“A mí me gustaba mucho lo que un amigo me decía: en Chile somos súper buenos para buscar soluciones complejas, caras y de larga implementación. Hay que buscar soluciones baratas, rápidas y efectivas, al hueso”, fue parte de lo que dijo el 25 de abril de 2021, en una transmisión por Facebook, el entonces candidato independiente (ex DC) a la Gobernación del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner (57).

El encuentro virtual no era casual. Aún en tiempos de aislamiento social producto de la pandemia del Covid-19, Díaz había contratado los servicios de la empresa Clean and Safe Spa, creada sólo un año antes, para la “gestión comunicacional” y la “gestión territorial” de su campaña. Todo, por un total de $ 175 millones.

Como parte de esa asesoría, en los live por Facebook, denominados “Biobío puede más”, desfilaron una serie de invitados, entre figuras locales y nacionales. Pero ese 25 de abril el tema era la “salud mental en pandemia”. Y el invitado estrella era el reconocido psiquiatra y creador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín Salas.

“Soy lotino por convicción”, partió diciendo Larraín. Una frase que según cercanos solía repetir, junto con mostrar en su antebrazo derecho un tatuaje que reproduce la pintura “El Regreso” (1998), del artista chileno José Venturelli, acompañado de la palabra “Lota”, comuna del Biobío donde la fundación se había instalado en 2017.

“Nos cuesta mucho salirnos de los márgenes. Y la salud mental tiene que ver con cuidados, con cariño, no tiene que ver con productividad”, complementó el psiquiatra en la transmisión.

La participación de Larraín en la actividad de campaña de Díaz, quien en junio de 2021 se convirtió en gobernador regional de Biobío, es uno de los varios elementos que hoy tienen a la exautoridad -y a su círculo- en la mira del Ministerio Público en la segunda arista más cuantiosa de la megainvestigación por los 18 convenios obtenidos por la fundación ProCultura en ocho regiones del país por $ 5.866.677.378.

En ellas se investigan, entre otros, los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y fraude al Fisco.

En los nueve tomos y las casi cuatro mil páginas del expediente de la arista Biobío del caso, se indaga cómo fue que ProCultura se ganó en mayo de 2022 -sin concurso público- un fondo del Gore dirigido por Díaz por $ 2.500 millones para realizar un programa de “turismo creativo” en la zona. De ellos se alcanzaron a transferir $ 1.500 millones, de los cuales no fueron rendidos y “desaparecieron” $ 600 millones.

Una investigación en la que los fiscales descubrieron que, tal como ocurrió en otras regiones, buena parte de las tareas que según el convenio debía realizar ProCultura, en realidad fueron subcontratadas a terceros. Entre ellos, a Esquerré Consultores: una influyente empresa local dirigida por una cercana a Díaz y que, “tras bambalinas”, había sido parte de la campaña política del gobernador.

Un gobernador y Alberto Larraín

Además de tener su teléfono “pinchado” por la Policía de Investigaciones, fueron tres las veces que el exgobernador Rodrigo Díaz tuvo que entregar su celular en los cuatro años que estuvo en el cargo.

Las dos primeras, en el marco del caso Lencería, donde han sido formalizados, entre otros: Camila Polizzi, excandidata a diputada y a alcaldesa de Concepción; Rodrigo Alarcón, entonces jefe de gabinete de Díaz; Rodrigo Martínez, exadministrador del Gore Biobío, y Simón Acuña, exjefe de desarrollo social de la misma entidad.

La tercera incautación ocurrió en junio de 2024 por orden del fiscal Carlos Palma, quien, en ese momento, estaba a cargo del caso ProCultura en todo el país. Un fuerte golpe para una figura local que fue intendente del Biobío entre 2014 y 2018, y que en círculos políticos era conocido por su cercanía con la expresidenta Michelle Bachelet.

En su declaración ante los fiscales del caso, entregada el 21 de octubre de 2024, Rodrigo Díaz dijo que, pese a que ambos tienen un pasado en la Democracia Cristiana, la primera vez que vio a Alberto Larraín habría sido justamente en el live de Facebook de su campaña. Allí también resaltó que antes de su gestión, ProCultura ya había ejecutado dos proyectos con el gobierno regional por un total de $33 millones.

Larraín no era un desconocido en la región. A mediados de 2020 su fundación había recibido de emergencia la administración del Parque Isidora Cousiño y del expique minero Chiflón del Diablo -ambos en Lota- de parte de Corfo. Incluso, dicen sus cercanos, el psiquiatra tenía elegida una casa en Concepción para trasladarse a vivir junto a su familia, lo que se habría truncado en medio de su separación de la también psiquiatra Josefina Huneeus.

Ya en el mandato de Rodrigo Díaz, en 2021, ProCultura recibió otros $ 163 millones “para cautela del patrimonio industrial de la región, con foco en el parque de Lota y restos del complejo ferroviario de San Rosendo”. Todos proyectos que se habrían realizado sin problemas aparentes.

Fue a inicios de 2022, según el mismo Díaz, que tuvo una particular conversación con el psiquiatra. “Recibí varios llamados del señor Larraín donde, insistentemente, me decía que los Gores debíamos proponerle al Presidente electo Gabriel Boric que lo nombrara subsecretario de Desarrollo Regional”, dijo en su declaración. Pero, según Larraín, también en su testimonio judicial, sólo llamó a Díaz “por temas del parque” y “para el Día del Patrimonio”.

Es más, Larraín asegura que fue el propio gobernador Díaz quien, tras el estallido del caso Democracia Viva a mediados de 2023, “se comunicó conmigo para darme su apoyo, así como otros gobernadores según recuerdo, por ejemplo, (Claudio) Orrego, (Jorge) Flies, Luis Vargas, entre otros”.

Esquerré y la campaña del gobernador

Con un gobierno regional del Biobío apremiado por ejecutar un millonario presupuesto que no había podido ser gastado por la pandemia, los testimonios del expediente son contradictorios sobre el origen de la idea de que en 2022 ProCultura presentara ante el organismo el proyecto de “Turismo Creativo” por $ 2.500 millones.

De acuerdo a Alberto Larraín, el Gore “a través de su jefe de división de fomento, don Iván Valenzuela, nos plantea la posibilidad de desarrollar una iniciativa de turismo creativo, que es como se conoce al turismo que está vinculado al tema cultura”. Pero consultado por los fiscales, el exgobernador Rodrigo Díaz afirmó que “la idea del programa nace desde la fundación, no es de los programas en que el Gore fue a buscar gente, sino que ProCultura lo presentó al Gore”.

De cualquier forma, lo que está claro es que antes de ingresar el proyecto, Alberto Larraín buscó ayuda de un tercero con quien ya había trabajado: Paola Núñez Muñoz, periodista, sin militancia y de familia DC, y directora ejecutiva de Esquerré Consultores, firma del holding de los hermanos Paul y Michel Esquerré, familia que lleva 100 años dedicada al turismo en la zona.

Además de ello, Núñez también había sido directora local de Sernatur cuando Díaz era intendente regional durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Además, Díaz y Núñez fueron compañeros de un magíster en la Universidad del Desarrollo durante el año 2010.

“Yo fui militante DC entre 1983 y 2019, en esos años trabajé con mucha gente, y entre quienes me apoyaron en mi campaña a gobernador (...) estaba Paola Núñez, quien en ese tiempo ya trabajaba en Esquerré Consultores, y me ayudaron con las redes sociales”, reconoció Díaz al ser interrogado. La periodista incluso apareció conduciendo algunas de las transmisiones en vivo por Facebook.

Al revisar las declaraciones de gasto de campaña rendidas por Díaz ante el Servel, tanto para la primera como para la segunda vuelta en la elección de gobernadores de 2021, ni Esquerré ni Núñez figuran entre los proveedores. Desde el entorno de Díaz explican que en realidad el trabajo de Esquerré fue pagado a través de la empresa Clean and Safe, por lo que quedó fuera de los registros oficiales.

A diferencia de lo ocurrido con Díaz, en esa misma elección Esquerré Consultores sí figura oficialmente como proveedor de la campaña a senador del PS Gastón Saavedra ($ 3 millones) y de la fallida candidatura a diputado del exvicepresidente de la DC Aldo Mardones ($ 6 millones).

“Solté mucho a la Paola”

En marzo de 2022, ProCultura había firmado un acuerdo de trabajo con la empresa Esquerré, a la que Larraín consideraba “un colaborador muy importante en la región”. Exdirectivos y trabajadores de la fundación detallaron a La Tercera que nunca entendieron la “preferencia” por la empresa, a la que incluso terminaron comprando todos los pasajes aéreos a partir de 2022, pese a que salía más caro que adquirirlos de manera directa.

Sobre el “Turismo Creativo”, la misma Paola Núñez reconoció ante los investigadores que “Alberto Larraín nos comentó que estaba desarrollando un proyecto para la Región del Biobío (...). Me propone realizar una iniciativa más amplia y de más alto impacto”.

Una vez presentado al Gore Biobío, el proyecto fue visado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional -en ese momento a cargo de Miguel Crispi-, autorizado por la Dirección de Presupuestos, aprobado por el Consejo Regional con 25 votos a favor y dos abstenciones, y tomado de razón por la Contraloría General de la República.

Adjudicado el programa y usando nuevamente un modelo de subcontratación, Esquerré Consultores -la misma empresa que prestó servicios en la campaña del gobernador Díaz- sería la que realmente terminaría ejecutando parte del proyecto de ProCultura. En específico, las áreas de “turismo gastronómico” y de “marketing turístico”. Además, dos funcionarias de Esquerré, Luz Melgarejo y Damaris Alarcón, emitirían en paralelo boletas de honorarios a la fundación por ese y otros proyectos.

Además de Biobío, la relación entre ProCultura y Esquerré se extendió también en 2022 al Gore de Ñuble, donde, según los antecedentes de la causa, fue la misma Paola Núñez quien propuso a ProCultura para adjudicarse directamente el proyecto “Encuentro Binacional” por $ 268 millones, pero que terminó en un 66%, siendo “subcontratado” a la misma empresa de turismo.

Por todos los servicios de “Turismo Creativo” del Biobío, Esquerré asegura que ProCultura les quedó debiendo $ 70 millones. Además, en una escucha telefónica entre los hermanos Esquerré del 12 de abril de 2024, Michel le confiesa a Paul que “la consultora perdió $ 200 millones el año pasado”. A lo que Paul responde: “Sí, sí, ese es el tema, que solté mucho a la Paola, weón”.

Claudio Flores, funcionario local de ProCultura que estuvo a cargo de la iniciativa en Biobío, declaró que “quien dirigía todo el proyecto era Paola Núñez (...), quien fue anteriormente jefa de campaña del gobernador Rodrigo Díaz. Es importante señalar que Paola Núñez ejercía gran liderazgo en el proyecto mencionado, tomando muchas decisiones importantes, orientadas a favorecer más que nada al gobernador. Alberto siempre mencionaba que las decisiones importantes debían ser consultadas con Paola”.

Cercanos a Díaz y Núñez insisten en que la periodista nunca fue “jefa de campaña” y que sólo prestó un servicio profesional “que ha tenido un alto costo reputacional y comunicacional” para ambos. Y que tanto las cuentas corrientes personales como las de la empresa Esquerré están en poder de la Fiscalía, donde, aseguran, “no existe ningún tipo de favor político”.

En su testimonio judicial Rodrigo Díaz dijo que “al momento de firmarse el convenio, yo no tenía conocimiento de que iban a subcontratar a empresas Esquerré”. Mientras estuvo en el cargo, Díaz logró recuperar, mediante el cobro de boletas de garantía, $ 287 millones de los $ 600 millones perdidos.

Del resto del dinero, se barajan dos hipótesis. Una de ellas, planteada por María Constanza Gómez, representante legal de la fundación, quien aseguró ante la Fiscalía que parte del dinero fue utilizado para comprar por $ 290 millones la “casa Abudoj” de Concepción: un inmueble que sería utilizado como sede regional, pero que al estallar la crisis fue vendida en $ 240 millones, “con la finalidad de pagar sueldos”.

La segunda teoría, de boca del mismo Alberto Larraín, es que “el dinero no ejecutado lo usamos en el parque de Lota y en otros proyectos de la fundación ProCultura. Por ejemplo: cubrir sueldos, déficit generado ante corte de ingresos, tanto públicos como de privados, siendo una decisión para no despedir a trabajadores o dejar de cumplir con nuestra fundación”.