En medio de la promulgación de la Ley que modifica el sistema registral y notarial, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el caso de dos funcionarias del Registro Civil de Buin que fueron detenidas por un robo en la oficina del organismo.

Se trata de la jefa y la subjefa del Registro Civil de Buin, a quienes se les investiga por el robo de $17 millones, en un hecho ocurrido el pasado 11 de agosto en la oficina de la repartición.

A raíz de esta situación el organismo afectado interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por hurto y el delito de malversación culposa contra quienes resulten responsables de este hecho.

Al respecto Gajardo destacó que los antecedentes del caso están en manos del Ministerio Público y que el hecho está en plena investigación.

No obstante, remarcó que para el gobierno “el mensaje es muy claro: será la justicia la que determinará a los responsables”.

Eso sí, advirtió que “si hay algún funcionario público del Registro Civil involucrado, va a tener que responder ante la Justicia y esa señal creo que es muy robusta y potente”.

“Ningún funcionario público que cometa un ilícito va a quedar en la impunidad y en ese sentido la Justicia va a determinar si efectivamente algunas de las funcionarias del Registro Civil cometieron ilícito y, por lo tanto, van a tener que responder ante la Justicia”, sostuvo.