El ministro de Seguridad, Luis Cordero, defendió durante la mañana de este martes la reforma a Gendarmería y la separación de la seguridad penitenciaria de la reinserción.

En conversación con Radio Universidad de Chile es que el titular de Seguridad abordó el proyecto apuntando que “dividir las competencias de control penitenciario con reinserción es muy relevante para que reinserción tenga una dimensión de política pública que pueda ser evaluada separadamente”.

Cabe recordar que con el proyecto ingresado, Gendarmería pasa a formar parte del ministerio de Seguridad, mientras que lo relacionado a reinserción se mantiene en el ministerio de Justicia.

“Es un mecanismo de peso y contrapeso de la política penitenciaria", añadió Cordero.

El ministro de Seguridad, además se refirió a la realidad carcelaria que se vive en el país apuntando que desde marzo del 2022 a la actualidad, la población penal pasó de 40 mil personas privadas de libertad a 63 mil.

“De las 16 regiones de nuestro país, 15 ya tienen sobrepoblación”, explicó, añadiendo que “es el incremento de personas privadas de libertad más alto que la historia penitenciaria ha tenido en nuestro país a la velocidad más rápida”.

Es así como mencionó que “por conveniencia o por convicción, usted tiene que evitar que esas personas que están hoy días privadas de libertad, cuando salgan, aun cuando usted les quiera aplicar las penas más altas, cuando salgan, sean personas que no vuelvan a reincidir” y que “el país tiene que abordar los temas de reinserción”.

Megatoma de San Antonio

El ministro Cordero además abordó lo que ocurre en la megatoma de San Antonio, detallando “cuando uno mira los fallos de la Corte, incluyéndole a San Antonio, le impone al Estado varias obligaciones. Una de ellas es que el desalojo se realice con estándares de Derechos Humanos, entonces usted tenga en consideración cuáles son los grupos vulnerables que están ahí”.

“Eso obliga, por lo tanto, a censar cada uno de los lugares donde estos se encuentran. Segundo, que esas personas tengan la posibilidad de trasladarse voluntariamente y si no, que se dispongan de albergues transitorios para que esas personas puedan ser trasladadas. Y en tercer lugar, aquellos aspectos que están destinados a cómo el Estado debiera abordar una solución respecto a esas personas”, agregó.

“La diferencia en el caso de la toma de San Antonio es que es una toma de un volumen que es la más grande del país”, explicó, agregando que “la estrategia del Ministerio de Vivienda ha sido la expropiación y buscar en ese contexto un mecanismo de organización mediante cooperativas para dar una viabilidad en esa zona”.