Cuatro meses han pasado desde que el Conservador de Bienes Raíces de Puente, Sergio Yáber, dejó ese oficio tras ser suspendido de su cargo por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en medio del caso denominado la trama bielorrusa en el cual el abogado tendría un rol y por lo cual fue formalizado por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Pero la mañana de este viernes, según señalan fuentes de La Tercera, sorpresivamente arribó hasta el edificio de José Manuel Irarrázaval 180 en Puente Alto el hasta ahora suspendido conservador y para retomar su cargo.

Lo anterior, luego de que la Corte de San Miguel levantara la medida cautelar administrativa impuesta en su contra por su implicancia en el caso de corrupción que tiene como protagonista a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. La decisión del tribunal de alzada, a su vez, se basó en que este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió el requerimiento de la defensa de Yáber y cambió sus medidas cautelares en la causa penal.

Hasta ahora, el jefe del oficio de Puente Alto se encontraba sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total, la cual fue modificada por arraigo nacional y firma periódica en una unidad policial. Con dicha resolución, la Corte de San Miguel -que supervisa el funcionamiento de los oficios en su jurisdicción- dio luz verde para el regreso del abogado.

La decisión fue tratamitada por el Juzgado Civil de Puente Alto, el que según señalan conocedores de lo ocurrido, informó durante este jueves a Andrés Vega, quien hasta ahora se desempeñaba como suplente en ese cargo. Con dicha comunicación, Vega debió cesar su firma de los oficios propios del servicio para traspasar el cargo -de regreso- a Yáber.

Fuentes que están trabajando en el conservador confirman a La Tercera que Yáber volvió hoy a trabajar y está en las dependencias de ese oficio registral. Desde su entorno comentan que está analizando los distintos escenarios de su futuro en el conservador.

El complejo escenario de Yáber

Otra de las razones por las cuales la Corte de San Miguel levantó la medida administrativa que pesaba sobre Yáber, y que marcó su regresó, es porque el sumario que estaba abierto en su contra ya concluyó.

Este lunes 23 de marzo, según dio a conocer el medio Reportea, el tribunal de alzada revisó las conclusiones de la investigación sumaria llevadas adelante por la fiscal judicial Carla Troncoso. En esa ocasión, de manera unánime el pleno de dicha instancia decidió acoger la sugerencia de la fiscal Troncoso y abrió un cuaderno de remoción en contra de Yáber, quien con dicha resolución quedó al borde de ser removido.

En este nuevo proceso que se abre en su contra, deberá ser instruido por un juez basado en los antecedentes del sumario que se abrió en su contra. Posterior a aquello, será el pleno el que deberá votar su expulsión, en una instancia que es recurrible ante la Corte Suprema según lo estime la defensa del retornado conservador de Puente Alto.

Escenario administrativo que corre en paralelo de la situación penal de Yáber, quien fue formalizado por los delitos de lavado de activos.

Lo anterior, porque según los antecedentes del Ministerio Público, el conservador de Puente Alto habría blanqueado el dinero con que el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec habría pagado coimas a la exministra Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien transfería los recursos a Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro. Dinero que posteriormente retornaba a la cuenta de Migueles.

Complejo clima

El regreso de Sergio Yáber a su servicio habría generado gran impacto en los funcionarios de ese organismo, dado que aún dichos funcionarios atraviesan un complejo escenario por la incertidumbre que ha existido sobre ellos en materia laboral, en el futuro de sus remuneraciones y del propio trabajo que desempeñan.

Al interior de esa institución, además, existe incomodidad respecto al rol que ha tenido la Corte de San Miguel, la que debe también velar por la situación laboral de los trabajadores. Además, durante el próximo año, los sindicatos del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto deberán enfrentar una negociación colectiva.

La situación que inició con el regreso de Yáber, también ha impactado al mundo judicial, más aún porque se da a pocas semanas de que la nueva ley de notarios y conservadores se ponga en marcha, la cual estipula que oficiales de servicio que estén “acusados o condenados por crimen o simple delito” no podrán ejercer en esos cargos.