En el cierre del Seminario Internacional “Territorio y Orden Público: Liderazgo Local ante la Inseguridad”, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó el modo en que Chile ha enfrentado la seguridad en las últimas décadas, afirmando que el país “vive de la contingencia” y que esa lógica ha impedido consolidar políticas de largo aliento.

Cordero advirtió que, pese a tener cifras delictuales que se repiten en el tiempo, los gobiernos —incluso cuando son del mismo signo político— “interrumpen iniciativas y creen que la administración que llega tiene mejores ideas que la anterior”. A su juicio, esa dinámica ha impedido dar estabilidad a planes que requieren continuidad, como la persecución penal integrada, la coordinación interinstitucional y la intervención territorial sostenida. “Tenemos veinticinco años de programas que se cortan una y otra vez. Los problemas siguen siendo los mismos”, afirmó.

El ministro enfatizó que el país continúa reaccionando de manera fragmentada frente al delito y que la seguridad no puede seguir reducida a patrullaje y control policial. Apeló a avanzar hacia modelos basados en datos, evidencia y pertinencia territorial, señalando que “no es lo mismo una política nacional que una aplicada en una comuna o incluso en un barrio específico”.

Cordero ejemplificó esto con la relación entre infraestructura, urbanización y criminalidad, criticando que decisiones en materias como subdivisión predial o iluminación pública no consideren sus efectos en seguridad.

También apuntó a la falta de coordinación entre instituciones diseñadas para tareas distintas —como Aduanas o Impuestos Internos— que hoy deben integrarse a la persecución del crimen organizado. Aun así, destacó que las policías han logrado converger hacia un trabajo compartido: “Carabineros y la PDI hoy suman esfuerzos y comparten resultados, algo impensado hace años”.

Otro de los puntos críticos fue el sistema penitenciario, cuyo aumento acelerado de población privada de libertad calificó como “un efecto secundario de las políticas de seguridad que nadie quiere discutir”. Aseguró que el Estado está ausente en materia de reinserción y que “no tenemos capacidad infinita para seguir construyendo cárceles”.

El ministro subrayó además que los municipios deben asumir un rol central, tanto en prevención como en atención de víctimas y trabajo con jóvenes en riesgo, recordando que el 75% de los delitos cometidos por adolescentes ocurre en su propia comuna. “Los gobiernos locales son clave; la seguridad no se sostiene si no se articula con ellos”, dijo.

La jornada, que también contempla la exposición del exsenador Pablo Longueira en el panel “Seguridad Ciudadana: ¿Derecho o Privilegio?”, marca el final del seminario organizado por la ACHM en conjunto con AMUR y Amuch, instancia donde autoridades y expertos han coincidido en la necesidad de un sistema de seguridad con gestión integrada, resultados medibles y una mirada que trascienda la urgencia diaria.