La decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena de conceder una orden de no innovar en el marco de un recurso de protección en contra de la humorista Natalia Valdebenito abrió el debate sobre los riesgos que corre la protección del derecho a la libertad de expresión.

La pugna se originó luego de que la familia de uno de los seis mineros fallecidos en la mina El Teniente ingresara esta acción de protección ante el tribunal de alzada de la región de Coquimbo.

El recurso fue motivado luego de los dichos de Valdebenito en una rutina de humor. En ese contexto, la corte ordenó a la comediante –mientras resuelve el fondo del recurso– “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida”.

En esta entrevista, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate, aborda la colisión de derechos que se genera en este caso. Zárate, quien es expertos en Derecho de la Comunicación, cree que “decretar esa medida de no innovar es una vulneración grave a la libertad de expresión”.

¿Cuál es el problema que se genera con esta resolución?

A mí me preocupa más bien que esto es la confirmación de un precedente que ya están desarrollando los tribunales en relación con la libertad de expresión, que lo hemos visto en materia penal, por ejemplo, en las prohibiciones de informar en las causas que son reservadas pero en que intervienen personajes públicos.

¿Cómo se materializa ese precedente en este caso concreto?

Acá es más grave todavía porque la orden de no innovar en general es una medida que se rechaza. Tiene que ser muy grave la situación. Entonces, el problema está en que el sistema judicial tiene que entender que las órdenes de no innovar, que son ya excepcionales, en caso de que se justifiquen deben ser aún más excepcionales tratándose de la libertad de expresión.

¿A su juicio, qué es lo más grave de todo esto?

Decretar esa medida de no innovar ya es una vulneración que es grave a la libertad de expresión. Y no estamos defendiendo los dichos ni el humor de Natalia Valdebenito. A mí lo que me produce mayor inquietud es que sea un tribunal del Estado, de la República, y no el público, la audiencia o los ciudadanos quienes determinen qué es de buen o mal gusto. Eso es lo que es grave de la forma en que se hizo. Primero, del tipo de orden que se emite. Segundo, de la amplitud de esa orden, que es bastante ambigua y vaga. Es absolutamente grave y es sintomático de una tendencia lamentable de estos dos últimos años.

¿Considera que una resolución de estas características puede constituir censura previa?

La decisión de la corte constituye un acto de censura previa, derechamente. Es una censura previa en el sentido de que no es posterior, no se está exigiendo la responsabilidad dada la naturaleza de esta acción, no es una acción de carácter punitivo sino que es precisamente cautelar, preventivo, para que una persona se abstenga de realizar este tipo de discurso.

Siempre se dice que, como todo derecho, la libertad de expresión tiene límites. ¿No cree que este podría ser un caso en que se están haciendo efectivos esos límites?

Los límites del derecho a la libertad de expresión se pueden discutir, pero los límites de la libertad de expresión, justamente la esencia de ese derecho, ocurre en un sistema de expresión sin censura previa. Por lo tanto, la esencia del sistema es que cualquier responsabilidad es posterior. Y la responsabilidad posterior, además, tiene que ser proporcional porque si no al final se convierte en una censura previa, porque nadie se atreve a hacer algo en el futuro si es que ve que alguien fue sancionado por esa situación.

¿Cuál es el riesgo de que finalmente sea el Estado el que decida cuáles son las mofas o chistes que se pueden decir?

Ahí yo creo que está mi mayor reproche de este tipo de fallos. Hay una sentencia que se llama “Estados Unidos versus Álvarez” del año 2012, que tiene una frase que es la que más me gusta y que creo que es plenamente aplicable acá. La Corte Suprema declaró básicamente que la falsedad se combate con la verdad, el mal gusto se combate con buen gusto, pero es la sociedad la que decide, la que toma esas decisiones, no el Estado. Y eso es lo que ocurre en cualquier democracia liberal y así debería funcionar un sistema constitucional.

¿Cuál sería el peligro de que este tipo de decisiones se extienda?

Que en lugar de que sean los ciudadanos los que tomen sus decisiones sobre escuchar a un humorista en relación a un determinado tema, o escuchar a un político, o cualquier opinión que pueda existir, sea un juez el que nos impide, el que toma esa decisión, el que nos dice lo que podemos oír o con lo que nos podemos o no reír, el que toma la decisión por nosotros.

Usted hablaba de una tendencia de los tribunales. ¿Hay falta de sensibilidad en la judicatura respecto a la libertad de expresión?

Los tribunales tienden, yo creo que por falta de conocimiento y por falta de sensibilidad, a desestimar las consecuencias que tienen sus decisiones en materia de libertad de expresión. Me niego a pensar que se trata de una situación ideológica de los jueces. La libertad de expresión no tiene que ver con ser de derecha o de izquierda, sino que más bien con el tipo de sociedad que tenemos, si es una sociedad donde el Estado guía el pensamiento de los ciudadanos o más bien el Estado está al servicio de los ciudadanos.

¿Podría ser que esto ocurre con el humor, por el tipo de discurso que representa?

Se toma el humor como si fuera un discurso de segunda clase, que en el fondo está sujeto a mayor cantidad de restricciones. Y eso no es así. El humor, la sátira, tiene un fuerte componente de interés público porque se trata de críticas hacia la sociedad, hacia el poder público, hacia nuestro sistema político.