“Tal vez las expectativas eran muy elevadas pensando, sobre todo, en el origen en el mundo de la educación que tiene la base de líderes que están en el gobierno y que entraron a la política a partir de reivindicaciones que tenían que ver con contar con una educación, quiero recordar este eslogan, pública, gratuita y de calidad”.

Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, tiene una mirada crítica sobre los avances en educación vividos bajo la presidencia de Gabriel Boric, quien se apresta a realizar su última cuenta pública.

El tema es que la crítica no viene de cualquier sector: el sicólogo es el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), en los papeles un aliado del Ejecutivo. Y es que a pesar de que incluso desde ciertas universidades privadas se ha asegurado que el gobierno ha favorecido lo estatal, Corrales no lo ve tan así.

¿Cuáles son sus expectativas en educación de cara a esta última cuenta pública y qué balance hace de lo prometido en las anteriores?

En educación superior el tema ha estado básicamente centrado en el CAE y el FES. Desde el Cuech también hacemos a estas alturas un balance, uno que si bien reconoce algunos logros, también identifica desafíos pendientes.

¿Cuáles son los logros?

La implementación de la nueva metodología de cálculo de aranceles en función de costos, que había quedado pendiente en el anterior gobierno. También diría que es un avance el proyecto, ya no es de condonación, de la deuda del CAE.

¿Y los pendientes?

Las universidades estatales funcionamos con otras reglas y tenemos los mismos aportes que las privadas. Una mayor proporción de aportes basales es algo que desafortunadamente no se consiguió en este periodo. Nuestras comunidades tenían una expectativa mayor.

A propósito de expectativas, ¿usted las tenía altas con el gobierno, al menos en educación, que es donde nacieron sus líderes?

Efectivamente. Y particularmente en educación superior pública. Nosotros teníamos expectativas bastante elevadas respecto a que, por fin, el debate en torno a contar con un sistema de financiamiento diferente, con una mayor proporción de aportes basales, iba a tener un espacio y que se iba a fortalecer la educación superior pública, no solo la universitaria, también la técnico-profesional. Desafortunadamente no se pudo, sin perjuicio de que hoy estamos trabajando con la subsecretaría en una norma que busca agilizar, desde el punto de vista administrativo, la gestión de las universidades del Estado. Desde el punto de vista del financiamiento los avances fueron muy marginales.

Y más allá del financiamiento, ¿el gobierno cumplió de modo general las expectativas en materia de educación?

Desde el punto de vista de las expectativas quedaron muchos pendientes, no solo en el ámbito de la educación superior. Es conocida la discusión en torno a la implementación de los SLEP, que ha sido mucho más lento y accidentado que lo que había sido su programa original. Probablemente no todo ese retraso sea atribuible a este gobierno, pero ciertamente, al final del día, en educación las expectativas eran mayores que las que se han terminado materializando.

¿Se siente desilusionado?

No ocuparía la palabra desilusión o decepción, pero sí diría que las expectativas que yo mismo tenía, que pueden haber sido más modestas que las que tenía la población, quedaron en muchos casos también incumplidas. Las expectativas no se cumplieron o no se cumplieron del todo. Eso es así y no podría decir otra cosa. Teníamos la expectativa de que iba a haber gestos más potentes hacia la educación superior pública, pero desafortunadamente eso no se cumplió.

Extraigo de eso que cree que la educación, superior en su caso, no tuvo un apoyo real durante este gobierno.

No podría responder dicotómicamente, porque, por una parte, el que se hayan fijado los aranceles sí significa para la mayoría de las instituciones un avance. Sin embargo, cuando lo comparo con la expectativa final, habiendo recibido algunos apoyos puntuales, por supuesto que entendemos que se ha quedado al debe.

A propósito de aranceles regulados, ¿fue un falso debate entonces lo planteado por algunas universidades privadas sobre que los perjudicaban y solo beneficiaban a las estatales?

Es un debate legítimo, pero algunas conclusiones parten de supuestos que no comparto, que tienen un cierto sesgo. Estábamos viviendo un régimen de transición, la ley estableció una metodología y era conocida por todos. Hay un proceso que no da la opción, por decirlo muy directamente, de que la autoridad discrecionalmente beneficie a uno y perjudique a otro. Lo que pasa es que en la fórmula de cálculo se tiene muy presente la complejidad de las instituciones. El sistema tradicional tiende a ser más complejo que una parte del sistema privado. Y no es lo mismo hacer investigación en Magallanes que hacerlo en la zona centro.

Lo llevo a las pedagogías. ¿Han sido suficientes los esfuerzos del gobierno para revertir el déficit docente?

La formación de profesores debería ser una política de Estado. La educación no entrega resultados visibles en lo que dura un mandato presidencial. Se han buscado soluciones cortoplacistas que por eso mismo no han entregado resultados. La idea de que en Chile va a haber mejores profesores solo a partir de elevar los puntajes de ingreso es, al menos, ingenua. El puntaje no es el único predictor de adherencia ni tampoco del resultado del proceso formativo. Tenemos que preocuparnos de la calidad del proceso formativo. Una de las gracias que tiene la educación es precisamente que en la medida en que uno recibe a un estudiante con carencias que se hayan expresado en un bajo puntaje, al incorporarlo al proceso educativo pueda ir cerrándolas. No es que un estudiante, por tener un puntaje menor, esté condenado a no aprender o a no poder ejercer una profesión. Y por otra parte, para que se despierten vocaciones pedagógicas, necesitamos mejorar las condiciones laborales de los profesores. Por eso nos parece bien la propuesta de ley que tiene el gobierno de cambiar la idea de puntajes para entrar por una idea un poco más flexible que pueda adaptarse a distintas realidades regionales.

Entonces, ¿ha faltado voluntad política?

Se ha pensado en soluciones de corto plazo, probablemente impulsado por esta dinámica de las elecciones, por una cierta dinámica de la inmediatez propia de las sociedades contemporáneas. Se quieren efectos rápidos y visibles. Ojalá con cierta teatralidad. Y lamentablemente en educación los tiempos no son esos. Al país le ha faltado la madurez necesaria para advertir que la educación es un proceso central sin el cual no vamos a alcanzar nunca el desarrollo y que requiere de políticas de Estado. La discusión en muchos casos ha estado muy ideologizada por posiciones un poquito irreductibles, que muchas veces no tienen muy en cuenta la evidencia. Y también diría que quienes estamos en la educación no hemos sido capaces de persuadir al mundo de la política de la centralidad de este debate.

Pero también ha habido instituciones que han mostrado más preocupación por el bolsillo que por la meta.

También. Lo que pasa es que si la política pública financia la universidad de conformidad con el número de estudiantes que matricula cada carrera, y la pedagogía hoy matricula poco, la señal que recibimos es que esas carreras las tenemos que cerrar. Las pedagogías no son rentables en el actual modelo de financiamiento. El financiamiento de las estatales tiene que ser distinto para que podamos seguir cumpliendo este rol de tener una carrera de pedagogía donde a nadie más le interesa formar profesores.

Al inicio de la conversación mencionó el FES. ¿Cómo valora el avance de la propuesta?

Quisiera valorar que el FES introduce una cierta racionalidad en varios elementos. En primer lugar, hay un reconocimiento implícito de que el sistema de educación superior no puede depender solo de los impuestos generales, que el país no puede depender solo de la gratuidad y en cierto espacio requiere también del aporte de la familia o de los titulados. El país no está en condiciones de que toda la educación sea gratuita y las universidades tampoco estén en condiciones de depender completamente de las transferencias del Estado. En segundo lugar, agrega algo de racionalidad, supone equiparar un poco la cancha. Hoy hay universidades que tenemos control sobre nuestra matrícula y aranceles, y hay universidades que están totalmente sustraídas de esos controles. Poner límite a la matrícula está bien, porque si no simplemente se tiene un sistema de oferta y demanda. También valoro que hay algunas correcciones a la política de gratuidad, particularmente en que solo financia la duración nominal de la carrera.

¿Y dónde es perfectible?

Creemos que entre los deciles 7 al 10, o al menos entre el 8 y el 10, debe considerarse la posibilidad de que haya un cierto copago regulado, no uno libre como existe en el CAE. Que traiga valor presente en la aporte de las familias. Es muy difícil que el erario nacional pueda hacerse cargo de todos los costos de la educación superior.

¿Ve apertura del gobierno y los distintos actores involucrados en que este proyecto sea ley?

El próximo gobierno va a tener el mismo problema en un contexto de mucha estrechez fiscal, con un CAE como política ya agotado. El próximo gobierno se va a ver enfrentado a la necesidad -es una obligación legal- de estar recomprando una cartera vencida. Se va a seguir diluyendo una cantidad enorme de recursos. Dado que ese es un problema que va a afectar a cualquier gobierno, tiendo a creer que debería haber voluntad como para alcanzar un acuerdo. Vimos que ya se logró en cuestiones mucho más complejas como en la reforma de pensiones, no veo por qué no podría alcanzarse un acuerdo similar.