El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (ind.), acudió la mañana de este miércoles hasta la Contraloría General de la República con un escrito y antecedentes para ingresar una denuncia.

¿El motivo? Formalizar como acusación la investigación interna que realizó la municipalidad en contra del exasesor Cristián Urribarri, quien fue contratado durante el periodo del exalcalde Germán Codina, y que desde la administración de Toledo lo acusan de usar tiempo de su jornada laboral y recursos municipales para realizar material gráfico de campaña para figuras de RN, como la excandidata a alcaldesa de Puente Alto Karla Rubilar, el expostulante a gobernador metropolitano Francisco Orrego, el concejal y hermano del alcalde Andrés Codina, además del senador Manuel José Ossandón y el exdiputado Leopoldo Pérez, entre otros.

La denuncia es parte de una arremetida de Toledo hacia la gestión de Codina, a la cual apunta de dejarlo con un severo déficit.

La Tercera tuvo acceso al escrito que se ingresó a la entidad liderada por Dorothy Pérez, en el cual se detallan los antecedentes de una investigación interna que duró varios meses.

El escrito comienza contando que todo se originó por una denuncia anónima del 1 de abril de este año en la que a Uribarri se le acusaba de usar equipo y tiempo institucional para confeccionar material de campaña. Así, el 29 de abril se abrió una investigación interna.

Luego de ello la municipalidad intentó investigar los equipos del funcionario, pero se encontraron con que dos de ellos -computadores iMac de Apple- estaban dañados y sin poder funcionar, y que otro, un MacBook Apple, fue declarado por el funcionario como robado en noviembre. Esa denuncia formal ante la policía, según el escrito, se hizo seis meses después.

Toledo contrató los servicios de la empresa Comercial Iphoneextreme Spa para realizar un peritaje informático forense y recuperar los datos de los equipos dañados. Fue ahí cuando el 14 de octubre la empresa entregó un informe técnico a Puente Alto, detallando que había encontrado material de campaña electoral, además de conversaciones de WhatsApp con órdenes directas a Uribarri para confeccionarlo.

El informe además determinó, según se acusó en Contraloría, que un equipo presentaba “sabotaje físico”, y que otro había sido formateado. De todas maneras se logró recuperar 890 GB de un equipo y 236 GB del otro.

Posteriormente, la municipalidad indagó en los metadatos de los archivos, lo que corresponde a información sobre la fecha y hora de la creación y modificación del material gráfico de las campañas, con el objetivo de determinar si usó o no su horario laboral para hacer la campaña, determinándose que sí incurría en esto último. Así, los descargos de Uribarri fueron desestimados y se le puso término a su contrato.

Los otros antecedentes

En el escrito ingresado a Contraloría también figuran otro tipo de denuncias, las que Puente Alto aportó para que quedaran registradas como antecedentes. Así, por ejemplo, se acusa que mientras trabajaba en el municipio Uribarri además se desempeñaba como asesor del comité de senadores de RN y de la Municipalidad de Zapallar, liderada también por un RN: Gustavo Alessandri.

Puente Alto busca cuestionar que el funcionario cumpliera efectivamente su jornada laboral, en circunstancias que se desempeñaba en paralelo en otras entidades.

La entidad liderada ahora por Toledo puso especial énfasis en que sus otros trabajos quedaban fuera de la Región Metropolitana, ya que tanto el comité de RN como Zapallar se ubican en la Región de Valparaíso, lo que a juicio de los acusadores resulta incompatible para lograr trabajar en tres lugares a la vez.

Además, se cuestionó como un “conflicto de interés” su relación matrimonial con Maudy Bahamondes, entonces directora de comunicaciones de la Corporación de Educación y Salud de Puente Alto, y por ende su jefatura directa. La administración actual acusa que el funcionario tuvo una modificación en su sueldo, que pasó de $1.147.316 a $2.613.670 sin existir justificación documentada.

Constultado al respecto, Uribarri señala que “esta situación ha sido utilizada e instrumentalizada con fines políticos, ad portas de las elecciones presidenciales”.

Y se extiende: “Ya fui desvinculado, situación ante la cual ejerceré mis derechos como todo trabajador, y respecto a estas publicaciones injuriosas, no permitiré que se sigan vulnerando mis derechos ni se monten acusaciones contra mi persona sin sustento. Lo que ha ocurrido en Puente Alto es una clara persecución política, acompañada de acoso laboral, mala praxis y violación a la privacidad de un trabajador. Por esto se están preparando acciones legales penales contra la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto y contra el alcalde Matías Toledo, en su calidad de presidente del directorio”. A él, cierra, “le solicitaría que no insista en acusar y ejercer las labores propias de tribunales de justicia por redes sociales”.