De aprobarse la ley, a partir del próximo año todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares. La medida, aprobada por el Senado y a la espera de su tercer trámite en la Cámara, busca ordenar la convivencia escolar y disminuir distracciones, pero también abre un debate sobre el rol de la tecnología en la educación y los riesgos de limitar el acceso digital en un sistema que aún enfrenta importantes brechas.

El proyecto unifica siete mociones que fueron presentadas anteriormente, y establece excepciones específicas: situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil y solicitudes fundadas de apoderados por razones de seguridad. En enseñanza media, en cambio, los colegios podrán definir horarios o espacios donde el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes. “Se ha comprobado que la prohibición o la restricción de la utilización de los aparatos permite mejorar el ambiente escolar, disminuye el bullying y aumenta el rendimiento”, asegura al respecto el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI).

Para la neuróloga infantil de Clínica Dávila Vespucio, Paola León, ciertas características sociales son mermadas si es que los niños y jóvenes se ven expuestos a las pantallas. “También va influir negativamente en su rendimiento escolar y en el sueño de la noche”, destaca.

Los establecimientos -si sale a la luz esta ley- deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026 y, en 2030 el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación nacional sobre convivencia, rendimiento, bienestar socioemocional y acceso digital. La normativa instala a Chile en el centro de un debate global: qué ocurre cuando los sistemas escolares deciden restringir la principal herramienta tecnológica de adolescentes y jóvenes. La evidencia internacional ofrece señales mixtas. Francia implementó esta misma medida, con mejoras en convivencia, pero sin impactos concluyentes en rendimiento. En América Latina, varias experiencias quedaron limitadas a lineamientos y recomendaciones, pero no a leyes de carácter nacional. Chile sería el primer caso de la región en aplicar restricciones al uso de teléfonos en los colegios, regido por ley.

¿Basta con prohibir?

Según el Sondeo Descifra, el 90% estaría de acuerdo con prohibir celulares en sala de clases, pero al mismo tiempo el 51% de los considera que la normativa será difícil de aplicar. Más allá del debate teórico, el impacto más visible será en la rutina escolar. La psicóloga infantojuvenil de Clínica Santa María, Jennifer Conejero, remarca que la prohibición de estos dispositivos ayudaría a mejorar la convivencia escolar en múltiples aristas. “Mejora el desarrollo de las funciones ejecutivas, se aprovecha el tiempo para hacer tareas y serviría para relacionarse con compañeros y profesores. Sacando los dispositivos, hay una obligación de interactuar con el otro”. Por otra parte, detalla que esto ayudaría a evitar situaciones de cyberbullying, donde se puede grabar a compañeros o profesores sin su consentimiento para situaciones de agresión.

Por otro lado, esta ley anticipa una tensión adicional: combinar disciplina escolar con la autonomía que los jóvenes reclaman para su vida digital. ¿Basta con prohibir? Según dice la académica de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Genevy Moreno, esto debe ir acompañado de formar integralmente tanto a los alumnos como a sus padres. “La tarea no es solo retirar el dispositivo, sino ayudar a los jóvenes a construir criterios y límites internos sobre cómo, cuándo y para qué usarlo. Porque si se prohíbe en el colegio, pero en la casa tiene uso ilimitado, vamos a quedar en las mismas y les vamos a generar mayores niveles de ansiedad”, comenta.

En el plano pedagógico, valoran la medida como un orden necesario para recuperar el foco académico. Marisol Contreras, directora de la Escuela Reyes de España, en Chillán, impulsó esta norma desde la vuelta de la pandemia. En primera instancia, los alumnos debían dejar sus teléfonos en unas cajas al inicio de las clases y podían retirarlo al fin de éstas. Según comenta, poco a poco los alumnos dejaron de llevar sus dispositivos al colegio y comenzaron a compartir más, tanto en la sala como en el patio. “Ya no veías a los niños jugar en los recreos, estaban casi todos sentados un pasillo, cerca de donde llegaba mejor la señal de internet”. El cambio fue resistido al principio. No solo por los alumnos, sino también por sus padres. “Nos decían que se sentían culpables de no poder estar en contacto con sus hijos”, destaca la directora. Sin embargo, según dice, esto se fue interiorizando en la comunidad, se integró en el manual de convivencia, y la educadora saca cuentas positivas sobre esta medida. De hecho, fue invitada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para exponer sobre su experiencia durante el desarrollo de este proyecto de ley.

La propuesta instala una responsabilidad inédita, ya que los padres deberán supervisar el uso del celular fuera del horario escolar y hacerse cargo de las consecuencias de un manejo indebido. Mientras el proyecto entra a su fase final en el Congreso, los colegios comienzan a anticipar ajustes reglamentarios y medidas operativas.