadas por los incendios los alcaldes han puesto el acento en la urgencia de los recursos y la dimensión de la catástrofe.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera (ex UDI), hace un llamado al Congreso para que se apruebe el proyecto con sentido de urgencia. “Esto no es un gallito de un bando o el otro. Son chilenos patriotas que lo perdieron todo”, expresa.

El jefe comunal advierte también que la magnitud del daño exige definiciones rápidas. “Más de 3.540 hogares que están totalmente destruidos. Necesitamos los recursos para la reconstrucción. Sin este proyecto no hay reconstrucción”. Y además agrega que la reconstrucción “es un tema país, es un tema solidario y es un tema que a nivel mundial estamos en los ojos si somos capaces”.

Según Vera, el incendio ocurrido en Penco y Lirquén “es el más grande en la historia y uno de los 10 más grandes respecto al impacto que ha tenido la zona urbana y en las viviendas. Por lo tanto, no estamos hoy día para los gustitos, sino para reconstruir”.

En la misma región, el alcalde independiente de Tomé, Ítalo Cáceres, valora los avances parciales que ha tenido la reconstrucción, pero subraya la brecha pendiente. “Serviu ya ha entregado 16 viviendas definitivas, que hoy están en manos de las familias beneficiadas. Sin embargo, la magnitud de la tragedia es mucho mayor, ya que 526 viviendas fueron completamente destruidas”, asevera.

Cáceres también pone el foco en el financiamiento requerido. Alude que el ministro Poduje planteó la necesidad de contar con 500 millones de dólares para avanzar en la reconstrucción de la región del Biobío. “Valoro ese compromiso con nuestra comuna, porque es imprescindible seguir avanzando en esa línea”.

Asimismo, el edil advierte que existen situaciones aún no resueltas, como familias en proceso de regularización de sus terrenos. “Es fundamental que ellos también puedan acceder a bonos y apoyos para reconstruir sus hogares”. Y añade que el apoyo privado ha sido relevante, pero insuficiente, y considera fundamental que el gobierno continúe fortaleciendo las ayudas y beneficios.

A pesar de esto, desde Valparaíso, comuna que en el pasado ha debido enfrentar catástrofes similares, surgen reparos al diseño del proyecto, especialmente en su dimensión tributaria. La alcaldesa Camila Nieto (FA) cuestiona el equilibrio del plan. “Vemos con preocupación el anuncio de este megaproyecto de reconstrucción. Chile necesita crecer, pero también necesita recaudar más y distribuir mejor”.

Nieto sostiene que la iniciativa no cumple con ese objetivo y acusa que finalmente la propuesta es regresiva. “Reduce la carga a los que más tienen, mientras debilita la capacidad del Estado y de los municipios para responder a las necesidades de la ciudadanía”, remarca.

La jefa comunal agrega que desde las regiones se enfrenta una realidad distinta. “Por eso creemos que no es suficiente. Se requiere un esfuerzo que sea justo, equilibrado y que fortalezca, y no debilite, la acción del Estado donde más se necesita”, destaca.