La sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que obliga a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar una serie de medidas de seguridad para evitar delitos que se cometen en eso lugares.

Las “encerronas” -que son el robo violento de vehículos en que se bloquea el paso de la víctima mientras se encuentra en movimiento, forzándola a detenerse y abandonar el auto bajo amenaza o con violencia- es uno de los delitos más comunes que ocurren en estos lugares y con la nueva legislación se busca disminuir su ocurrencia.

Así, entre las disposiciones que se deben adoptar la concesionarias por la nueva ley están las de detección, a través de televigilancia, de vehículos con patentes alteradas, con órdenes de encargo por apropiación o con faltas de tránsito.

Según el texto aprobado, que cuenta con un artículo único, se introducen dos grandes modificaciones a la actual Ley de Concesiones de Obras Públicas: primero, se refuerza a nivel legal los deberes de las concesionarias de obras públicas en materia de seguridad y protección para los usuarios.

El segundo punto, es que se consagra en la regulación legal de las concesionarias el deber de instalar cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos, lectores de patentes, entre otras medidas.

Esta nueva obligación se suma a las ya existentes que obliga a las concesionarias a la conservación de las obras viales y de brindar continuidad en la prestación del servicio que se extiende a los usuarios y a sus bienes.

En todo caso, las especificaciones técnicas de estas nuevas obligaciones, atendida la naturaleza especial de cada contrato y su ubicación geográfica, se establecerán en las respectivas bases de la licitación.

En ese sentido, las bases consagrarán las sanciones que se impondrán al concesionario ante el incumplimiento de sus deberes de seguridad.

Así, las multas que se estipulen en las bases se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los concesionarios en virtud del Artículo 35 de la Ley de Concesiones (responsabilidad civil ante terceros).

Cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas ya ha estado trabajado en modificaciones a los contratos de concesión de obras viales, en que se están incorporando este tipo de medidas.

Asimismo, se incorpora un nuevo artículo, para establecer la interoperabilidad entre el concesionario y el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, sobre información relativa, “al menos, a la placa patente o ausencia de la misma, marca, modelo y color de los vehículos motorizados que circulen por las obras, de acuerdo a sus respectivas facultades legales en materia investigativa o en el rol de policía preventiva de Carabineros de Chile”.

Esto facilitará la actuación del Ministerio Público en el contexto de una investigación penal y el trabajo de las policías en casos de flagrancia.

Este último punto es relevante, pues se relaciona directamente con la implementación del piloto Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (Sitia), implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ello, pues se consagra un mandato legal para integrar información de órganos públicos y entidades privadas sobre placas patentes únicas y características de vehículos motorizados.

“Ya hemos ido desarrollando con distintas concesionarias para mejorar los estándares de seguridad. De hecho, hemos estado trabajando a través de nuestro proyecto Sitia, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya con algunas concesionarias y privados o de colaboración público-privada para incorporar lectores de patentes y poder desarrollar la inteligencia artificial para realizar datos en estos ámbitos”, explicó la subsecretaria Carolina Leitao.

¿Traspaso de costos a los usuarios?

Por último, el proyecto contempla una norma transitoria que establece el deber del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, de adoptar las medidas tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años.

Esto, con el objetivo de incorporar las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia contempladas en la presente ley y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Las acciones y modificaciones realizadas serán informadas anualmente a la comisión de obras públicas de ambas Cámaras.

Este fue uno de los puntos que mayor debate generó en su discusión parlamentaria, por el posible traspaso a los usuarios de los mayores costos de estas obras. Diversos legisladores criticaron las utilidades que tienen las empresas concesionarias y que este proyecto pudiera suponer un alza de las tarifas.

Los parlamentarios pidieron que se clarifique si esto tendrá o no un impacto en los bolsillos de los vecinos.

Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que estas obras se harán con recursos del Estado y no habrá traspaso a la tarifa. Asimismo, la secretaria de Estado recordó que actualmente el país tiene 36 carreteras concesionadas donde no se tenían consideraciones de seguridad en las obligaciones de los contratos, pero que hoy es necesario adoptar estas obras en una de las principales infraestructuras del país.