Tres meses han pasado desde que el propio Presidente José Antonio Kast anunció, durante su primera Cuenta Pública, uno de los primeros proyectos estrella del gobierno en materia de seguridad: el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

A pesar de la importancia de la iniciativa para el Ejecutivo, y con el texto ya en el Congreso, el proyecto ha ido perdiendo la fuerza con la que inició su tramitación. La iniciativa no fue incluida dentro de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que incluye variados proyectos y el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, se desmarcó de la propuesta derivándola al Ministerio del Interior.

En esa misma línea, durante los últimos días el gobierno cedió a las críticas tanto políticas como de expertos e ingresó las indicaciones del Ejecutivo para perfeccionar la iniciativa. Dichas enmiendas incluyen, por ejemplo, ajustar parte del “corazón” del mensaje, eliminando la pérdida de ciertos derechos sociales como sanción.

Pese al desmarque de Arrau, las indicaciones fueron ingresadas con la firma del Presidente Kast, del propio ministro de Seguridad, del ministro del Interior, Claudio Alvarado y del Ministerio de Justicia, quien en este documento fue representado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Si bien hacia afuera se ha armado una pelotera entre quién lleva la dirección del proyecto, lo cierto es que siempre ha estado en manos del subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Sin embargo Pavez ha recibido el bloqueo de la oposición para ingresar a las instancias legislativas para discutir el mensaje.

Consultado al respecto, el subsecretario Pavez, explicó que “las indicaciones buscan fortalecer el objetivo del proyecto, que es proteger la convivencia social y establecer una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que afectan el orden público, los espacios comunes y los derechos de terceros”.

“En ese sentido, durante la tramitación se acogieron distintas observaciones y comentarios que permitieron perfeccionar el proyecto”, agregó Pavez destacando que se debe especificar “la proporcionalidad de las consecuencias y a la necesidad de distinguir entre conductas de distinta naturaleza y gravedad”.

Las indicaciones del Ejecutivo

Las enmiendas ingresadas por el gobierno presentan una serie de novedades. La primera de ellas es que el registro fue dividido en dos, creándose así el Registro Nacional de Actos Vandálicos -para delitos- y el Registro Nacional de Incivilidades.

Pero lo que más llamó la atención fue que el gobierno, en estas indicaciones, redujo también las sanciones que se aplicarán a las personas que ingresen a dichos registros. Hasta ahora, ingresar a un registro impedía que una persona pudiera acceder a un subsidio habitacional, lo que quedó eliminado como sanción de ambos registros según las últimas indicaciones. Lo mismo ocurrirá con la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuya pérdida ya no será considerada una sanción en el registro como estaba establecido en la idea original del Ejecutivo.

Algo similar, pero más acotado, se hizo en el caso de la pérdida de la gratuidad. Según las indicaciones, se acotó como una sanción únicamente de las personas que ingresen al Registro de Vándalos, es decir, que sean condenadas por alguno de los delitos considerados en dicho registro, catálogo de ilícitos que también fueron acotados a aquellos de mayor gravedad. De esta manera, la pérdida de gratuidad ya no será una sanción en caso de que una persona ingrese al Registro de Incivilidades.

Según sostiene el subsecretario Pavez, este cambio “permite focalizar las consecuencias del proyecto en el infractor correspondiente y evitar que se produzcan efectos más amplios que pudieran afectar a su grupo familiar”.

“La lógica de las indicaciones no es debilitar el proyecto, sino perfeccionarlo. Se acogieron observaciones, se eliminaron consecuencias que resultaban demasiado amplias y se fortaleció la proporcionalidad del sistema, pero manteniendo una respuesta firme frente a aquellos actos vandálicos que, por su gravedad, justifican consecuencias adicionales”, agrega Pavez.

Las modificaciones del Ejecutivo a las sanciones con este tipo de beneficios sociales, recoge en parte el mensaje derivado del fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el proyecto de Escuelas Protegidas, el que en una de sus normas en pugna determinó -en un contundente fallo de 7-3- que no se puede sancionar con la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad universitaria.

La sentencia del TC que declaró inconstitucional partes trascendentales del proyecto del gobierno, afirmó respecto a la gratuidad que “retirar un derecho adquirido en actual goce” terminaba “truncando los estudios ya iniciados”. Además de eso, se determinó que incluir la eliminación de dicho beneficio como una sanción generaría una “diferencia arbitraria fundada en la capacidad económica”.

Respecto a este punto, la autoridad de gobierno asegura que lo resuelto por el TC “es naturalmente un antecedente que debe ser considerado, pero no significa que cualquier regulación vinculada a la gratuidad quede automáticamente descartada. El diseño de este proyecto es distinto y está mucho más focalizado, la medida se limita a determinados delitos especialmente graves y se inserta en un sistema de consecuencias diferenciadas, con intervención judicial y consideración de las circunstancias de cada caso”.

Los otros cambios

Además de los cambios al “corazón” del proyecto del gobierno, también existen otras modificaciones que igual significan una variación en el mensaje.

Lo primero es que se eliminaron una serie de delitos por los que una persona ingresaba al Registro de Vándalos. Entre los ilícitos eliminados está los de agredir a fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la salud, funcionarios de la Defensoría Penal Pública, Carabineros; así como también respecto al micro o tráfico de drogas o de la participación en casas de juegos.

En la misma línea, en las incivilidades se incluyó la producción de ruidos en condominios durante las horas de descanso y se eliminó del mismo listado la organización de loterías, lo que hasta ahora era considerado como una incivilidad.

Por otro lado, las nuevas indicaciones contemplan que una persona pueda evitar ingresar al Registro de Incivilidades si es que realiza trabajos comunitarios.

Además de eso, las indicaciones del Ejecutivo también entregaron mayor discrecionalidad a los jueces, ya que en la nueva propuesta se propone que los magistrados serán quienes fijarán las sanciones del registro, así como también fijarán los plazos en los que una persona permanecerá registrada. Hasta ahora, no estaba especificado el mecanismo con el que se fijaba qué sanción correspondía a casa caso.

Además, las enmiendas agregan que ahora se permite “regular la posibilidad de que la persona solicite que se le excluya de la aplicación de alguna de ellas alegando que le impide o dificulta gravemente el ejercicio de una actividad o empleo indispensable para la obtención de sus ingresos”.

Respecto a los mismos plazos, se fijan rangos en los que una persona permanecerá en el registro. Según se señala, la sentencia condenatoria de una persona establecerá dichos plazos de permanencia “el que no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco años. Tratándose de menores de edad, dicho plazo no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años”.