El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República, que detectó múltiples vulneraciones en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de drogas incautadas.

Según señaló Cordero, “el presidente ha mandatado, y lo mandató hace un tiempo, un proyecto de ley de modificación a propósito de decomiso, bajo un principio que es el que incauta destruye, de modo que en estricto rigor, la droga incautada, quede rápidamente destruida o inutilizada, dejando solo un número acotado para efectos de las pruebas de campo que son necesarias para la acreditación en los juicios”.

De acuerdo a lo que agregó, el proyecto de ley debería ser ingresado en las próximas semanas añadiendo que "está en línea con lo observado por la Contraloría" y que “lo que pareciera evidente, esa es la opinión que tiene el Ejecutivo, es que a los servicios de salud es conveniente sacarlos del circuito de custodia de drogas“.

“Ese es un criterio que es muy antiguo de la Ley de Drogas, que está apuntado desde la perspectiva de mirar a la Ley de Drogas estrictamente como un delito contra la salud pública, pero en nuestra opinión, dadas las características de ese delito y el volumen de droga que se incauta, los servicios de salud deberían salir del proceso de destrucción de las mismas“, complementó Cordero.

Finalmente señaló “En nuestra opinión, los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas, entre otras razones porque el propósito perseguido por esa regla originalmente hoy día carece de sentido”.

Informes de Contraloría

Respecto al informe de Contraloría, el ministro de Seguridad explicó que “la Contraloría ha desarrollado un conjunto de informes de auditoría que provienen de periodos del año 2023 hasta hoy en los servicios de salud, que comenzaron con una pequeña muestra de cuatro y finalmente la Contraloría decidió extenderla”.

“Esos informes de auditoría, sus resultados finales han sido entregados progresivamente. Respecto de los antecedentes que se encuentran contenidos en él, el Ministerio de Seguridad, y con anterioridad el Ministerio del Interior, había estado trabajando con el Ministerio de Salud por mandato expreso del Presidente de la República en el contexto del gabinete pro seguridad", expresó.

Según añadió, “¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos para poder abordar, y que se han estado abordando las observaciones de la Contraloría? En primer lugar, tiene que ver con el volumen de incautación y la capacidad que tienen los servicios de salud para recibir esa droga. Dos, los lugares que están destinados para tal efecto, y tres, el periodo de tiempo que sucede respecto de su destrucción. Esta última depende de otras variables, entre otras, aquellas que están vinculadas al procedimiento judicial respectivo".

Es así como apuntó que los "procedimientos de destrucción de drogas se encuentran normados en un mecanismo en torno al uso de hornos que no están disponibles en todas las regiones. ¿Qué se ha hecho entonces? Lo primero que se ha hecho es el inventario que se ha realizado conjuntamente con los servicios de salud y con la subsecretaría respectiva, con la subsecretaría de redes en particular".

“En segundo lugar, en aquellos lugares donde no hay disponibilidad de hornos en las regiones, se han estado haciendo traslados protegidos por carabineros en vehículos y en horarios que no son de público conocimiento para que sean destruidos en otras regiones”, añadió, a la vez que mencionó que se han transferido recursos para hornos móviles para los lugares en los que no los hay.

Finalmente, según señaló "Hay otro tipo de aspectos que nacen de esas auditorías y que tienen que ver, por ejemplo, con que la demora en la destrucción lo que produce evidentemente son diferencias de pesos producto de la humedad que van perdiendo cada una de ellas. Entonces, hay un conjunto de variables que el Ejecutivo ha tomado conocimiento a partir de los informes de auditoría de la Contraloría, que en general uno debiera agradecer, porque permite, entre otras cosas, evaluar temas procedimentales que en ocasiones no se observan y por esa vía focalizar los recursos del modo que se han indicado, pero además adoptar las medidas legislativas".