Un duro golpe dio durante las últimas horas el Ministerio Público en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitó recientemente el desafuero del otrora militante democratacristiano en el marco de la investigación por millonarias transferencias a la fundación ProCultura, una de las principales aristas del caso Convenios o Líos de Platas.

En el marco de dicha indagatoria, que está en manos del citado persecutor desde mediados de mayo -luego de que el fiscal regional Patricio Cooper fuera removido por el fiscal nacional-, se pesquisan delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos.

Puntualmente, Orrego estaba bajo la lupa del Ministerio Público por las transferencias realizadas por la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación comandada por el siquiatra Alberto Larraín, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

La entidad, previa autorización del Consejo Regional Metropolitano, transfirió en 2022 $1.683.788.000 a la fundación.

En medio de las diligencias, Orrego declaró en diciembre del año pasado en calidad de imputado, momento en que descartó cualquier irregularidad.

Los pasos de Orrego

Antes de que la causa llegara en manos del fiscal Castro Bekios, el Ministerio Público seguía de cerca de los pasos del gobernador. Por eso en febrero de este año pidió el alzamiento de su secreto bancario.

En dicha solicitud el fiscal Ricardo Soto -que integraba el equipo de Cooper- detalló que, en lo que respecta a la Región Metropolitana, “se investiga la formulación, aprobación y ejecución del convenio ‘Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental’, mejor conocido como el proyecto ‘Quédate’, autorizado el 26 de septiembre de 2022 por un monto de $1.683.788.000, cuya contratación no fue mediante propuesta pública, sino que a través de asignación directa”.

En ese momento para la Fiscalía resultaba relevante el hecho de que “tan solo tres meses antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín, cofundador de la fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gore, cargo que fue propuesto por el gobernador regional, Claudio Orrego”.

También se mencionó que tras convocar a fundaciones para el desarrollo de la iniciativa, se seleccionó a ProCultura como la organización responsable de preparar el perfil del programa, “a pretexto de que su director ejecutivo, es decir, Alberto Larraín, era psiquiatra, y que por lo tanto contaba con el conocimiento médico-técnico para ello, y que su fundación poseía la capacidad económica para presentar las garantías requeridas por el GORE Metropolitano en caso de que se llegasen a transferir los montos para la ejecución del proyecto”. Esto, pese a que la ONG no tenía experiencia en la materia.

En medio de su declaración, María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios de ProCultura, además, detalló que todo este convenio se gestó ni más ni menos que en el aeropuerto.

“Alberto Larraín me indica que se encontró con Orrego en un aeropuerto y le dice que armen un programa de salud mental. En razón a eso, Alberto al día siguiente me envía un whatsapp para que yo tome contacto con Evelyn, con la finalidad de armar el proyecto de salud mental que habían conversado supuestamente en el aeropuerto”, indicó.

Agregó que todo el diseño se hizo en una semana, porque “Orrego pidió el proyecto con ese límite de plazo”.

La decisión de la Corte de Antofagasta

La decisión del fiscal Castro Bekios implicó un giro en los planes. De hecho hace solo unas semanas el persecutor a cargo de la indagatoria había afirmado en entrevista con La Tercera, que la arista vinculada con la gobernación metropolitana era una de las priorizadas, que por el momento no veía antecedentes para formalizar, pero que esperaba formalizar el caso antes de fin de año.

La solicitud de desafuero se presentó ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Serán los ministros de ese tribunal de alzada quienes deberán decidir si aceptan la solicitud del Ministerio Público. Dicha decisión es apelable a la Corte Suprema. En caso de que así ocurra, la Fiscalía tendrá luz verde para formalizar a Orrego y solicitar medidas cautelares en su contra.

Esta es la primera arremetida concreta que hace el Ministerio Público en el caso ProCultura. Que el fiscal Castro Bekios haya tomado la decisión de desaforar a Orrego significa que el Ministerio Público ya está pensando en la formalización de cargos de esta causa.

Si logra resolver qué pasará con el fuero que protege al gobernador metropolitano, todo indica que pedirá audiencia para imputar los cargos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta a quienes se les conoce como la cúpula de la fundación Procultura, donde está Larraín y también la expresentante de la organización, la actriz María Constanza Gómez.

El defensor de Orrego, el abogado Rodrigo de la Barra, aún no ha sido notificado de la solicitud y reiteró la inocencia de su representado. “El gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la fundación, así como las acciones emprendidas por el gobierno regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”, afirmó el defensor.

De la Barra añadió que reafirma “con total claridad que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”.