Con respaldo transversal y sin votos en contra, la Sala del Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley que prorroga la aplicación del aumento en los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía, una medida que apunta a dar mayor gradualidad a las exigencias académicas sin profundizar la escasez de docentes en el sistema escolar.

La iniciativa obtuvo 28 votos a favor y fue despachada a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

El proyecto tiene su origen en la Ley 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y que estableció un incremento progresivo en el puntaje mínimo para ingresar a pedagogía, con el objetivo de elevar la calidad de la formación inicial.

Sin embargo, con el paso de los años, el calendario de exigencias fue siendo postergado debido a las dificultades prácticas que implicaba un alza abrupta, especialmente en un contexto de déficit de profesores a nivel nacional.

El presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza (UDI), explicó que el foco central del proyecto es incorporar una mayor gradualidad en el aumento de los requisitos, evitando efectos adversos en la matrícula y en la disponibilidad de futuros docentes.

Según detalló, un incremento inmediato y elevado del puntaje mínimo habría reducido de manera significativa el número de estudiantes habilitados para ingresar a pedagogía, poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad de los programas universitarios como la cobertura docente en distintas regiones del país.

En ese sentido, la comisión —con acuerdo del Ejecutivo— optó por un texto alternativo al aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados.

Percentil 60

La propuesta final posterga hasta el año 2030 la entrada en vigencia del régimen definitivo, que exige alcanzar un puntaje equivalente al percentil 60 en la prueba de acceso a la educación superior.

Mientras tanto, se establecerá un régimen transitorio que eleva de forma gradual el percentil requerido desde 33 en 2026 hasta 47 en 2029, permitiendo una adaptación progresiva del sistema.

Sanhueza subrayó que esta gradualidad busca evitar las consecuencias negativas de un cambio drástico, dando tiempo a las universidades para ajustar sus procesos formativos, sin renunciar al objetivo de elevar los estándares de ingreso.

Asimismo, destacó que existen escuelas de pedagogía que ya están desarrollando iniciativas relevantes para asegurar una formación docente de alto nivel, lo que refuerza la necesidad de combinar exigencia académica con realismo institucional.

A la sesión asistió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien valoró el acuerdo alcanzado y recordó que la ley original, aprobada en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, estableció altos estándares para las pedagogías, incluyendo la obligatoriedad de acreditación, una exigencia que solo comparte con la carrera de Medicina.

No obstante, reconoció que la aplicación práctica de estas normas ha enfrentado dificultades, especialmente por el comportamiento de los resultados en las pruebas de admisión y su impacto en la matrícula.

“El punto es que en la práctica esto ha tenido dificultades, trayendo consigo una disminución en la matrícula del sistema”, explicó Cataldo, agregando que el desafío era evitar seguir postergando indefinidamente los requisitos, pero también definir una trayectoria clara hacia mayores exigencias sin reducir la cantidad de docentes disponibles.

Según el secretario de Estado, estudios del Mineduc y de la fundación Elige Educar evidencian un déficit de más de 200 mil horas de profesores idóneos, una situación que afecta con mayor fuerza a las regiones, donde existe menor oferta de carreras de pedagogía.

En ese contexto, enfatizó que el acuerdo alcanzado permite avanzar desde 2026 hasta 2030 en un aumento anual del percentil de corte, partiendo desde un nivel que no genera un impacto abrupto en comparación con el sistema vigente.

“Esto evita transitar en más de 100 puntos de un año a otro, lo que habría tenido efectos negativos en todo el país”, sostuvo.

Con su despacho a la Cámara de Diputados, el proyecto entra ahora en su etapa final de tramitación, donde se definirá su aprobación definitiva.