Minsal crea manual para fiscalizar ley de aborto por dudas en reporte de casos

Aborto

Cifras de 2019 advierten posible subnotificación y fallas en registro: por la tercera causal se informaron 123 interrupciones en hospitales y solo una en clínicas. Médicos dicen que mujeres del sistema privado optan por red pública, para evitar trabas.


"La implementación de esta ley requiere un nivel de fiscalización más alto de lo que hemos tenido hasta ahora", reconoce el ministro de Salud, Jaime Mañalich, frente al balance del segundo año de la norma que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

El reporte del Minsal revela que en 2019 se hicieron 768 abortos, 92 de ellos en clínicas y 676 en hospitales. Pero las cifras, para quienes han seguido de cerca la ley, no cuadran y generan suspicacias. No solo por las cantidades, sino también por la distribución de los casos.

Un dato que resulta curioso es que 2018 y 2019 se interrumpió la misma cantidad de embarazos producto de violaciones: 124 en ambos casos. Además, el registro de 2019 muestra que los hospitales practicaron 123 abortos por la misma causal, mientras que las clínicas reportaron solo uno.

Estas particularidades no han pasado desapercibidas para la autoridad. "Esto es una ley nueva, que implica un cambio cultural enorme, incluso en los prestadores, y requiere de un período de aprendizaje, y en ese período hemos detectado que los mecanismos de fiscalización que tenemos no son suficientes y que hay que perfeccionarlos", añade Mañalich.

Esa inquietud llevó a protocolizar la vigilancia de esta norma, mediante procedimientos que detecten presuntos incumplimientos. Así, se elaboró un "Manual de Fiscalización de la Ley 21.030", que guiará la fiscalización de la norma, que en septiembre cumplirá tres años de vigencia.

En la cartera de Salud detallan que durante la vigilancia de esta ley se han detectado informes de hospitales que debieron repetirse, atrasos en los reportes y sospechas de entrega de información con menos casos de los atendidos o recepcionados de parte de las clínicas. Todos, hechos que encendieron las alertas durante el último año.

"En los prestadores públicos se dieron reportes que debieron ser corregidos, autorreportes. Y en los prestadores privados tenemos una sospecha de subreportes", confirma Mañalich.

La asociación Clínicas de Chile fue consultada sobre este tema, pero no hubo declaraciones.

Migraciones de casos

Gonzalo Rubio, ginecoobstetra del Hospital San José y parte del equipo redactor del programa de acompañamiento, explica que hay casos de pacientes del sistema privado que llegan a atenderse a la red pública. "En el sistema público la causal de violación se presume como una urgencia y llegan mujeres del sistema privado. Nosotros las atendemos, no se cuestiona si es Fonasa o isapre, pero sería interesante que el Minsal evalúe por qué esas mujeres se están atendiendo en hospitales. Yo creo que probablemente sea porque hay más trabas en su sistema".

Rubio añade que en el caso del reporte por violaciones, las cifras ameritan dudas: "Si uno piensa que el 80% de la población se atiende en sistema público y el 20% en el privado, deberían ser por lo menos 20 casos en el sistema privado por esa causal".

La presidenta del Colegio Médico, Izquia Siches, sostiene que, en general, los balances conocidos de interrupciones de embarazos generan dudas: "Se habían estimado más de tres mil interrupciones anuales, que es lo que teníamos notificado anteriormente, según las mismas causales, pero no se ha llegado a eso".

Siches añade que también conoció casos de usuarias del área privada que llegaron al sistema público: "Muchas veces las beneficiarias de prestadores privados fueron derivadas al sector público, porque no se tenían los protocolos. Por eso las cifras son cuestionables, pero pareciera evidente que existan más interrupciones por violaciones en los centros privados".

La médica afirma que es importante reforzar la fiscalización, pero también trabajar con los equipos clínicos y administrativos de hospitales y clínicas. "Puede haber una subnotificación y por eso es importante la capacitación activa de los equipos, pues los orígenes pueden ser diversos: temor a repercusiones médico-legales, rechazo a la burocracia o porque existan centros que no quieran quedar establecidos como que han desarrollado abortos".

De hecho, la puesta en marcha de la norma parece haber disminuido los reparos iniciales: comparado 2019 con el inicio de la ley, bajó la objeción de conciencia de los ginecólogos en todas las causales y principalmente la tercera, donde cayó un 4,5% , totalizando ahora un 50,5% a nivel nacional.

Y en cuanto a la objeción de conciencia institucional, no hubo variaciones: se mantienen las clínicas Indisa, Red Salud Christus UC y Clínica U. Andes.

Por su parte, Gloria Maira, exsubsecretaria del Sernam y parte de la "Mesa de acción por el aborto", indica que "los casos de embarazos por violación no están llegando a los centros de salud, porque no hay información, principalmente entre menores de edad, niñas y adolescentes".

Fiscalización en terreno

La pauta de fiscalización, a la que tuvo acceso La Tercera, incluye un muestreo aleatorio en los centros de salud y la revisión de toda la cadena de procesos. Se establecen, además, eventos "centinelas" -como el protocolo de derivación en los centros de salud objetores- que, en caso de incumplirse, abren paso a sumarios sanitarios y posibles sanciones.

La implementación del nuevo instrumento comenzaría a mediados de marzo, a cargo de la Seremi de Salud. "Es difícil saber qué temperatura tiene una persona si no tiene un te rmómetro, y en ese sentido, no teníamos un termómetro", comenta Mañalich, aludiendo al nuevo instrumento.

(Para ampliar la infografía, haz click aquí o en la imagen)

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