El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, supervisó un allanamiento realizado por Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, en la Región de Ñuble, que dejó 40 armas blancas de fabricación artesanal y ocho teléfonos celulares incautados.

El procedimiento contempló la intervención de 282 internos y el despliegue de 94 funcionarios de Gendarmería, además de ocho ejemplares caninos encargados de revisar los módulos y dependencias del recinto.

“Estamos en el módulo 3 de la cárcel de Chillán, acompañando a Gendarmería de Chile, que constantemente está haciendo allanamientos, revisiones de celdas, y siguen saliendo teléfonos, estoques, cargadores y drogas a través de pelotazos que llegan a los techos”, afirmó el ministro.

Durante el allanamieto también fueron encontrados siete objetos contundentes, una botella con licor artesanal y tres envoltorios con sustancias aún no identificadas: uno contenía un material blanco y los otros dos, una sustancia vegetal verde. Los análisis correspondientes deberán determinar su composición.

Arrau recorrió el módulo 3 del establecimiento acompañado por el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda; el seremi de Seguridad Pública, Héctor Ponce, y la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Natalia Reyes.

Tras supervisar el procedimiento, el secretario de Estado señaló que los allanamientos buscan impedir la circulación de objetos prohibidos y reforzar el control al interior de los recintos penitenciarios.

El ministro sostuvo que estas fiscalizaciones deben complementarse con mejoras en “el plan de infraestructura, como mejorar efectivamente los medios con los que cuenta Gendarmería de Chile. Y en ese plan estamos”.

Arrau indicó que el fortalecimiento de Gendarmería forma parte del mandato del Presidente José Antonio Kast de respaldar a las instituciones policiales, incluida la encargada de la seguridad penitenciaria.

El procedimiento se enmarca en el plan operativo desarrollado por Gendarmería, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para reforzar las fiscalizaciones y dificultar que organizaciones criminales mantengan actividades desde el interior de las cárceles.