Este domingo se confirmó la muerte del abogado Carlos Cortés, de 56 años, reconocido penalista con participación en diversos casos de alta exposición pública en el país.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, realizó un postítulo en Derecho de la Empresa y se desempeñó como profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en esa casa de estudios entre 2002 y 2012.

Durante el año 2014 se radicó en la ciudad de Nueva York, EEUU, cursando diversos cursos en la Universidad de Columbia, y realizando una pasantía por el Sistema Penal Norteamericano, tanto en las Cortes Federales como las Estatales

Cortés integraba desde 2019 el directorio Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra a Colo Colo, formando parte del bloque encabezado por Leonidas Vial, sector que mantenía una postura crítica frente a la gestión de Aníbal Mosa. En la concesionaria también era uno de los integrantes de la Comisión Fútbol.

En 2025 tuvo un altercado con el presidente de Blanco y Negro, que derivó en una querella por agresión por parte de Mosa. Según este, Cortés se habría levantado de su asiento, volcado la mesa y agredido físicamente a Mosa con golpes de puño y patadas, lo que le habría provocado lesiones y una caída.

Por otro lado, el abogado desarrolló una extensa carrera como defensor o en procesos como el Caso Penta, Caso SQM, Caso Inverlink y Caso Coimas. También intervino en el Caso Corpesca, donde representó al exsenador Jaime Orpis, así como en la defensa del empresario Raúl Schüler.

En el último tiempo, su nombre volvió a la primera línea mediática tras asumir la defensa del actor Cristián Campos, quien fue sobreseído de la acusación de abusos deshonestos interpuesta por Rafaella di Girolamo.

Aunque en primera instancia se habían dado por acreditados los hechos, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prescripción y precisó que no era jurídicamente posible determinar culpabilidad sin un proceso legalmente tramitado. Un recurso posterior ante la Corte Suprema fue desestimado, dejando firme la resolución.

Tras ello, Cortés destacó que el fallo impedía atribuir responsabilidad penal a su representado.

Semanas más tarde, el 23 de octubre, ingresó en el 15° Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza. solicitando una indemnización cercana a los $800 millones.