Tres años después del proceso constitucional de 2022, y en medio de un litigio en la Corte Suprema por el acceso a los correos electrónicos de la extinta Convención, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) entregó al Consejo para la Transparencia (CPLT) los informes finales que detallan la ejecución de los $ 974 millones transferidos por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para financiar la participación ciudadana y la difusión del trabajo constituyente.

De acuerdo con los documentos -uno elaborado por el propio consorcio que agrupa a todas las universidades estatales del país, en julio de 2022, y otro validado por la Segpres en agosto del mismo año-, es posible ahora conocer que se ejecutó casi un 76% del monto total asignado, es decir, exactamente $ 740.495.741. El resto, equivalente a $ 233 millones, fue devuelto al Fisco tras el cierre del convenio.

El desglose de los gastos muestra que la mayor parte de los recursos, unos $463 millones, se destinaron a campañas de difusión lideradas por la Secretaría de Comunicaciones de la Convención.

Entre los principales contratos figuran la agencia Bercz Ltda., encargada del diseño gráfico y asesoría creativa, con $ 142.800.000; la productora Zapatilla Films, con $ 74.791.500 por conceptos audiovisuales; y Warketing Ltda., que recibió más de $ 80.806.505 por el manejo de redes sociales y generación de contenidos digitales.

El 7 de junio de 2022, la mesa directiva autorizó la contratación de la imprenta Gráfica Los Andes para la impresión de cerca de 400 mil ejemplares de la Guía Práctica, un material elaborado por la Secretaría de Comunicaciones que explicó los 10 pilares más relevantes de la Nueva Propuesta de la Constitución. El costo total del servicio fue de $ 98.245.770, monto destinado a la producción y distribución de estas guías.

Parte de los fondos también fueron destinados a insertar piezas comunicacionales en medios de prensa tradicionales y digitales. Según los informes, se firmaron órdenes de compra con radios asociadas a ARCHI, diarios y medios digitales.

Otro tercio de los recursos ejecutados -$ 237.082.769- fue asignado al proceso de consulta y participación indígena. De ese monto, $ 200.085.717 fueron pagados en honorarios a 287 personas contratadas como facilitadores, coordinadores territoriales, intérpretes y sistematizadores,

El pueblo mapuche concentró la mayor parte de los recursos, con más de $ 101 millones para 143 personas, seguido por diaguitas, likanantays, aymaras y otros grupos como changos, collas, kawesqar, quechuas, rapa nui y yagan.

A ello se sumaron $ 20.608.687 en alimentación para encuentros participativos, $ 4.970.000 en difusión radial -principalmente a través de ARCHI-, $ 6.736.365 en traslados logísticos, impresiones de textos base por $ 2.481.000. El Instituto Milenio Fundamentos de los Datos estuvo a cargo de la sistematización de los insumos recogidos, mediante un contrato por $ 2.200.000.

La tercera línea de trabajo, la Secretaría de Participación Popular ejecutó $ 35.344.942. Esa cifra contempló el desarrollo de una plataforma digital por $ 6.363.600 para facilitar la presentación de propuestas ciudadanas, la contratación de 21 relatores temáticos por un total de $ 8.000.000, y una consultoría de la Universidad de Santiago para el informe de sistematización, que costó $ 12.816.000. También se financió una campaña radial nacional para dar visibilidad a los cabildos autoconvocados, mediante un contrato de $ 3.570.000 con ARCHI y Agencia Puntual.

La presidenta del CPLT, Natalia González, valora la entrega de estos antecedentes y afirma que “procesos como el constituyente exigen altos estándares de rendición de cuentas y el rol del Consejo es velar porque eso se cumpla”.

Los informes entregados al CPLT destacan que toda la rendición fue respaldada con documentos tributarios, boletas, facturas y contratos, sin observaciones por parte de la Segpres ni de la Secretaría Administrativa de la Convención.

Vale recordar que fue casi a fines de 2022 que el CPLT le pidió al CUECH la información, la que fue denegada. El argumento en ese momento fue que el Consejo no tenía las competencias para hacerlo, además de que la Ley de Transparencia no aplicaba al CUECH, que recurrió a la Corte de Apelaciones, que desestimó la acción. Así, el Consorcio luego fue a la Suprema, pero su posición también fue desestimada.