Han sido cuatro las jornadas por las que se ha extendido la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en la denominada trama bielorrusa.

Durante las primeras dos audiencias -el viernes 7 y sábado 8 de noviembre- el protagonista fue el Ministerio Público, que en voz de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y del persecutor Marco Muñoz expusieron los cargos contra los imputados y los argumentos para sostener que son autores de los delitos consumados de soborno, cohecho y lavado de activos, y que se concertaron con la exministra Ángela Vivanco para que resolviera favorablemente recursos del Consorcio Belaz Movitec (CBM) contra Codelco.

Este lunes 10 y martes 11, en tanto, las defensas tomaron la palabra, controvirtiendo en duros términos las imputaciones. Los primeros en hacerlo fueron los abogados de Vargas, Sergio Contreras y Conall Morrison, quienes fueron enfáticos en argumentar que la georreferenciación de los imputados no es suficiente para acusarlos de haber actuado coordinados. Porque, por lo demás, como dijeron, su representado y Vivanco nunca son captados por la misma antena que comunicaciones, por lo que perfectamente podría haber estado en el departamento que posee a sólo metros de la oficina de los coimputados y no en esas oficinas.

Luego fue el turno de Cristián Cáceres y de Luis Andrés, abogados de Lagos, quienes profundizaron en falencias de la indagación del Ministerio Público. Remarcaron que la carpeta está llena de conjeturas y de indicios que no son concluyentes, que los informes de Carabineros continuamente hacen referencia a que “no se puede descartar” ciertas situaciones, pero que no hay elementos concretos de los delitos imputados. Subrayaron que una vez que ya se habían pedido las órdenes de detención y materializadas, el miércoles 5 de noviembre, solicitan un informe a carabineros sobre el posicionamiento de los sospechosos, y que este llega a sus manos cuando ya era inminente la primera audiencia de formalización.

De hecho, durante sus exposiciones también manifestaron que en la misma solicitud de detención, el Ministerio Público dejó visible un comentario que sostenía: “Ojo, lo que figura en recuadro en adelante en letra color azul está señalado en el informe, pero no consta aún que se haya verificado”.

Eso, recalcaron los abogados, es prueba de que se está ante una indagación llena de falencias. “Todos hemos trabajado bajo presión y cometimos errores, pero aquí se actuó con apuro, magistrado (...) Algo o alguien dio una orden para que esta investigación, que tenía una velocidad y un ritmo, se apurase, y había que pedir esta orden de detención", criticó Andrés.

Expusieron, asimismo, que es insólito que los persecutores no se percataran que cuando Lagos y Vargas se reunieron en una supuesta fecha clave con Vivanco en su casa, era producto de una celebración y no para redactar un recurso, como dijeron los investigadores.

En ese punto, la jueza Michelle Ibacache intervino y consultó a la fiscal Wittwer si realmente no conocían ese antecedente, a lo que la persecutora respondió con un no.

Fue el momento, entonces, en que la magistrada lanzó una dura advertencia a los investigadores: “Les advierto a los querellantes y al Ministerio Público que tendrán que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas. La verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando”.

El rearme de la Fiscalía

Producto de los primeros reproches hacia sus gestiones, el Ministerio Público buscó reforzar los antecedentes que tenían a la vista y se abocó a intentar responder las consultas que se habían escuchado en medio de las audiencias.

Por lo mismo, la tarde del lunes 10 el fiscal Marco Muñoz emitió una nueva orden de investigar al OS7 para que, en concreto, tomaran siete nuevas declaraciones. Era necesario recabar esos testimonios de manera urgente, pues sólo así podrían exponerlos en el momento de las réplicas.

De esta forma, durante la tarde de ese mismo día carabineros se desplegó y se constituyó en el edificio donde están ubicadas las oficinas de Vargas y Lagos, y se entrevistó con dos trabajadores del lugar: José Acevedo y Luis Fuentes.

El primero se desempeña como jefe de servicios generales del edificio, mientras que Fuentes llevaba el control de los ingresos al recinto por el estacionamiento. A ambos se les consultó si conocían y/o habían visto a Vivanco y Migueles en el lugar.

Durante la misma tarde del lunes, personal de carabineros también concurrió al edificio de calle Napoleón donde la exministra tiene un departamento. Ahí se tomaron tres declaraciones.

Más tarde, además, se entrevistaron con quien se desempeñó por años como chofer de la exjueza, Juan Carlos Lizana, a quien le consultaron si en alguna oportunidad dejó a Vivanco en las oficinas de los citados abogados. Él, como pudo conocer La Tercera, habría relatado que solía llevarla a la zona, pero porque ella frecuentaba el restorán Danubio Azul, en calle Reyes Lavalle.

Adicionalmente, durante la mañana de este martes se tomó declaración a la mujer a quien Gonzalo Migueles le encargó el cóctel que ofrecieron en la casa de Vivanco la noche del 8 de agosto de 2023.

Todos estos nuevos antecedentes llegaron a manos de la Fiscalía durante la tarde de este martes y serían expuestos durante sus réplicas. Eso sí, fuentes cercanas a las defensas aseguran que los abogados de Vargas, Lagos y Miqueles incidentarían su presentación.

La declaración de los supremos

Entre los “vacíos” planteados por intervinientes y abogados que han seguido este caso, se ha repetido lo referente a la inexistencia de las declaraciones del resto de los ministros de la Suprema que resolvieron los recursos de Belaz Movitec.

Y es que en cada una de esas determinaciones de la Tercera Sala, Vivanco no estuvo sola. Fueron diversos ministros titulares y abogados integrantes los que conformaron dicha instancia en momentos que se zanjaron requerimientos, por lo que en medio de las audiencias se ha repetido que se debe contar con sus testimonios.

Así, las defensas han concordado que les resulta más que complejo que hoy la carpeta investigativa -que suma más de 14 tomos- no cuente con dichos insumos y que el Ministerio Público no haya destinado tiempo a esas diligencias.

El abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, lo planteó así durante la audiencia de este martes: “En un año y dos meses de investigación, el Ministerio Público tiene un vacío en su indagación. No le ha tomado declaración a los ministros que integraban la sala”.

Por lo mismo, durante las próximas semanas solicitarían a la Fiscalía que ejecute dichas diligencias.

“Lo que dice el Ministerio Público es que la ministra habría fallado de esa forma porque habría sido cohechada. Esa era una sala donde había cinco ministros. ¿Por qué después de un año y dos meses no tenemos declaraciones del resto de los ministros para que nos digan el modo de actuar? Había recursos que se fallaron cinco cero", sostuvo el penalista ante los medios de prensa.

Pero él no es el único que mira con atención el desarrollo de dicha diligencia, pues de acuerdo con conocedores de la tramitación de la causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también estaría analizando requerir la declaración de los magistrados vinculados a las resoluciones en torno a Belaz Movitec.

De solicitarlo, como ha podido conocer este medio, requerirían se cite a todos los ministros y abogados que alguna vez analizaron las acciones como parte de la Tercera Sala.

Ese listado, conforme una revisión hecha por La Tercera, está integrado por Cristina Gajardo, Mario Carroza, Leonor Etcheberry, María Angélica Benavides, Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Pedro Águila, Diego Simpertigue, Ricardo Enrique Alcalde, María Teresa Letelier, Diego Munita, Eliana Quezada, Andrea Ruiz.

Indagación disciplinaria

Producto de la serie de antecedentes, este martes el Colegio de Abogados emitió una declaración condenando los hechos.

La asociación gremial calificó el caso como “grave” y sentenció que debido a estos antecedentes, se requiere “la reacción enérgica de todas las instituciones para reparar el daño en la confianza de la población en ellas y evitar la repetición de estos hechos a futuro”.

En esa línea, anunciaron indagaciones disciplinarias. La primera de ellas se relaciona con el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, quien es acusado de haber ayudado, junto con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a Gonzalo Migueles de lavar $ 45 millones que éste había recibido de parte del abogado Lagos, tras el fallo en favor de esta empresa en el que participó Vivanco.

“El presidente del Colegio de Abogados de Chile ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la orden que se encuentran involucrados en estos hechos: Mario Vargas y Yamil Najle. Lamentablemente los otros abogados que aparecen involucrados no están colegiados, por lo que este Colegio no puede ejercer sus facultades disciplinarias mientras el Congreso Nacional no apruebe la reforma constitucional que hemos promovido junto con otros colegios profesionales", dice el escrito.

Adicionalmente, anunciaron que “el Consejo General evaluará una reforma al Reglamento Disciplinario para poder imponer la suspensión de la membresía como medida cautelar dentro del proceso disciplinario” y que iniciarán “un proceso de consulta entre nuestros miembros y con los tribunales de justicia para identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional”.