A menos que las defensas busquen la reapertura de la indagación y realización de nuevas diligencias, la preparación del juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tendrá lugar el próximo 3 de febrero a partir de las 9.30 horas, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

En dicho proceso, el Ministerio Público dará cuenta de la serie de pruebas que reunió durante los casi dos años de investigación, y son la base de la acusación que ingresaron contra Barriga y otros siete imputados.

El escrito de la Fiscalía tiene cargos que se agrupan en seis hechos. Fraude al Fisco por sobreejecución de gastos es el primer grupo de hechos de la imputación, y dice relación -de acuerdo con lo indicado por la Fiscalía en el escrito de 1.921 páginas- con una serie de maniobras que la ex chica Mekano realizó en colaboración con los acusados Andrea Díaz, Ana María Cortés, Matías Silva, Lucía Carrillo, Juan Carlos Quezada, Bastián Baez y el condenado Luis Japaz.

Como se describe en el documento, “administraron deslealmente el patrimonio municipal, incurriendo fraudulentamente en gastos excesivos, no presupuestados y sin financiamiento, sobreejecutando el presupuesto municipal y generando deuda para el municipio por cifras multimillonarias en contravención a las reglas de la administración financiera del Estado”.

Para ello, continúa la acusación, manipularon fraudulentamente la disponibilidad presupuestaria municipal mediante una serie de acciones. Entre ellas, rebajas indebidas a los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), ocultando obligaciones, sobreestimando ingresos, subestimando gastos y desfinanciando a Smapa.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, todo ello llevó a la acumulación de un déficit presupuestario que al 30 de junio de 2021 fue estimado por la Contraloría en $ 30.739.310.000.

El segundo grupo de hechos se refiere a la falsificación de documentos públicos, apartado en que los investigadores indican que Barriga junto a la ya condenada María Isabel Palma entregaron información financiera y presupuestaria falsa. Esto, se indica, “a través de distintos medios al Concejo Municipal y a la ciudadanía, obstaculizando las funciones de todos los organismos públicos encargados del control de la correcta ejecución de los recursos fiscales”.

Se especificó, en la misma línea, que Palma proporcionó al Concejo Municipal información presupuestaria falsa en los informes de ejecución presupuestaria y en los informes de presupuesto de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Y que Barriga informó falsamente el estado financiero del municipio, al menos, en las cuentas públicas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, además de instruir la entrega de información falsa en respuesta a diversas solicitudes de información reguladas por la Ley de Transparencia en al menos tres ocasiones. Igualmente, se precisó, se presentaron informes financieros falsos a Contraloría.

Como tercer grupo de hechos está el delito de fraude al Fisco mediante el pago indebido de remuneraciones. Esto, como se detalló, en razón de que la otrora alcaldesa, según la Fiscalía, instruyó y autorizó la contratación a honorarios en calidad de periodista de Andrea Monsalve, “a sabiendas de que no tenía dicha calidad profesional, para luego mantener a la referida acusada en dicho cargo pese a no prestar servicio alguno al municipio por expresa disposición de la acusada Barriga, debido a un conflicto personal entre ambas”.

Esto significó que Monsalve se mantuvo cerca de cuatro años con licencia médica, “causando un perjuicio fiscal municipal total líquido ascendente al menos a $ 110.679.200″.

Los hechos agrupados en el cuatro grupo son los referentes al fraude al Fisco mediante la adquisición de collares. En la acusación se especificó que la exjefa comunal “en su calidad de máxima autoridad municipal, en al menos cuatro ocasiones instruyó la compra vía trato directo de un total de al menos 1.000 collares de cristal (...) por un valor total ascendente al menos a $ 17.850.000, los que fueron efectivamente comprados y entregados a la entonces alcaldesa para su administración, permaneciendo bajo su custodia y uso personal, y cuyo destino no fue debidamente informado ni registrado por la acusada".

Asimismo, el quinto grupo de hechos se centra en el fraude al Fisco de fondos públicos de la Corporación Municipal de Educación de Maipú. Esto, dado que el Ministerio Público pudo establecer que durante su gestión, Barriga utilizó fondos destinados para labores propias del organismo en otros ítems, entre ellos kits escolares y peluches.

Por último, el sexto grupo de hechos se refiere al financiamiento personal con fondos municipales, ya que los investigadores pudieron evidenciar que Barriga “autorizó directa o indirectamente el gasto público municipal de fondos por al menos $ 125.328.425 para que ellos fueran destinados al programa que ella misma promocionó públicamente como ‘Fuerza de Mujer’, misma marca que instruyó registrar a su nombre, quedando bajo el registro N° 1281679 de Inapi, valiéndose para ello inicialmente de un testaferro, y transfiriéndola posteriormente a su propio nombre, utilizando recursos públicos para ello".

Junto con ello, se especificó que al menos desde octubre de 2018 y hasta septiembre de 2019, la exalcaldesa incorporó falsamente a la nómina de trabajadores a Andrea Fuentes, “simulando su contratación como funcionaria municipal, realizando y obteniendo improcedentemente de esta forma pagos mensuales asociados a las labores de cuidado personal de uno de sus hijos con cargo a fondos públicos de la municipalidad”. Esto, conforme al detalle, significó un perjuicio fiscal de al menos $ 9.734.327.

Asimismo, se precisó que Barriga se apropió de al menos $ 5.405.918 a través del uso de recursos públicos para la tramitación y seguimiento de causas judiciales personales -no asociadas a su quehacer como alcaldesa-, y de su marido, el diputado Joaquín Lavín.

Los testigos de la Fiscalía

Para sostener las imputaciones antes señaladas, el Ministerio Público cuenta con centenares de pruebas documentales. Entre ellas, declaraciones, informes periciales, documentos, peritajes y oficios de Contraloría. Pero además, buscarán que decenas de testigos puedan comparecer en el juicio.

En la acusación, de hecho, el Ministerio Público presentó un listado de 254 posibles testigos: 21 son funcionarios de la PDI y 233 son civiles. Entre estos últimos no solo se encuentran funcionarios que trabajaron junto a Barriga en su período como exalcaldesa, sino también personas cercanas a ella -como su asesora del hogar-, exministros y algunas que hoy poseen cargos políticos.

Uno de los primeros llamados en el grupo de civiles es el esposo de Barriga y actual diputado del distrito 8, Joaquín Lavín León, quien también está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios.

También está en la lista la contralora, Dorothy Pérez, quien, de concretarse su citación al juicio, “declarará respecto de los hechos materia de la acusación y en particular sobre el Informe remitido mediante Oficio E50.450/2025, de la Contraloría General de la República”.

Asimismo, se nombra como posible testigo al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien ha criticado duramente la gestión de Barriga durante todo su mandato. El jefe comunal incluso presentó una querella como representante de la municipalidad por fraude al Fisco en contra de la exalcaldesa. Esta última -junto a personas cercanas a ella como su esposo y su suegro, Joaquín Lavín- aseguró que Vodanic orquestó una persecución política en su contra.

Por su parte, también hay dos exministros en la lista: Susana Jímenez, ministra de Energía entre 2018 y 2019 y actual presidenta de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC), y José Antonio Walker, ministro de Agricultura entre 2018 y 2022. Ambos, de ser citados, declararán sobre el vínculo del ministerio que lideraron con la Municipalidad de Maipú.

Otras personas relacionadas con el mundo político y presentes en la lista de posibles testigos de la Fiscalía son Felipe Guevara, actual concejal de San Miguel y exalcalde de Lo Barnechea, y Karin Luck, diputada de Renovación Nacional entre 2018 y 2022.