Fue el inicio de todo. Han pasado más de dos años desde que, el 16 de junio de 2023, el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer la existencia de tres convenios, por $426 millones, que el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que para esa fecha era militante del desaparecido partido Revolución Democrática, autorizó para Democracia Viva, la fundación liderada por Daniel Andrade, quien también era RD.

Andrade, fue pareja de la ahora desaforada diputada Catalina Pérez, quien, a su vez, también fue presidenta de RD y también fue formalizada por este caso. La última de las protagonistas del caso – que luego se transformó en una arista de uno mayor, el denominado Caso Convenios- es la exconcejal, también ex RD, Paz Fuica.

A ellos se les acusa de haber actuado para favorecer a con recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a fundaciones como Democracia Viva, a sabiendas que las entidades favorecidas no cumplían requisitos para realizar los trabajos acordados en convenios asignados por vía directa. Asimismo, que los recursos fueron utilizados con fines políticos.

Ahora se espera, que en una semana más, el próximo 12 de agosto –si es que nadie solicita extenderla y el Tribunal de Antofagasta así lo determina- se cierre la investigación, para conocer el futuro judicial de los protagonistas. Mientras tanto, acá lo que ha pasado con ellos desde que se destapó el caso.

Daniel Andrade

Fue el pasado 23 de junio cuando se tuvo noticias de Daniel Andrade. Entonces, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar que lo mantenía con arresto domiciliario total.

Así, la Segunda Sala del tribunal de alzada resolvió sustituir dicha medida por arresto domiciliario nocturno, permitiéndole transitar libremente durante el día mientras continúa la investigación por presunto fraude al fisco.

Andrade fue formalizado el 15 de diciembre de 2023 por el presunto delito de fraude al fisco. Estuvo 75 días en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta, hasta que en febrero su defensa logró que se le reemplazara esa medida por arresto domiciliario total.

Pese a las imputaciones, en medio de sus breves apariciones públicas el ingeniero ha negado los cargos. “Se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos $426 millones y espero que la verdad nos haga libres”, dijo hace meses.

Entre las pruebas del Ministerio Público en su contra se encuentran una serie de chats -incluso, con sus expareja Catalina Pérez- que lo involucrarían en el supuesto fraude.

Carlos Contreras

El pasado 9 de julio la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, revocando la medida de prisión preventiva.

Así, la máxima instancia dejó sin efecto la resolución dictada por el juez de Garantía de Antofagasta, quien había decretado la prisión preventiva para Contreras. En su lugar, el exfuncionario hoy cumple arresto domiciliario total y arraigo nacional, sustituyendo a la cautelar más gravosa.

Con esto, luego de 462 días (1 año y tres meses) en prisión preventiva ininterrumpida, el máximo tribunal ordenó la inmediata liberación del arquitecto, encausado por tres delitos de fraude al Fisco.

Tras dejar la cárcel, Contreras descartó su responsabilidad en los hechos investigados. También negó que Catalina Pérez influyera en la suscripción de los contratos y apuntó sus dardos contra el Ministerio de Vivienda.

“Actúe siendo asesorado por los funcionarios tanto de la Seremi, como del Serviu, como del nivel central. No hubo ninguno de los hechos que están siendo investigados como posibles indicios de delitos, (ni) fueron actos caprichosos, antojadizos de mi parte, sin ser consultados con los respectivos reglamentos y con las personas que tienen la potestad administrativa sobre ellos”, señaló Contreras en conversación con 24 Horas.

Consultado directamente por el rol de la desaforada diputada Pérez, Contreras sostuvo que “yo sigo sosteniendo lo mismo del principio: al momento de la firma del convenio, no había existido ninguna conversación con Catalina Pérez. No de mi parte”.

Catalina Pérez

Por unanimidad, el pasado 11 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió desaforar a la diputada Catalina Pérez, dando luz verde para que fuera formalizada por tres delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. La Fiscalía argumentó que hubo una maquinación para obtener recursos “con fines políticos” y que la legisladora era “la que dirigía la organización”.

Pese a que sus abogados apelaron, el 7 de abril la Corte Suprema decidió confirmar el desafuero de la diputada Pérez.

De esta manera, el 12 de mayo, la Fiscalía de Antofagasta solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la desaforada diputada Catalina Pérez, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Pérez se puso de acuerdo con el imputado Contreras para que se invitara a la Fundación Democracia Viva para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir contratos fiscales con el programa”, aseguró el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, en ese entonces.

No obstante, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó el arresto domicilio total y arraigo nacional de la exfrenteamplista.

El 20 de mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario total, rechazando de esta manera la apelación de la Fiscalía de Antofagasta.

Cabe recordar que tras conocerse el caso, la diputada dejó la vicepresidencia de la Cámara Baja y además quedó sin militancia partidista.

Pérez se ha defendido diciendo que no tenía conocimiento de los convenios, mientras Contreras y Andrade han avalado esa versión. Tras “la entrega voluntaria” de su celular a la fiscalía, se hicieron conocidos una serie de chats en que el Ministerio Público sustenta las acusaciones contra ella.

Paz Fuica

Quizá la imputada menos conocida de este caso es Paz Juica. La psicóloga de profesión, exconcejala de la comuna de Antofagasta, ex RD y exjefa territorial de Catalina Pérez. Se transformó en la “mano derecha” del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, con quien habría trabajado conjuntamente en la elección de convenios con las fundaciones investigadas.

El pasado 7 de abril, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió una apelación presentada por su defensa, revocando así la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra y quedando con arresto domiciliario.

Solo cuatro días antes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta había accedido a una petición del Ministerio Público – que le imputó nuevos cargos- y dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Fuica está siendo investigada como presunta autora de 10 delitos ocurridos durante 2022, en el contexto de los polémicos convenios firmados entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, Fibra y TomArte.

En tanto, Fuica volvió a aparecer públicamente cuando reclamó contra la justicia por no dejarla participar en las primarias oficialistas del 29 de junio.

“(Esta decisión) me impide votar en las elecciones primarias presidenciales. Esta decisión vulnera el derecho constitucional al sufragio, uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Como es de público conocimiento, desde hace dos años me encuentro en calidad de imputada, sin que pese sobre mí condena alguna, ni inhabilidad legal vigente”, señaló.