La abogada querellante Karinna Fernández, reconocida por su trabajo en causas de derechos humanos, manifestó su profunda decepción tras el fallo unánime de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La solicitud, presentada en marzo por diez diputados del oficialismo, apuntaba a presuntas faltas graves en el actuar del persecutor, entre ellas negligencia, desproporcionalidad y filtraciones indebidas en el marco del caso “Sierra Bella”, que involucró a la diputada Karol Cariola (PC).

La decisión fue duramente criticada por la profesional, representante del grupo requirente, quien calificó el fallo como una señal preocupante sobre el estado de las instituciones en el país.

“Como persona defensora de los derechos humanos, evidentemente lamento esta decisión, lamento aún más que sea unánime”, señaló Fernández, quien alegó que la Corte Suprema “abdicó de analizar” los antecedentes que daban cuenta de “hechos de especial gravedad”.

Uno de los puntos más sensibles de la acusación apuntaba a la presunta filtración de información reservada por parte del fiscal Cooper a actores políticos no involucrados en el proceso, lo que -según la abogada- vulneraría estándares básicos del derecho internacional.

“Se le entregó información reservada a un tercer actor no interviniente en la causa por parte de un fiscal regional a un adversario político. Creo que estos son hechos que no resistirían análisis en el derecho internacional”, afirmó.

El requerimiento fue ingresado en marzo y declarado admisible por la misma Corte Suprema el 31 de ese mes. Sin embargo, el máximo tribunal optó por rechazarlo tras una audiencia pública en la que la defensa del persecutor, liderada por el abogado Matías Insunza, argumentó que la presentación carecía de sustento jurídico.

En la instancia, el profesional letrado presentó una batería de testigos y documentación que, a su juicio, respaldaban la conducta intachable del fiscal.

Tras la resolución, Fernández respondió con dureza a esa línea argumental, señalando que “a mi modo de ver, la trayectoria del fiscal Cooper solo agrava esta situación. Esta es una situación generada por un fiscal no solo de especial relevancia, sino de 25 años de experiencia, y que justamente ha demostrado que ha dejado de ser idóneo cuando un fiscal con esa trayectoria comete las negligencias que yo manifesté en este caso”.

Sobre las críticas de Insunza respecto a un eventual uso político del requerimiento, la abogada fue tajante: “Yo no hice ninguna manifestación política. Cualquiera puede observar que no hice ninguna alusión política, salvo por el hecho concreto de que se entregó información a adversarios políticos cuando eso está prohibido por el derecho internacional”.

Pese al revés judicial, Fernández descartó apelar a instancias internacionales, argumentando que esa vía solo corresponde a víctimas directas.

“Nosotros representábamos a la sociedad chilena en la idea de una remoción. El estándar de esta discusión era mostrar que un fiscal dejó de ser idóneo. Si no logramos eso a la luz de los intereses generales del país, entonces no podemos ir a sede internacional”, explicó.

Finalmente, la abogada lamentó lo que considera una actitud pasiva de las instituciones frente a hechos graves. “En nuestro país parece que hay instituciones que todavía se resisten a cumplir con sus funciones, a analizar la profundidad de la evidencia que se entrega y que, digamos, se resisten a hacer análisis profundos de una institución en particular hoy día y que este año, hay un fiscal regional (Cooper) que no solo en respecto de esta causa, sino que reiteradamente ha realizado acciones de este carácter”.

Con este fallo, Patricio Cooper mantiene su cargo como fiscal regional de Coquimbo, mientras continúa la polémica en torno al rol del Ministerio Público y los estándares de control y fiscalización a sus altos funcionarios.