Reos de Punta Peuco han recibido 38 permisos carcelarios desde 2017

Organismos de DD.HH. cuestionan los permisos en Punta Peuco.

Gobierno de expresidenta Bachelet otorgó 28, mientras que la actual administración suma 10 en cinco meses. Recintos de La Araucanía lideran en el nivel regional. Penal de Angol supera las 800 autorizaciones.


Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2018, Gendarmería otorgó 38 permisos para salidas especiales a internos de la cárcel de Punta Peuco, dispuesta para exuniformados condenados por delitos de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990.

Según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia, del total de autorizaciones, 32 fueron solicitadas por motivos de salud. De las restantes, a tres reos se les permitió salir del recinto para asistir a los funerales de familiares directos -la cónyuge, la madre e hija-, dos para visitar a familiares y uno de ellos fue para el matrimonio de su hija.

Además, 23 de estos permisos se otorgaron en 2017, mientras que 15 fueron entregados durante los primeros siete meses de 2018. Los registrados durante el primer año ocurrieron bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, a los que se suman cinco más dados en los últimos tres meses de su segundo mandato. En la administración del Presidente Sebastián Piñera, en tanto, se ha autorizado a 10 reclusos, ocho por razones de salud y dos por visita a un familiar (ver infografía).

De acuerdo con el reglamento penitenciario, los jefes de establecimientos son los encargados de definir las salidas esporádicas de los internos, previo análisis del consejo técnico del recinto. La salida es vigilada y no puede superar las 10 horas. En relación con los motivos, se establece para casos de enfermedad, accidente grave o muerte de parientes próximos o personas íntimamente ligadas. Además. para concurrir a hechos de importancia o trascendencia en la vida familiar.

Sin embargo, en el caso de condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos, la modificación que realizó a la norma en 2016 el gobierno de Bachelet exige a este tipo de internos, para obtener el permiso, “acreditar por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos (Afep), consideró “lamentable” la información y acusó a las autoridades de “buscar los mecanismos para darles todo tipo de beneficios a criminales de lesa humanidad”. “Esto demuestra que no hay disposición ni voluntad de hacer verdad y justicia, sino que están usando los mecanismos para darles más beneficios de los que ya tienen”, agregó.

Desde la otra vereda, Raúl Meza, abogado de exuniformados del penal ubicado en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana, aseguró que este tipo de permisos son “absolutamente excepcionales para los reos de Punta Peuco”. También sostuvo que han sido entregados en casos especiales a un número reducido de ellos, no obstante que muchos cumplirían con los requisitos.

“El requisito insalvable que ha impedido el otorgamiento de los beneficios intrapenitenciarios a los internos de Punta Peuco, incluso así me lo han reconocido las autoridades de Gendarmería del penal, es la modificación del reglamento carcelario instaurado durante el gobierno de Bachelet”, añadió Meza.

La Tercera solicitó una declaración al respecto al Ministerio de Justicia, no existiendo respuesta hasta el cierre de esta edición.

La Araucanía

El 27 de julio recién pasado, el comité técnico de la cárcel de Temuco autorizó al machi Celestino Córdova a dejar el recito penal en el que cumple condena por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, para asistir a su rewe (ceremonia religiosa mapuche).

En un operativo coordinado entre Gendarmería y Carabineros, la autoridad indígena concurrió a la ceremonia, la cual había exigido a través de extensas huelgas de hambre.

Sin embargo, el permiso obtenido fue uno más entre los 1.253 autorizados entre 2017 y 2018 en La Araucanía, región que lidera en este ítem a nivel nacional.

Según las estadísticas de Gendarmería, al 30 de junio de 2018, esta región mantiene 1.123 condenados en el subsistema cerrado.

La cárcel de Angol, de hecho, es la número uno en el nivel nacional, con 834 permisos, seguida por la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), con 638, y la cárcel de Arica, con 421.

En el caso de la Región Metropolitana, esta tiene 25.539 personas condenadas a cumplir la pena en la cárcel. Ocupa el segundo lugar en número de permisos, con 692.

Las regiones con menor número de beneficios de este tipo son Los Lagos, Coquimbo y Magallanes, con 11, 25 y 27, respectivamente.

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